DETALLE DEL DECRETO Nº 929/19
Nº de Decreto 929/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
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Referencia  
Título RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. OFICIAL SUB AYUDANTE RET. GISELLA ROCÍO ZABALA. POLICÍA DE LA PROVINCIA. 
Nº Boletín 20539 
Fecha de Sanción 04/07/2019 
Fecha de Publicación 11/07/2019 
Descripción



SALTA, 4 de Julio de 2019

DECRETO Nº 929

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 44-51.318/2.017.-

VISTO
el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Oficial Sub Ayudante ® de la Policía de la Provincia de Salta Gisella Rocío Zabala, en contra del Decreto Nº 162/2.017; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Nº 162/2.017 se dispuso el pase a situación de retiro obligatorio del personal superior y subalterno de la Policía de la Provincia; en el presente caso de la Oficial Sub Ayudante ® de la Policía de la Provincia de Salta Gisella Rocío Zabala, por la causal “exceso de arresto”, con encuadre en el Artículo 19º inciso b) apartado 1) del Decreto Nº 248/1.975;

Que contra el aludido decreto, la Oficial Sub Ayudante ® Zabala interpuso un recurso de reconsideración;

Que la recurrente se agravia del decreto en cuestión, argumentando, en primer término, que si bien fue dispuesto su retiro a partir de la sumatoria de los días de arresto que le impuso la fuerza, los que no discutió en ningún momento, en realidad debió haberse dispuesto por una causal que reflejase su estado de salud por stress laboral;

Que además, solicita que a la par de las licencias reglamentarias pendientes que tuviese en la Institución Policial, se considere su situación de embarazo a los fines del verdadero cómputo de licencias a la que resulta acreedora;

Que en definitiva solicita, que se encuadre su pase a situación de retiro en la causal prevista en el Artículo 10º inciso h) de la Ley Nº 5.519, que expresamente prevé: “El personal superior o subalterno pasará a situación de retiro por las siguientes causas: (…) h) El personal superior y subalterno que fuere declarado incapacitado permanentemente para el desempeño de las funciones policiales en forma total o parcial, conforme a las leyes que tratan "contra? el particular…”;

Que del análisis del recurso de fs. 01/04, de las constancias obrantes en el Legajo Personal de la Oficial Sub Ayudante Zabala y de la normativa vigente y aplicable al caso, surge que no le asiste razón a la impugnante;

Que en efecto, tal como se desprende de los antecedentes de su Legajo Personal -entre otros-, de lo aconsejado por la Junta de Eliminaciones Año 2.016, convocada de acuerdo con las previsiones del Decreto Nº 248/1.975 y la Ley Nº 5.519, y de las manifestaciones de la propia Oficial Sub Ayudante Zabala, la misma no estaba apta para la prestación del servicio de seguridad y defensa;

Que en particular, de la Resolución Nº 19.996/2.016, se advierte el retiro temporario del arma reglamentaria provista a la Oficial Sub Ayudante Gisella Rocío Zabala, y el servicio efectivo con tareas internas; y de la Resolución Nº 30.455/2.016, surge, que pasó a revistar en situación de disponibilidad el 07 de junio de 2.016, por haber superado los 2 meses de licencia por enfermedad no motivada en actos de servicio;

Que sentado lo expuesto, cabe decir, con relación al pretendido encuadre en el Artículo 10º, inciso h) de la Ley Nº 5.519, que el decreto atacado no especificó si el pase a retiro obligatorio de la señora Zabala obedeció a enfermedades originadas “en y por acto de servicio” o “independientemente del servicio”, ni hizo consideración alguna respecto del grado ni de la calificación de la incapacidad que pudiera padecer la recurrente, por resultar ello de resorte exclusivo de la ART y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo;

Que por el contrario, se dispuso el retiro por una causal de tipo objetivo, al haber superado los días de arresto previstos por año calendario, lo que ha sido reconocido expresamente en su escrito de impugnación;

Que consecuentemente, dicha cuestión no puede ser materia de tratamiento en esta instancia, ni es competencia de la Junta de Eliminaciones, siendo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el órgano con competencia específica en la materia y en cuyo ámbito deberá resolverse si padece una incapacidad, y en su caso, el alcance de la misma;

