DETALLE RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS
RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS       O.P. Nº 100069317
R. S/C Nº 100008293
Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 20386 el día 15/11/2018
MINISTERIO PÚBLICO DE SALTA - PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA - N° 787/18. 



SALTA, 8  de noviembre de 2018

PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

RESOLUCIÓN Nº 787



              VISTA:

                  La Resolución Nº 68/09 de esta Procuración General; y

              CONSIDERANDO:

Que en el punto 1 de la Resolución de referencia se dejó establecido que una Secretaria Relatora afectada a la Procuración General cumplirá asistencia en materia medioambiental y defensa de intereses difusos, para un mejor cumplimiento de las funciones establecidas en el art. 32 de la ley 7328 ("LOMPS").

Que enmarcadas en el art. 19 del Reglamento General del Ministerio Público, entre las funciones especificas encomendadas a dicha Secretaria, ésta debe formular proyecto de dictámenes, confeccionar sumarios de doctrina, cotejar dictámenes fiscales en salvaguarda del principio de unidad de actuación, asistir a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que le formulen consultas en temas de su especialidad, recopilar antecedentes que puedan servir de base al ejercicio de las atribuciones que el art. 32 de la LOMPS y formular proyectos de presentaciones judiciales y administrativas.

Que la materia de intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, referida a aquellas situaciones en que existe un conflicto de derechos que alcanzan el interés de un grupo o clase de personas más o menos determinado y afectadas en común, ha crecido de manera exponencial en los últimos años, en gran parte producto del impacto de los tratados y convenciones sobre derechos humanos incorporados por la via de los arts. 75 inc. 22 y 43 de la Constitución Nacional y las reformas normativas como la operada por la Ley nacional 26.994 que sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que trata los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, asi como de muchas otras normas como la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Victimas de Delitos, la Ley 27.360 sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Ley 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.743 del Derecho a la identidad de género de las personas, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, la Ley 25.871 de Política Migratoria, la Ley 25.675 General del Ambiente, Ley 26.657 del Derecho a la Protección de la Salud Mental, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 25.280 de Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la Ley 24.240 de Protección de los Consumidores y Usuarios, la Ley Nº 24.071 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios, la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y, puntualmente, en la Provincia, por la sanción de la Ley 7968 que creó el Registro Provincial de Procesos Colectivos.

Que el constituyente salteño, al dictar el actual art. 91 explicó que "debe quedar firmemente establecido que lo que estamos imponiendo aqui es en principio una legitimación procesal judicial [...] que establece esta posibilidad de garantizar sobre todo los derechos sociales, es decir aquellos que trascienden en lo individual, como puede ser lo referido al medio ambiente, la ecología, los derechos del consumidor, o a valores culturales como la preservación del patrimonio arquitectónico". Asimismo, se expuso en esa convención constituyente que "A estos derechos se los califica de intereses difusos o fragmentarios -según explican Cappelletti y Garth ('Acceso a la justicia, págs. 34/5'), por los problemas principales que se presentan a causa de su 'amplitud'- dado porque nadie tiene individualmente derecho a demandar la violación de un interés colectivo, o porque el daño sufrido por cada uno es demasiado pequeño para inducirlo a litigar". Más adelante los convencionales concluyen que "Su aprobación en el nuevo texto constitucional tiene el significado de insertar en el máximo nivel de la pirámide jurídica uno de los temas más palpitantes, derecho contemporáneo que manifiesta una especial inquietud por garantizar un efectivo acceso a la justicia. Queda abierta asi la posibilidad de regular no solamente esos novedosos aspectos en las futuras leyes sino también los que ahora solo se mencionan de incentivar el recurso del arbitraje y la promoción de las instancias conciliadoras" (Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Salta, 10a. a 13a. reunión, tomo 3, pág. 652 y Apéndice 4 "Protección de los intereses difusos", págs. 695/696).

