DETALLE DEL DECRETO Nº 925/19
Nº de Decreto 925/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
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Referencia  
Título RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. SRA. VIOLETA ANDREA GALLARDO. 
Nº Boletín 20539 
Fecha de Sanción 04/07/2019 
Fecha de Publicación 11/07/2019 
Descripción



SALTA, 4 de Julio de 2019

DECRETO Nº 925

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 44-112.208/17 Cpde. (1) y Agreg.-

VISTO las actuaciones de referencia, relacionadas con el recurso de reconsideración interpuesto por la ex Cabo de la Policía de la Provincia, señora Violeta Andrea Gallardo, en contra del Decreto Nº 145/2.019; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el aludido decreto, se dispuso la destitución por exoneración de la entonces Cabo de la Policía de la Provincia, Violeta Andrea Gallardo, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, inciso b), de la Ley N° 6.193 del Personal Policial, por infracción a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada ley, y en los artículos 104, 107 y 108, incisos h) y v) del Decreto N° 1.490/2.014 -Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia-, con el agravante del artículo 140, inciso b), de la citada reglamentación;

Que ante el dictado del citado acto administrativo, la señora Gallardo interpuso un recurso de reconsideración dentro del plazo legal previsto en el artículo 177 de la Ley N° 5.348 -Ley de Procedimientos Administrativos para la provincia de Salta-, por lo que procede su análisis y tratamiento;

Que en su presentación la recurrente se agravia, en primer lugar y en lo sustancial, por la aplicación de la sanción de destitución por exoneración en base a la tipificación del hecho descripto en el decreto cuestionado, pues a su entender, la imputación no tiene ningún sustento fáctico ni jurídico, lo que torna arbitraria la decisión adoptada, constituyendo un vicio grave que afecta su validez y la nulifica;

Que la impugnante manifiesta que se hicieron conjeturas subjetivas a partir de datos obtenidos en una red social sin respaldo, es decir sin prueba alguna;

Que además, sostiene que no quedaron debidamente acreditadas las faltas endilgadas, como así también que los elementos de juicio incorporados al sumario administrativo son insuficientes para atribuir responsabilidad por lo que el decreto cuestionado resultaría infundado y manifiestamente arbitrario;

Que, asimismo, aduce la recurrente que la destitución por exoneración aplicada ha sido dispuesta sin tener en cuenta los antecedentes que registraba durante la carrera policial y su buen concepto laboral;

Que, como último corolario, solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido al considerar que su aplicación le ocasionaría un grave perjuicio de imposible reparación ulterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 y concordantes de la Ley N° 5.348;

Que preliminarmente, cabe precisar que la sanción aplicada a través del Decreto N° 145/2.019 se sustenta en los hechos acreditados en el marco del sumario disciplinario iniciado en contra de la ex Cabo Violeta Andrea Gallardo, a partir del curso de una investigación que culminó con su exoneración de la fuerza policial;

Que de las constancias obrantes en el procedimiento sumarial surge que la señora Gallardo desplegó una conducta reprochable e incompatible con la función policial, pues ésta incurrió en faltas muy graves en el marco de lo dispuesto en los artículos 104, 107 y 108, incisos h) y v) del Decreto N° 1.490/2.014 -Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia-, con el agravante del artículo 140, inciso b), de la citada reglamentación;

Que ello es así, por cuanto se comprobó que, aunque la misma no formaba parte del Grupo de Drogas Sector N° 82 A y B, cumplía funciones en el mismo espacio físico que éste, teniendo conocimiento por lo tanto, de las actividades y de los trabajos de investigación que realizaban razón por la cual no podía desconocer la vinculación del señor Nicolás Eduardo Alemán (quien además poseía antecedentes penales, era conocido en el ambiente delictivo y con quien se encontraba vinculada sentimentalmente) con los hechos delictivos de microtráfico investigados por la unidad mencionada;

Que tal relación fue reconocida por la impugnante al tiempo de formular su descargo, en donde sostuvo que conocía al investigado, con quien mantuvo un vínculo sentimental que duró desde el mes de noviembre del año 2.016 hasta el mes de julio del año 2.017, reconociendo los perfiles que aparecen con un nombre en la página web de una red social (Facebook) del mencionado;

Que de allí que deba descartarse el agravio relativo a que el acto administrativo sancionatorio se basó en meras conjeturas subjetivas construidas a partir de dicha red social, pues con lo acreditado en el procedimiento sumarial y el propio reconocimiento de la recurrente, pierde completa virtualidad tal argumento;

Que respecto a la impugnante, se le reprocha el incumplimiento al deber general de todo policía, pues, en rigor, el artículo 48 de la Ley N° 6.193 proporciona una base cierta para la aplicación de la sanción en virtud de la naturaleza y gravedad de la falta cometida, como así también las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, entre otros aspectos;

Que, en el caso particular, se trata de una ex agente de la Policía de la Provincia que transgredió deberes fundamentales enumerados en la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta, las que provocaron la pérdida de confianza en su desempeño policial;