Que luego, la Unidad de Trámites Previsionales de Regímenes Especiales -UTP- determinará el haber de retiro que corresponda abonarle, sobre la base de lo resuelto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo;

Que por ello, el retiro obligatorio dispuesto con encuadre en el Artículo 19º inciso b) apartado 1) del Decreto Nº 248/1.975 -por exceso de arresto- en nada perjudica su situación, la que será atendida oportunamente por la citada UTP;

Que en oportunidad de determinarse el haber correspondiente ante la UTP, la Oficial Sub Ayudante ® Zabala podría ejercer plenamente su derecho de defensa, interponiendo los recursos administrativos que considere pertinentes e, incluso, deduciendo las acciones legales que estime procedentes;

Que por lo expuesto, no caben dudas que el Decreto Nº 162/2.017, que tuvo como antecedente la respectiva Junta de Eliminaciones y dispuso su pase a retiro por exceso de arresto sobre la base del dictamen respectivo, basado a su vez en los antecedentes personales de la Oficial Sub Ayudante Zabala, resulta en un todo ajustado a derecho;

Que finalmente, es del caso agregar que el régimen de retiro obligatorio fue instituido en beneficio exclusivo de la Administración, a fin de satisfacer las necesidades orgánicas y mantener una adecuada estructura piramidal de sus cargos. En este sentido, la Corte de Justicia tiene dicho que, “el voluntario sometimiento del interesado a un determinado régimen jurídico, sin reserva expresa, impide su ulterior impugnación con base constitucional” (CJS, Tomo 68:875; 69:867);

Que en ese orden de ideas, cabe recordar que, como sostuvo nuestro Máximo Tribunal, “El Estado Policial presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro de la Administración Pública, sobre la base de la disciplina y de la subordinación jerárquica. Tales normas encuentran fundamento en un mínimo de autoridad jerárquica autónoma, requisito del principio cardinal de la división e independencia de los poderes. Y esa sujeción a la jurisdicción policial y disciplinaria se extiende al régimen de los ascensos y retiros, en el cual deben prevalecer criterios técnicos adecuados a los fines del servicio y su eficiencia” (Cfr. CJS, Tomo 69:867; 93:369.-);

Que finalmente, del informe obrante a fs. 19, surge que la Administración con posterioridad a la interposición del recurso, le concedió adecuadamente las licencias de embarazo, más las reglamentarias y pendientes que le correspondían, motivo por el cual, habiendo perdido actualidad lo solicitado, deviene abstracta la cuestión planteada;

Que cabe recordar, en dicho sentido, que los dictámenes deben emitirse teniendo en cuenta el estado de cosas existentes al momento de brindar la opinión requerida, siguiendo el principio sentado por la Corte de Justicia de Salta, respecto de que: “es deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento de decidir, por cuanto no es posible que los jueces resuelvan cuestiones devenidas abstractas o vacías de contenido en el curso del proceso, o para responder a un interés meramente académico” (CJS, Tomo 71:189; 541, 1065; 72:589; 73:593; 65, 767, 777; 74:281; 75:265; 76:159, 529; 79:131, 877;85:483, entre muchos otros). En idéntico sentido, destacó el más Alto Tribunal Nacional que, cuando el evento dañoso ha concluido en el momento de dictar sentencia por la Corte, carece de objeto actual la demanda deducida, lo que convierte en inoficioso el pronunciamiento del Tribunal respecto del acierto de la decisión apelada (CSJN, Fallos 247:469; 253:347);

Que atento las consideraciones expresadas precedentemente y en virtud al Dictamen Nº 144/2.019 emitido por la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Oficial Sub Ayudante ® de la Policía de la Provincia de Salta Gisella Rocío Zabala, en contra del Decreto Nº 162/2.017;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Oficial Sub Ayudante ® de la Policía de la Provincia de Salta Gisella Rocío Zabala, Clase 1.990, DNI Nº 34.723.702, en contra del Decreto Nº 162/2.017, atento los fundamentos consignados en el considerando precedentemente.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós







 
Firmantes  


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A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.