Que también influyó en el desarrollo de la materia la jurisprudencia pronunciada por la Corte de Justicia de Salta en cuantiosos conflictos colectivos como los casos "Barrancos" (Tomo 35:621/634), "Fabroni" (Tomo 95:1021/1034), "Paiva" (Tomo 105:231/250), "CO. DEL. CO. " (Tomo 106:907/922), "Thomas" (Tomo 117:233/258), "U.S.A.C." (Tomo 120:785/8 02), "Jiménez" (Tomo 144:77/88), "Iriarte" (Tomo 148:353/378), "Sierra Espeche" (Tomo 160: 627/660), "Consumidores Argentinos" (Tomo 155:651/664 y 17 6:973/998), "Briones" (Tomo 189:865/878), "Quevedo" (Tomo 167:2 35/264), "Ulloa" (Tomo 177:901/916), "Castillo" (Tomo 177: 851/894), "Forestadora" (Tomo 178:1033/1040), "Bellini" (Tomo 180:837/846), "Defensora Civil N°4" (Tomo 187:787/816), "Zaindemberg" (Tomo 195:1013/1050), "Mercado" (Tomo 191: 4 59/504), "Sisnero" (Tomo 197:102 9/1098), "Torres" (Tomo 199:1059/10 68), "Procurador General" (Tomo 201:895/900), "Fiscal de Menores Nº 2" (Tomo 198:1039/1092), "Álvarez" (Tomo 201:1005/1030) y "Cogno" (Tomo 212:985/998),  entre muchos otros antecedentes judiciales.

Qué asimismo, la práctica tribunalicia y administrativa local ha puesto de relieve el aspecto colectivo de los asuntos ambientales, consumeriles y de grupos vulnerables, y lo han situado como una pieza fundamental del proceso de democratización del acceso a justicia, siendo un pequeño ejemplo de ello los convenios ratificados por los Decretos provinciales Nros. 671/11, 1430/11 y 2313/14.

Que la Constitución Nacional colocó en cabeza del Ministerio Público, como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República (art. 120) y, en el mismo sentido, la Constitución de Salta le otorga atribuciones y deberes de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, intervenir en toda causa judicial en que esté interesado el orden público y accionar en defensa y protección de los intereses difusos (art. 166).

Que "De ese modo, la reforma constitucional otorgó protección a los intereses denominados difusos o colectivos, o de pertenencia difusa, a los que denomina 'derechos de incidencia colectiva' (cfr. Bidart Campos, 'Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino', T. IV, La Reforma Constitucional de 1994, seg. Reimpresión, Ediar, pág. 318). El interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o supraindividual, ha sido caracterizado como aquel que no pertenece a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector de personas que conviven en un ambiente o situación común. Es decir, se trata de un bien que pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 20/09/2005, autos "Damnificados Financieros Asociación Civil c. Siembra A.F.J.P. y otros", publicado en LA LEY 14/06/2006, 6 y LA LEY 2006-C, 848).

Que como explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación "la ampliación del universo de los sujetos legitimados para accionar tras la reforma constitucional de 1994 [...] no se ha dado para la defensa de todo derecho, sino como medio para proteger derechos de incidencia colectiva [...] Estos derechos supraindividuales o colectivos pueden caracterizarse como aquellos que, teniendo por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, presentan como objeto de tutela una pretensión general de uso o goce de un bien jurídico insusceptible de fragmentación en cabeza de cada reclamante, desde que tienen ante codo un carácter impersonal. Estos se hallan en una especie de comunión tipificada por el hecho de que la satisfacción de uno solo implica, por fuerza, la satisfacción de todos, asi como la lesión de uno solo constituye, ipso facto, lesión a la entera comunidad (conf. José Carlos Barbosa Moreira, La legitimación para la defensa de los intereses difusos en el derecho brasileño', Revista Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, Nº 34, 1983, La Plata, págs. 61 y sgtes.). En estos supuestos el antiguo ideal de la iniciativa procesal monopolisticamente centralizada en manos del único sujeto a quien el derecho subjetivo 'pertenece' se demuestra impotente frente a los derechos que pertenecen', al mismo tiempo, a todos y a ninguno. Es por esta razón que cuando el valor en juego es lo colectivo, debe existir la posibilidad de construir nuevos tipos de tutela (conf. Mauro Cappelletti, Formaciones sociales frente a la justicia civil, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año XI, Números 31-32, Enero- Agosto de 1978, pags, 7 y sgtes; Vindicating the Public Interest Through the Courts: A Comparativistfs Contribution, Buffalo Law Review, Vol. 25, págs. 643 y sgtes.). Precisamente en la búsqueda de estos nuevos tipos de tutela es que el constituyente previo una legitimación anómala, extraordinaria, diferente de la general, que, como se ha expresado, se caracteriza por la circunstancia de que resulta habilitado para intervenir en el proceso un sujeto que no es el titular de la relación jurídica sustancial controvertida en el pleito" (en autos "Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional", 26/06/2007, publicado en LA LEY 25/07/2007, 11 - DJ2007-II, 1056 - LA LEY2007-E, 145 - LA LEY 11/10/2007) .