Que consecuentemente, ello excluye la posibilidad de que el acto cuestionado adolezca de arbitrariedad e irracionalidad, por cuanto la disposición que agravia a la recurrente contiene fundamentos suficientes y adecuados que justifican acabadamente la decisión adoptada e impiden calificarla como caprichosa y carente de motivación (Cfr. CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, 04 de Marzo de 1999; LL, 2000C, 151 - DJ, 2000-3-90);

Que, asimismo, la Ley N° 6.193 del Personal Policial dispone que la violación de los deberes policiales harán pasible a los responsables de diversas sanciones, entre las que se encuentra la aplicada a la recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que los códigos especiales determinen para el personal policial;

Que, en consecuencia, la legitimidad de la sanción aplicada radica en la representación que ejerce todo policía frente a la población en su conjunto, por cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles en los hechos;

Que por ello, en virtud de la naturaleza de los hechos y su repercusión en el servicio, se ha configurado para la Administración la aludida pérdida de confianza en la señora Violeta Andrea Gallardo, por cuanto las conductas señaladas resultan especialmente reprochables, pues transgredieron deberes fundamentales de todo policía, los que se encuentran expresamente dispuestos en el artículo 30, inciso c), de la Ley N° 6.193, y en los artículos 104, 107 y 108, incisos h) y v), del Decreto N° 1.490/2.014, que reflejan como denominador común la previsión y sanción al incumplimiento de actuar acorde a los deberes generales de todo personal policial, comprometiendo el decoro y afectando el prestigio de la Institución;

Que la pérdida de confianza, entonces, es una consecuencia lógica a partir del esquema sobre el que se encuentra asentada la Ley del Personal Policial, que se resintió a partir de la sucesión del hecho acontecido lo que objetivamente ha conculcado la confianza de los superiores;

Que es del caso señalar que, en este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de Justicia Local, al sostener que: “El estado policial, presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro de la Administración Pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica” (CSJN, Fallos 320:147; 250:393, entre otros); y que, “El voluntario sometimiento del interesado a un determinado régimen jurídico, sin reserva expresa, impide su ulterior impugnación con base constitucional” (Cfr. CJS. Tomo 68:875; 69:867, entre otros);

Que con relación a la prueba, corresponde decir que la Administración valoró la reunida en el sumario de conformidad con las pautas establecidas en el artículo 166 de la ley N° 5.348, y consideró que la misma era suficiente para fundar la decisión adoptada mediante el acto administrativo cuestionado;

Que la norma antes citada establece que la prueba se apreciará con el criterio de libre convicción. En este sentido, y gozando la Administración de libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, corresponde decir que las pruebas producidas en el sumario fueron oportunamente consideradas por la misma sin que surja, de estas actuaciones, que en dicha actividad intelectual se hayan infringido las normas lógicas del “prudente criterio” o “criterio racional”;

Que por lo demás, tampoco en esta instancia recursiva se arrimó elemento alguno que permita desvirtuar las faltas que se le imputan a la sumariada, correspondiendo, confirmar el acto administrativo sancionatorio, al configurar su conducta una falta administrativa grave en los términos de la normativa vigente y aplicable al caso;

Que por su parte, es del caso destacar que en materia disciplinaria, la jurisprudencia sostuvo que “La graduación de las sanciones pertenece, en principio, el ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa (…), y son sólo revisables por la justicia en los supuestos de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta (C.N. Fed. Contencioso Administrativo, Sala III, “Alitalia Líneas Aéreas Italianas S.A. c. Dirección Nac. de Migraciones”, 03/02/2000-F, 972);

Que en el presente caso, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada por la administración surge de las constancias que obran en autos, las que por sí solas son suficientes para fundar la decisión adoptada, pues no surgen dudas de la gravedad de la falta cometida por la recurrente y, consecuentemente, de la razonabilidad de la sanción aplicada;

Que debe tenerse presente, entonces, que los actos administrativos así dictados gozan de la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad en los términos de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley N° 5.348, prerrogativas éstas que se encuadran en el régimen exorbitante del derecho público; en el presente caso se ha actuado dentro del ámbito de la legalidad y con sustento en las normas jurídicas vigentes, por lo que son de estricta aplicación las normas señaladas (F.E. Dictamen N° 84/95), resultando el Decreto N° 145/2.019 en un todo ajustado a derecho;

Que, consecuentemente, tampoco resulta procedente la suspensión de la ejecución del acto administrativo cuestionado, pues no concurren en el caso bajo análisis, ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 81 de la Ley N° 5.348 que tornen viable lo solicitado;

Que por ello, y no habiendo la impugnante arrimado elemento alguno que lleve a la convicción de que la Administración debe modificar la decisión adoptada, y habiéndose observado el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, corresponde rechazar el recurso interpuesto en todas sus partes;

Que por lo expuesto y atento el Dictamen Nº 239/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Violeta Andrea Gallardo, en contra del Decreto N° 145/2.019;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Violeta Andrea Gallardo, D.N.I. N° 32.916.899, en contra del Decreto N° 145/2.019, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós







 
Firmantes  


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Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.