DETALLE RESOLUCIONES
RESOLUCIONES       O.P. Nº 100064404
F. V/C Nº 0002 - 00007671
Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 20196 el día 01/02/2018
N° 019 - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 



Salta, 24 de enero de 2.018



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESOLUCIÓN N° 019

VISTO
las facultades previstas en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional; Artículos 3 inciso 1°, 30, 80 y 84 de la Constitución Provincial y Artículo 28 de la Ley N° 8.053; y,

CONSIDERANDO:

Que en fecha 23/1/18, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dictó la Resolución N° 56/18 en la que realizó un análisis sobre las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo otorgadas por la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Salta en el marco de la Ley Provincial N° 7.543, y los Decretos Provinciales N° 2.211/10 y N° 3.136/11; considerando que éstas
"resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley N° 26.331 y complementarias, por modificar regresivamente y de manera relevante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos aprobado por Ley Provincial N° 7.543 y su normativa complementaria";

Que la antes transcripta manifestación de la referida autoridad nacional es -en los hechos- una declaración de invalidez o inconstitucionalidad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, contraviniendo expresamente la norma del artículo 109 de la Constitución Nacional;

Que, por lo demás, una declaración semejante implica desnaturalizar el sistema republicano de gobierno y la división de poderes, toda vez que el Poder Ejecutivo Nacional se está arrogando facultades judiciales inmiscuyéndose en asuntos de carácter netamente local;

Que al respecto, cabe recordar que en materia de recursos naturales la Constitución Nacional delimita claramente las competencias en su Artículo 124, al establecer que "
corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". De igual manera, el Artículo 41 de nuestra Carta Magna reconoce a los habitantes de la Nación el derecho a un ambiente sano, instando a las autoridades a establecer medidas para la protección de este derecho, y finalmente establece que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales";

Que en efecto, estas normas establecen la concurrencia de facultades federales y provinciales en la protección del medio ambiente, pero realizan a su vez una distinción material de esas facultades, ya que la Nación solamente podrá dictar normas que contengan "presupuestos mínimos", correspondiendo a las provincias la legislación complementaria sobre la materia. En este orden de ideas, señala María Angélica Gelli que, luego de la reforma constitucional"(...) el Congreso de la Nación puede y debe dictar la normativa ambiental mínima para todo el país, aunque su aplicación -administrativa o jurisdiccional- corresponda a los gobiernos locales" (GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, La Ley, 2.001, pág. 321).

Que esta limitación a las facultades de la Nación tiene su fundamento en el principio establecido en el Artículo 121 de la Constitución, y en el Artículo 124 que establece el dominio de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. Como consecuencia lógica de esto, las provincias gozan de la facultad de reglar todo aquello que no sea "presupuestos mínimos". En efecto, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, constituyendo pilar fundamental del esquema de deslinde de competencias trazado por la Constitución Nacional. Sobre este punto, la Corte Suprema ha dicho que de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional,
"los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (Art. 121 C.N.), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos" (Fallos 304: 1186, entre muchos otros). Asimismo, el Alto Tribunal sostuvo que los actos de la Legislatura de una Provincia, no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias; o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas; fuera de cuyos casos, es incuestionable que las Provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso" ("Domingo Mendoza y otro c. Provincia de San Luis", cons. 2);

Que, por su parte la Constitución Provincial en su Artículo 3 inciso 1º, establece que a los poderes públicos corresponde: ejercer los derechos y competencias no delegadas al gobierno federal, para hacer plenamente efectivo el sistema federal adoptado en la Constitución Nacional;

Que la Resolución N° 56/18 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, vulnera la seguridad jurídica, ya que autorizada doctrina ha dicho al respecto que "
En términos generales, hay seguridad jurídica cuando el sistema ha sido regularmente establecido en términos iguales para todos, mediante leyes susceptibles de ser conocidas, que solo se aplican a conductas posteriores, que son claras, y que son dictadas adecuadamente por quien está investido de facultades para hacerlo"; (Alterini, Atilio Aníbal, La seguridad jurídica, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1.993);

Que, cabe recordar que la Provincia de Salta resultó pionera en el país al legislar sobre principios de política ambiental en miras a la protección de sus recursos naturales, habiendo sancionado la Ley N° 7.070 de Protección de Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 3.097 en el año 2.000; precediendo éstos instrumentos a la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales Nacional;

Que en ese marco, en ejercicio de facultades no delegadas a la Nación y del dominio originario sobre sus recursos naturales (Artículo 124 de la Constitución Nacional y Artículos 84 y 85 de la Constitución Provincial) la Provincia estableció, a través de la Ley N° 7.543, las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, en concordancia con lo previsto en el Artículo 6° de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos;