Que en los autos "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.386", en fallo fechado 24 de febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delineado expresamente figura de la "acción colectiva" ante la advertencia de la ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia y la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos, y expone que "En referencia también a los derechos e intereses de los consumidores, el ordenamiento legal de Brasil prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en forma individual o a titulo colectivo. La normativa autoriza la defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza indivisible de que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias reales; los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre si o con la parte contraria por una relación jurídica base; y los intereses o derechos individuales homogéneos, por los que se entienden los resultantes de origen común (arts. 81, 91 y ss. del Código de Defensa del Consumidor, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990)".

Que conforme el citado precedente “Halabi” (CSJN, Fallos 332:111) y expuesto en forma sencilla, vemos que esta acción colectiva puede correr por los carriles del amparo o por los procedimientos específicamente establecidos por las normas rituales como en los casos del derecho ambiental y del consumo o recurrir, genéricamente, al proceso de conocimiento, haciendo valer la pretensión de evitar un perjuicio común a muchas personas o procurar un beneficio o reparación para todo un grupo. Además, estos casos plurales se pueden referir a un bien que no le pertenece a alguien de manera individual sino a todo el grupo colectivamente (como el medio ambiente), o bien pueden dirigirse a derechos que en la base si son individuales, pero que se dan de una manera tan idéntica respecto de todos los de un grupo, que resulta razonable o constitucionalmente imperativo reclamar de una sola vez, para lograr una sola sentencia que resuelva la situación de toda la clase (por ejemplo, grupos de usuarios o consumidores o grupos de sujetos discriminados, de sujetos vulnerables, también los grupos de afectados ambientales, etc.).

Que, asimismo, caracteriza a estos casos colectivos la complejidad probatoria. Al respecto, la Corte de Justicia local sostuvo al abordar un proceso de amparo de consumo que "Deviene importante reflexionar acerca del objeto de la acción impetrada y de la necesidad de no desvirtuar este instituto ni ampliar desmesuradamente su ámbito de aplicación. No puede desconocerse que se trata de un complejo caso con distintas aristas procesales y sustanciales, planteado en un proceso sumamente abreviado y limitado en las oportunidades de defensa, debate y discusión. Por otra parte, el análisis exhaustivo y profundo que amerita la cuestión, vinculada a una sensible temática como es la relativa a la prestación de servicios públicos, excede ampliamente las posibilidades de adecuada resolución dentro de los restrictivos límites del amparo, en razón de su estrecha vinculación con diferentes aspectos técnicos, cuya determinación exige pruebas especificas de imposible producción y valoración en este tipo de proceso" ("USAC", Tomo 120:785/802).

Que también se ha caracterizado la acción colectiva pública al analizar la legitimación fiscal colectiva local. La Corte de Justicia de Salta en su oportunidad ha expresado que "De conformidad con las atribuciones y deberes reconocidos constitucionalmente al Ministerio Público en sus tres ramas (fiscal, de la defensa y pupilar), corresponde a éste promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación y accionar en defensa y protección de los intereses difusos (cfr. art. 166, incs. a, e y f, Const. Prov.) Ese genérico marco competencial, adquiere especificidad en la Ley Orgánica del Ministerio Público -7328-, de acuerdo con la remisión que hace el propio texto constitucional (art. 164, segundo párrafo, Const. Prov.), en virtud de la cual, compete al Ministerio Público Fiscal la interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa de la constitucionalidad, como fundamento, entre otros, del ordenamiento de la Provincia y los intereses difusos, asi como visitar las cárceles y establecimientos de internación y policiales de Salta, a fin de verificar el efectivo respeto a los derechos humanos, estando obligados los y las fiscales a promover en forma inmediata las acciones que correspondan en sede judicial o administrativa, según las infracciones que adviertan (cfr. arts. 10 y 45, inc. 3ro., ley 7328)" (Causa “Acción de hábeas corpus colectiva presentada por la Sra. Defensora Oficial Civil Nº 4, Dra. Natalia Buira - Hábeas Corpus - Recurso de Apelación", sentencia del 06/05/14, registrada en el Tomo 187:787).

