DETALLE DEL DECRETO Nº 888/19
Nº de Decreto 888/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
Modifica a  
Modificada por  
Derogada por  
Referencia  
Título RECHAZA PETICIÓN. SRES. JULIA DINA MURILLO Y NAHUEL MAXIMILIANO CARDOZO MURILLO. 
Nº Boletín 20533 
Fecha de Sanción 25/06/2019 
Fecha de Publicación 01/07/2019 
Descripción



SALTA, 25 de Junio de 2019

DECRETO N° 888

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 01-310.771/17 y Adj.-

VISTO
las actuaciones citadas en referencia, relacionadas con el reclamo administrativo por daños y perjuicios interpuesto por la señora Julia Dina Murillo en representación de sus hijos menores y por el señor Nahuel Maximiliano Cardozo; y,

CONSIDERANDO:

Que la señora Julia Dina Murillo, por derecho propio y en representación de sus hijos menores y, el señor Nahuel Maximiliano Cardozo Murillo, por derecho propio, formularon reclamo administrativo previo, solicitando se les abone la suma de $ 2.000.000 (pesos dos millones), con más accesorios legales, intereses y costas y/o lo que en más o menos surja de la prueba a producirse, en concepto de daños y perjuicios, presuntamente sufridos, por el fallecimiento del señor Pablo Alberto Cardozo, quien se desempeñaba como Sargento Ayudante dependiente de la Policía de la Provincia de Salta (L.P. N° 11.663), el que se habría suicidado con el arma reglamentaria provista por la institución policial, mientras se encontraba usufructuando licencia psiquiátrica;

Que asimismo, en fecha 27 de diciembre de 2.015, éste habría asesinado a la señora Elida Marlene Herrera -con quien tendría una hija- y, al día siguiente se habría quitado la vida;

Que manifestaron que, como consecuencia de ello, surgiría la relación causal entre el daño y la responsabilidad del Estado por no haber adoptado las previsiones necesarias del caso, que habría conducta negligente y un apartamiento de lo que debiera haber hecho, al no retirarle provisoriamente el arma reglamentaria, y que con ello se habría generado un perjuicio de sus derechos, por lo que correspondería su reparación;

Que se acompañaron actas de defunción, matrimonio y de nacimiento, a fin de acreditar el vínculo con el señor Pablo Alberto Cardozo y su legitimación para reclamar en sede administrativa y notas de Asociart dirigidas a la Policía relativas a dicho agente;

Que, cabe precisar que la petición efectuada por los señores Julia Dina Murillo y Nahuel Maximiliano Cardozo no constituye un reclamo administrativo previo en los términos de la Ley N° 5.018, pues su objeto no está vinculado exclusivamente con un derecho de índole privada, específicamente de naturaleza civil, que habilite -eventualmente- la promoción de una acción de tal clase en contra del Estado Provincial;

Que al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se demanda en procura de la reparación de los daños que se invocan como injustamente sufridos como consecuencia del accionar estatal irregular, corresponde subsumir la pretensión procesal en un supuesto de responsabilidad por una presunta falta de servicio, materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, pues su régimen encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado;

Que asimismo, el Máximo Tribunal afirmó que quedan excluidos del concepto de causa civil los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, en los que éstas hayan procedido dentro de las facultades propias reconocidas por los Artículos121° y siguientes de la Constitución Nacional (Cfr. Fallos CSJN 329:759, “Barreto”);

Que tal circunstancia se verifica en la presentación bajo análisis, toda vez que se reclama la indemnización de daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor Pablo Alberto Cardozo, ocurrido, el 28 de Diciembre de 2.015, como consecuencia de un disparo que habría efectuado sobre su propio cuerpo y con el arma reglamentaria policial, lo que obliga necesariamente a interpretar y aplicar norma de derecho público local;

Que de esta manera, se advierte que la presentación en cuestión constituye, en realidad, una de aquéllas que da inicio a una gestión o procedimiento administrativo, en los términos de los Artículos 125°, 129° y concordante de la Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta N° 5.348 (“L.P.A.S.”), destinada a la obtención o constitución de un acto administrativo (Gordillo, Agustín. “Procedimiento y Recursos Administrativos”. Ediciones Macchi, Buenos aires, 1971 pág. 43) que, en el caso concreto, sería el reconocimiento y reparación de los daños invocados por los presentantes;

Que en este orden de ideas, conviene recordar que tales peticiones, sustentadas en un derecho subjetivo o interés legítimo de quien las esgrime (Art. 113° L.P.A.S.), tienden a obtener un decisorio primigenio de la Administración, es decir, la resolución de un a cuestión de fondo original, la que luego podrá, o no, ser impugnada (Fiscalía de Estado, Dictamen N° 629/2012). En el caso, dada su naturaleza de derecho público, eventualmente, daría lugar a una acción contencioso-administrativa, al encontrarse comprometida la supuesta responsabilidad estatal por su actividad ilegítima;

