DETALLE DEL DECRETO Nº 864/19
Nº de Decreto 864/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE LA PRIMERA INFANCIA 
Modifica a  
Modificada por  
Derogada por  
Referencia  
Título RECHAZA RECURSO JERÁRQUICO. SRA. CELIA MILAGRO AGUIRRE. 
Nº Boletín 20531 
Fecha de Sanción 24/06/2019 
Fecha de Publicación 27/06/2019 
Descripción



SALTA, 24 de Junio de 2019

DECRETO Nº 864

MINISTERIO DE LA PRIMERA INFANCIA

Expediente Nº 1070376-170379/2016-0

VISTO el recurso jerárquico interpuesto por la señora Celia Milagro Aguirre en contra la Resolución N° 156/2018 del Ministerio de la Primera Infancia; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 69/71 obra dictamen de la Fiscalía de Estado, en relación al recurso jerárquico interpuesto como apelación por la Sra. Aguirre, en contra de la Resolución N° 156/2018 del Ministerio de la Primera Infancia (fs. 67);

Que mediante el mencionado acto administrativo (fs. 51/52), se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Aguirre (fs. 34/37) en contra de la Resolución Ministerial N° 135/2018 (fs. 32/33);

Que, a través este de último acto, se rechazó el pedido de pago del beneficio “Reconocimiento por Servicios Prestados”, previsto en el Decreto N° 4955/08 y en las Resoluciones Ministeriales N° 3DC/11, N° 112DC/11 y Nº 414DC/13, interpuesto por la recurrente;

Que preliminarmente, la Fiscalía de Estado precisa que el artículo 179 de la Ley N° 5.348 - Ley de Procedimientos Administrativos -, al referirse al recurso jerárquico limita la materia recurrible a las declaraciones definitivas, es decir, aquellas que resuelvan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto;

Que el mismo artículo, establece como requisito, a más de los mencionados en el artículo 174, la interposición previa del recurso de revocatoria o reconsideración. En efecto, la norma en cuestión establece: “… Para su interposición (…) es requisito previo haber interpuesto el de revocatoria o reconsideración y que éste haya sido denegado o rechazado…”;

Que a su vez la Ley de Procedimientos Administrativos prevé al recurso de apelación ante el superior jerárquico inmediato (art. 182 Ley N° 5.348), y siendo el Gobernador de la Provincia la máxima autoridad Ejecutiva, corresponde calificar la impugnación deducida a fs. 54/57 como recurso jerárquico y que así se analice;

Qué, asimismo y aun cuando la recurrente incoa su impugnación en contra de la Resolución N° 135/2018, de la lectura de su libelo, puede apreciarse que la réplica se dirige en contra de la Resolución N° 156/2018 del Ministerio de la Primera Infancia. Ello, por aplicación del informalismo a favor del administrado (arts. 143 y 144 de la Ley N° 5.348), según el cual corresponde a la Administración encuadrar y calificar correctamente las peticiones de los particulares;

Que en su escrito recursivo (fs. 54/57), la señora Aguirre sostuvo que el único fundamento de la resolución cuestionada para denegar el pago residió en que el inicio del trámite a efectos de obtener el beneficio fue que la agente contaba con una edad de 69 años y 01 mes y con una antigüedad laboral de 30 años y 05 meses, con lo cual se encontraría fuera del plazo establecido por el artículo 1° inciso b), noveno párrafo del Decreto N° 4955/08 conforme la resolución cuestionada;

Que señaló, que la circunstancia de la edad de 69 años, 01 mes que poseía al momento de solicitar su beneficio, no debe considerarse aislada, por cuanto no se cumplen los requisitos para acceder al citado beneficio solo con la edad legal, sino que además se requiere la concurrencia de los años de aporte;

Qué, asimismo manifiesta que el computo de la antigüedad a los efectos de la consideración respecto al beneficio (emolumento), no resulta acertado, puesto que no se hallaría excedida en cinco (5) meses, ya que ese fue el tiempo que ANSeS, por burocracia y complicaciones internas, habría dilatado los tramites, circunstancia esta ajena a su predisposición;

Que aduce, que la fecha tomada por la administración, a los efectos del cómputo de los plazos para el otorgamiento del beneficio, sería errónea, pues se tomó la fecha 07/09/2016 (fecha en que la ANSeS otorgó el turno), mientras que la fecha a tener en cuenta, según manifiesta, debe ser el día 05/08/2016, momento en el que se inició el trámite;

Que finalmente, solicitó se deje sin efecto y se revoque la resolución cuestionada, y ofreció prueba;

Que corresponde señalar, que el emolumento en cuestión fue creado por el artículo 1, inciso b), último párrafo del Decreto N° 4.955/2008, norma que estableció que el beneficio se otorgaría a aquellos agentes “que reúnan los requisitos necesarios para acogerse al régimen de la jubilación ordinaria a partir de la entrada en vigencia del presente y que certifiquen fehacientemente que inician el correspondiente trámite ante la ANSeS dentro del plazo estipulado en el artículo 1° del Decreto N° 1.571/00”;

Que, además supeditó el pago de la suma allí referida al cumplimiento de lo establecido en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 1.571/00, conforme la reglamentación que establezcan de manera conjunta el ex Ministerio de Finanzas y Obras Publicas y la Secretaría General de la Gobernación;

Que por su parte el artículo 1° del Decreto N° 1.571/00 estableció en lo pertinente, que los empleados estatales que se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación ordinaria deberán, dentro de los veinte días hábiles, dar comienzo a los trámites para el otorgamiento de la jubilación, y que el mismo plazo regirá para aquellos agentes que fuesen intimados a ello de oficio por la Administración;

Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo 3° de la Resolución N° 414DC/2.013 - que sustituyó al artículo 4°, inciso b) de la Resolución N° 3DC/2.011 -, fijó el procedimiento a cumplir por los agentes para acogerse al beneficio, indicando para ello: “Los agentes que cumplan con los requisitos establecidos por el Decreto N° 4955/08 y por la presente Resolución Conjunta, para poder acceder al beneficio de la Asignación Extraordinaria denominada “Reconocimiento por Servicios Prestados”, deberán seguir el procedimiento establecido por el citado artículo 3°;

Que, en ese marco, de las presentes actuaciones (fs. 02) surge que la señora Aguirre inició los trámites para acogerse al beneficio jubilatorio en fecha 05 de agosto de 2016, momento en el cual contaba con una edad de 69 años, 11 meses y 2 días (fs. 03), y una antigüedad de 29 años, 11 meses y días de servicio; mientras que la ANSeS le otorgó turno para el día 07 de septiembre del mismo año, luego reprogramado conforme constancias de fojas 06/07. Con lo cual cumplió con el requisito establecido en el artículo 3° inciso a) de la Resolución N° 414DC/13 que prescribe iniciar el trámite jubilatorio dentro de los 20 días hábiles de encontrarse en condiciones de obtener la jubilación ordinaria;

Que, sin embargo, no cumplió en tiempo y forma con lo establecido por el artículo 3° inciso b) de la referida Resolución N° 414DC/14, relativo a la presentación de la constancia de iniciación del trámite jubilatorio ante la oficina de Personal en el organismo en que se desempeña en el plazo de 20 días, tal y como surge de fs. 07 de autos, en donde se aprecia que la caratulación del trámite previsional y la fecha de turno se efectivizaron el día 9 de noviembre de 2016, y su presentación ante el organismo en cuestión se hizo en fecha 28 de diciembre de 2016, es decir, más de 10 diez días después de la fecha correcta;

Que, por otra parte, la impugnante presentó su renuncia ante el Programa de Gestión y Supervisión CDI, el día 21 de febrero de 2017 (ver fs. 09), y fue notificada del acuerdo de la prestación, el día 17 de febrero de 2017, con lo cual corresponde tener por cumplido el plazo de dos días para presentar su renuncia ante el Organismo en que prestaba servicios (art. 3° inciso c) de la Resolución N° 414DC/13;

Que finalmente, de conformidad con la copia de la Resolución N° 269D/17 (fs. 14/15), fechada el 27 de abril de 2017, el Ministerio de la Primera Infancia aceptó la renuncia de la señora Aguirre a su cargo, con vigencia al 21 de febrero de 2017, mientras que la respectiva notificación al recurrente fue efectivizada el día 04 de mayo de 2017 (fs. 13);

Que a partir de este momento inició el computo del plazo de 20 días hábiles, en el que la ya ex agente debía solicitar el pago de reconocimiento de servicios. Sin embargo, formuló tal solicitud el día 10 de agosto de 2016; es decir en forma prematura y anticipada a las disposiciones del artículo 3° inciso c) penúltimo párrafo de la Resolución N° 414DC/13, que establece para su cumplimiento el plazo de 20 días a partir de la notificación de la resolución que acepta la renuncia;

Que en principio y de conformidad con el artículo 3° de la Resolución N° 414DC/13 - último párrafo, que estipula que el incumplimiento de alguna de las exigencias establecidas en esa normativa “… producirá la caducidad del derecho a su percepción”, correspondería el rechazo de la petición pues la misma fue formulada en forma anticipada;

Que, ahora bien, la Ley N° 5.348 (Procedimientos Administrativos) denomina a la caducidad como “la extinción de un acto o de un contrato administrativo dispuesta en virtud de incumplimiento grave, referido a obligaciones esenciales impuestas por el ordenamiento jurídico en razón del acto, o por cláusulas contractuales, e imputable a culpa o negligencia del administrado o cocontratante;

Que también se dijo de la caducidad, que: “es la extinción de un acto dispuesta por la administración en virtud del incumplimiento grave y culpable, por parte del particular, a las obligaciones que el acto le creaba. Es pues una pena administrativa”, “una sanción máxima por el incumplimiento, por lo que su procedencia es limitada fuertemente: debe tratarse de incumplimiento a obligaciones esenciales del particular, no de obligaciones menores”;

Que, con relación a ello, de las presentes actuaciones surge que la recurrente formuló su petición con anterioridad al plazo legal establecido, constituyendo ello un incumplimiento de menor entidad, por mero exceso en la diligencia, lo cual en modo alguno debe erigirse como óbice para conceder el beneficio solicitado, pues lo contrario importaría incurrir en un excesivo rigor formal;

Que el pedido prematuro no puede asimilarse a la ausencia de pedido o a la mera negligencia en el ejercicio del derecho;

Que, no obstante, la recurrente cometió el incumplimiento de un requisito especifico (art. 3 inc. b de la Resolución N° 414DC/13) y de entidad suficiente para impedir la concesión del beneficio;

Que, en consecuencia, los requisitos legales no se encuentran debidamente cumplidos, por lo que debería rechazarse la procedencia de la solicitud de pago del beneficio “Reconocimiento por Servicios Prestados”, formulada por la señora Celia Milagro Aguirre;

Que, por lo expuesto y en virtud del Dictamen N° 284/19, de Fiscalía de Estado, correspondería rechazar al recurso jerárquico interpuesto por la señora Aguirre en contra de la Resolución N° 156/2018 del Ministerio de la Primera Infancia;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Celia Milagro Aguirre - D.N.I. N° 5.653.541, en contra de la Resolución N° 156/18 del Ministerio de la Primera Infancia, por los motivos expuestos en el considerando del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de la Primera Infancia y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Abeleira - Simón Padrós



 
Firmantes  


Imprimir Imprimir Imprimir
Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.