Que en otro precedente de la Corte local se expone que "Por lo demás, en relación con este punto sólo resta agregar que la legitimación antes referida, reconocida de manera general a todos/as los/as representantes del Ministerio Público Fiscal, cualquiera sea la instancia ante la cual intervengan, no se opone a la previsión contenida en el art. 32, inc. 2, de la ley 7328, respecte de las funciones que le competen al Procurador General de la Provincia en relación con la defensa de los intereses difusos. Pues, no surge de la literalidad ni de una interpretación armónica de la norma que la atribución legal de promover acciones en defensa de los intereses difusos lo sea en forma exclusiva y excluyente. Lectura que -además- se ajusta a la actuación conjunta que al Procurador General le es conferida en los términos del inc. 9 del art. 32 en cuestión" (en autos caratulados "FISCAL PENAL DE MENORES N° 2, DRA. CAROLINA HERNÁNDEZ - HÁBEAS CORPUS - RECURSO DE APELACIÓN", sentencia del 29 de julio de 2015, registrada en Tomo 198:1039/1092, voto de la Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli).

Que ya refiriéndose a la legitimación colectiva fiscal en concreto, podemos recordar que en el art. 10 de la ley 7328 se recoge las enseñanzas del IV Congreso Internacional del Ministerio Público, sostenidas en las conclusiones de la Posición Institucional del Ministerio Público y su Organización en los Estados Americanos, en el sentido que "El Ministerio Público es el órgano judicial de la acción pública, y al ejercitarla, ejerce funciones de ese carácter". En este orden, Reimundín ha reconocido que "Cabe agregar que tanto la acción penal pública como la acción civil pública constituyen ambas un  presupuesto para el ejercicio de la jurisdicción y ambas representan para el Ministerio Público del cumplimiento de un deber', un público deber. En las dos hipótesis, es decir en las dos ramas del proceso, civil y penal, el Ministerio Público impulsa la actividad jurisdiccional por motivos de orden público y de ahí que la acción sea siempre 'pública' por su materia y por agente" (Reimundin, Ricardo, Los conceptos de pretensión y acción en la doctrina actual", Zavalia, BsAs., 1966, pags. 93/95). Asimismo, "Autores de solvencia reconocida, como Spota y también Borda, son contestes en indicar que el Ministerio Público tiene el deber de intentar la acción civil cuando medie en la litis una cuestión de interés público o social" (cit. en Frezze A.J., Régimen del Ministerio Público: Presente y Futuro; Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta; 1996; pags. 94/100).

Que además, como ya se ha dicho, un problema central de los casos colectivos es la producción de la prueba (como por ejemplo ha analizado la Corte local en Tomo 167:235/264, "Quevedo") la cual, por su complejidad, costos o ausencia de incentivos económicos de las normas que regulan su litigación, operan como obstáculos para el acceso a la justicia. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal puede realizar un aporte sustancial a la solución de la conflictividad colectiva, por intermedio de la obligación a prestarle toda colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones que tienen los poderes públicos de la provincia, ello de acuerdo al art. 168 de la Constitución Provincial y sin dejar de tener en vista la que puede suministrarle la tarea de su propio Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Que en consecuencia, los cometidos, funciones y capacidades fiscales precedentemente reseñadas, revisten esencial trascendencia y, debido a su amplitud, especificidad e importancia, demandan la intervención coadyuvante de profesionales altamente calificados en las materias, resultando, desde ese punto de vista, conveniente que las relatorias sean orientadas a una especialización por áreas, lo que permitirá formar un cuadro de objetivos para cada uno de los funcionarios y delimitar sus responsabilidades.

Por ello,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA,

RESUELVE:

1. CREAR en la órbita de la Procuración General de la Provincia de Salta la Unidad Auxiliar de Asuntos Fiscales de Incidencia Colectiva (UAAFIC), cuyos miembros cumplirán las funciones en materia medioambiental y defensa de intereses difusos establecidas mediante la Resolución Nº 6710/09 del Colegio de Gobierno y Nº 68/09 de esta Procuración General, y las demás establecidas en la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

2. ESTABLECER que la UAAFIC se integrará de las siguientes Secretarías de asistencia fiscal:

a) Secretaría  de  derecho  ambiental,   urbanístico  y patrimonio cultural;

b) Secretaría de derecho del consumidor y usuario, salud e información pública; y

c) Secretaría de grupos vulnerables y medidas antidiscriminatorias.

3. DETERMINAR que la UAAFIC estará bajo la coordinación de la Secretaría Relatora Ambiental y de Intereses Difusos de la Procuración General de la Provincia.