Que la finalidad de la ley fue la de promover el aprovechamiento racional, la conservación, el manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos, armonizando el desarrollo económico social y ambiental de la Provincia de Salta, en beneficio de las generaciones actuales y futuras (artículo 2);

Que por su parte, a través del Decreto N° 2.785/09 (B.O. 13/7/09), reglamentario de la citada ley, se aprobó el soporte cartográfico para la delimitación de las áreas que corresponden a las diferentes categorías de conservación previstas en el Artículo 5 de la ley; soporte que es un instrumento de orientación y referencia elaborado a una escala de uno en doscientos cincuenta mil (1:250.000) mediante la ponderación integrada de los criterios e indicadores de sustentabilidad ambiental de los Artículos 3° y 7° de la Ley N° 7.543;

Que tal como surge del Artículo 17 de la Ley N° 7.543, ésta delimitación cartográfica a escala predial es de carácter orientativa y debía ser objeto de definición, en todos los casos, en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades permitidas para cada categoría bajo el procedimiento de la Ley N° 7.070;

Que por otra parte, mediante el Decreto N° 2.211/10 -luego modificado por Decreto N° 3136/11- se aprobó el procedimiento para el análisis de proyectos a escala predial, al que debían ajustarse todos aquéllos destinados a la organización, administración, usos o cambios de usos de las tierras con bosques nativos que la norma clasificó en: (i) Conservación de los Bosques Nativos; (ii) Manejo Sostenible de los Bosques Nativos; y (iii) Cambio de Uso del Suelo. Éste procedimiento fue el resultado de un proceso participativo con representantes de los distintos sectores vinculados a la temática, y en el que se ponderaron los criterios e indicadores de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley N° 7.543;

Que, en efecto, los Ordenamientos Territoriales son procesos dinámicos, que se ven enriquecidos con nuevos aportes, conocimientos y tecnologías, a partir de los cuales se puede mejorar el aprovechamiento de la oferta ambiental del territorio;

Que por ello, la normativa provincial preveía, como se ha señalado, la posibilidad de ajuste de categoría o recategorización predial, que podía promoverse de oficio por la autoridad de aplicación, o a solicitud de parte interesada, conforme el procedimiento administrativo de Normas Técnicas de naturaleza ambiental establecido en el Capítulo V del Título III de la Ley N° 7.070;

Que, tal como reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
"Salas, Dino y otros c/Provincia de Salta y Estado Nacional s/amparo" (S. 1144. XLIV, sentencia del 13 de diciembre de 2.011) el Estado Provincial "en ejercicio de la jurisdicción local en la materia y del dominio originario de sus recursos naturales (artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional), ha desarrollado políticas públicas ambientales tendientes a instaurar un régimen tuitivo en lo que concierne a la protección de los bosques nativos existentes en su territorio y destacó en tal sentido la sanción de la Ley N° 7.543 y del Decreto Reglamentario N° 2.785/2.009;

Que el Supremo Tribunal de la Nación también reconoció que corresponde a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido (Artículo 41, tercer párrafo, de la Constitución Nacional; Fallos: 318:992, considerando 7o, Fallos: 329:2280);

Que las recategorizaciones prediales aprobadas en el marco de la normativa provincial descripta, fueron calificadas como
"regresivas del propio ordenamiento territorial de los bosques nativos aprobado por la Provincia de Salta" por la Resolución N° 56/18;

Que las resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto, según se expresara anteriormente;

Que, no obstante ello y reafirmando que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación carece de facultades para analizar la validez de los actos administrativos dictados por la autoridad local de conformidad a la normativa vigente en la materia, toda vez que la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente de Nación podría generar confusión e incertidumbre sobre la situación de los permisos oportunamente otorgados, correspondería poner en conocimiento a los titulares de las autorizaciones individualizados en el anexo de la Resolución respecto del dictado del acto administrativo referido;

Que en el mismo sentido, y a fin de garantizar los derechos de los particulares beneficiarios de los permisos, correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas;

Que todo ello, y sin perjuicio de las acciones que la Provincia considere oportuno adoptar a los fines de preservar la autonomía provincial y resguardar los poderes no delegados al gobierno nacional;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, ha tomado la intervención que le compete;

Por ello,

LA MINISTRA DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo que se individualizan en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de este Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

ARTÍCULO 3°. - Registrar, comunicar, notificar y archivar.



Bibini



VER ANEXO



 
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A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.