Que en consecuencia, y por aplicación del principio del informalismo a favor del administrado (Art. 143° y 144° de la Ley N° 5.348) [En sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que, debido a la teoría de la calificación jurídica, los actos tienen la denominación que corresponde a su naturaleza y no la que le atribuye la parte y, por ende, la administración debe encuadrar cada impugnación de la normativa procedimental aplicable, de modo tal de no frustrar los remedios procesales que la legislación acuerda a los administrados (Dictámenes 39:115; 66:225; 70:210; 241:226, entre muchos otros)], conforme al cual le corresponde a la Administración encuadrar y calificar correctamente las peticiones de los particulares, correspondería que la presentación sea considerada y trata como una petición constitutiva de procedimiento, en los términos de la ley antes citada, debiendo, por tanto, ser resuelta por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial;

Que en virtud de ello, debe destacarse que el origen de la responsabilidad estatal se distingue según sea el ámbito en el que se desarrolle la actuación del Estado. Así, existe la responsabilidad derivada por el obrar lícito del Estado y la generada como consecuencia de su actividad ilícita;

Que ello sin embargo, tanto en uno como en otro caso, existen determinados requisitos comunes que hacen a la procedencia de la acción indemnizatoria, y que la doctrina ha caracterizado como requisitos generales en contraposición a los denominados requisitos propios. Los primeros resultan identificables sea que la atribución de responsabilidad provenga de la actividad ilícita del Estado o sea que provenga de su actuación regular, o lícita, en tanto los segundos se configuran como elementos fundantes para la procedencia de la acción indemnizatoria en cada uno de dichos ámbitos (Mertehikian, Eduardo “La Responsabilidad Pública” Ed. Abaco 2001, pág. 102);

Que así, para que proceda la responsabilidad del Estado es necesario el concurso de los siguientes requisitos generales, a saber: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el accionar estatal y el perjuicio que se alega haber sufrido, y c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado (Cfr. Fallos 312:1656);

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la relación de causalidad, a más de ser “directa e inmediata”, debe ser exclusiva; ya que “…el daño debe producirse sin intervención externa que pudiera interferir en el nexo causal”. Es decir que frente a un daño causado por la actividad lícita del Estado -como en el caso de autos- los perjuicios deben prevenir exclusivamente de la actividad estatal, no admitiéndose concausas, pues ellas pueden desplazar la responsabilidad estatal” (Mertehikian, Ob. Cit. Pág. 161);

Que en sentido concordante la doctrina dijo que “… para que la responsabilidad pueda ser atribuida al Estado, como sujeto pasible del deber resarcitorio es necesario que, entre la conducta de aquél y el perjuicio ocasionado, aparezca esa conducta como causa del año, este recaudo es una condición indispensable para que el perjuicio le sea atribuido al Estado” (Barraza, Javier Indalecio, “Responsabilidad extracontractual del Estado”, pág. 109. Ed. La Ley. Bs. As., 2003);

Que en autos, los reclamantes no probaron que la causa eficiente de los daños que aducen haber sufrido, haya sido la conducta o la actividad desplegada por el Estado;

Que sin perjuicio de que no se verifica en autos la relación de causalidad; tampoco establecen cuál fue el procedimiento empleado para determinar el quantum de los daños y perjuicios que dicen haber sufrido;

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es terminante en dicho aspecto, pues considera que “El resarcimiento no procede sin la presencia mensurable y objetiva de los daños” (CSJN, Fallos 297:427; 302:1544; 307:1911, entre otros);

Que en el caso, el importe de los daños y perjuicios reclamados no responde a pautas objetivas que permitan verificar su exactitud. En efecto, el concepto de indemnización de perjuicios -tiene dicho la CSJN- lleva implícita la realidad de éstos y, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CSJN, doctrina de Fallos: 307:169; 310:2929; 314:147, entre otros);

Que en la especie, el daño alegado resulta puramente conjetural y constituye una simple manifestación unilateral, sin sustento fáctico ni probatorio, el daño indemnizable, debe poseer certeza. En consecuencia, quien lo invoca debe probar su existencia en forma efectiva y concreta, no siendo suficiente a tal fin el daño formulado en abstracto o su simple posibilidad. La procedencia de la indemnización por daño requiere que el reclamante pruebe la existencia del daño, su extensión y cuantía (Cfr. LL, 1998-E, 820 - LL Litoral 1998-1, 881, entre muchos otros);

Que tal como lo tiene dicho la Fiscalía de Estado (Dictamen F.E. N° 452/11), les correspondía a los peticionantes probar la veracidad de las manifestaciones vertidas en su escrito; y, por ende, si no lo hicieron, deberán soportar las consecuencias de su inacción; de las cuales no pueden sustraerse, tratando de endilgárselas a la Administración, pues el reconocimiento de un derecho o garantía constitucional no ampara a su titular por la falta de previsión o diligencia de su parte;

Que por lo expuesto y atento el Dictamen Nº 246/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar la petición formulada por los señores Julia Dina Murillo y Nahuel Maximiliano Cardozo, siendo pertinente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Recházase la petición formulada por los señores Julia Dina Murillo, D.N.I. N° 22.043.529 y Nahuel Maximiliano Cardozo Murillo, D.N.I. N° 41.529.413, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente instrumento legal.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós



 
Firmantes  


Imprimir Imprimir Imprimir
Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.