4. INDICAR como especiales responsabilidades de los funcionarios que se desempeñarán en las Secretarías mencionadas en el punto 2, sin perjuicio de las funciones previstas en el Reglamento General del Ministerio Público, las siguientes tareas:

I. Funciones Comunes:

a) Atender al público con fines de asesoramiento en las materias de su especialidad, debiendo en caso de tomar conocimiento de un asunto civil colectivo, confeccionar la respectiva acta y ponerla a consideración del Procurador General del Provincia. En caso de asuntos de otras materias la intervención tendrá meramente fines informativos y redirección a las áreas pertinentes.

b) Formular proyectos de dictámenes, demandas civiles públicas colectivas, escritos, reclamos, recursos y demás presentaciones judiciales y extrajudiciales propias de la actuación del Procurador General de la Provincia, o los que éste les requiriera como auxilio técnico para otras fiscalías en el marco de sus competencias.

c) Asistir a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que le formulen consultas y en su actuación en audiencias por asuntos de su especialidad, conforme le indique el Procurador General de la Provincia.

d) Verificar el ingreso y novedades suscitadas en las causas inscriptas en 'los Registros Públicos de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de la Nación y la Corte de Justicia local, atinentes a los intereses generales de la comunidad de la provincia de Salta.

II. Funciones de la Secretaría Ambiental, Urbanistica y de Patrimonio Cultural:

a) Tendrá a su cargo la recopilación de todos los antecedentes que puedan servir de base al ejercicio de las atribuciones que el art. 32 de la ley 7328 para la protección ambiental, urbanistica y del patrimonio cultural.

b) Ejecutar los programas de atención a afectados o victimas y/o de prevención de problemáticas de su especialidad establecidos por la Procuración General de la Provincia.

c) Formular proyectos de presentaciones judiciales y administrativas relacionadas a la materia de su competencia.

d) Asistir a los Fiscales de todos los fueros e instancias en asuntos de su competencia, conforme determine el Procurador General de la Provincia.

e) Elaborar la doctrina de los dictámenes fiscales en asuntos de su competencia, a efectos de su organización y publicidad.

III. Funciones de la Secretaría del Consumidor y Usuario, Salud e Información Pública:

a) Tendrá a su cargo la recopilación de todos los antecedentes que puedan servir de base al ejercicio de las atribuciones que el art. 32 de la ley 7328 para la protección de consumidores y usuarios y el cumplimiento de las normas de acceso a la información pública y salud pública.

b) Ejecutar los programas de atención a afectados o victimas y/o de prevención de problemáticas de su especialidad establecidos por la Procuración General de la Provincia.

c) Formular proyectos de presentaciones judiciales y administrativas relacionadas a la materia de su competencia.

d) Asistir a los Fiscales de todos los fueros e instancias en asuntos de su competencia, conforme determine el Procurador General de la Provincia.

e) Elaborar la doctrina de los dictámenes fiscales en asuntos de su competencia, a efectos de su organización y publicidad.

IV. Funciones de la Secretaria de Grupos Vulnerables y Medidas Antidiscriminatorias:

a) Tendrá a su cargo la recopilación de todos los antecedentes que puedan servir de base al ejercicio de las atribuciones que el art. 32 de la ley 7328 indica para la protección de los derechos de las personas que se consideran en condición de vulnerabilidad, entendidas como aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades de acceso a la justicia. Asimismo, atenderá dichas atribuciones en referencia al derecho antidiscriminatorio vigente.

b) Ejecutar los programas de atención a afectados o victimas y/o de prevención de problemáticas de su especialidad establecidos por la Procuración General de la Provincia.

c) Formular proyectos de presentaciones judiciales y administrativas relacionadas a la materia grupos vulnerables, tales como: 1. Niños, niñas y adolescentes; 2. Discapacitados; 3. Miembros de pueblos y comunidades indígenas; 4. Víctimas del Delito; 5. Migrantes y desplazados internos; 6. Pobres; 7. Mujeres; 8. Sujetos pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, sexuales, religiosas o lingüisticas; 9. Adultos Mayores; y 10. Privados de libertad.

d) Asistir a los Fiscales de todos los fueros e instancias en asuntos de su competencia, conforme determine el Procurador General de la Provincia.

e) Elaborar la doctrina de los dictámenes fiscales en asuntos de su competencia, a efectos de su organización y publicidad.

5. MANDAR se registre, publique en el Boletín Oficial, notifique y archive.



Pablo López Viñals, PROCURADOR GENERAL - Maria de los Milagros Wards, SECRETARIA LETRADA



 
Sin cargo            e)15/11/2018 

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A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.