DETALLE DEL DECRETO Nº 951/19
Nº de Decreto 951/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
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Referencia  
Título RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. SR. JUAN JOSÉ LÓPEZ. 
Nº Boletín 20542 
Fecha de Sanción 12/07/2019 
Fecha de Publicación 16/07/2019 
Descripción



SALTA, 12 de Julio de 2019

DECRETO Nº 951

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 44-274.043/18; Agr. y Adj.-

VISTO
las actuaciones citadas en referencia, relacionadas con el planteo de nulidad interpuesto por el ex Agente de la Policía de la Provincia, Juan José López, en contra del Decreto Nº 1.120/2.018; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del aludido decreto, se resolvió la conversión del Retiro Obligatorio dispuesto por Decreto N° 162/2.017, en destitución por exoneración del Agente de la Policía de la Provincia, Juan José López, de conformidad a lo establecido por el Artículo 61° inciso b) de la Ley N° 6.193, y en el Artículo 107° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta -Decreto N° 1.490/2.014-, por infracción a lo normado en los Artículos 30°, inciso c) de la Ley N° 6.193 y 108°, inciso v) agravado por el Artículo 140° inciso b) del citado decreto. Contra este Acto, se interpuso un planteo de nulidad;

Que corresponde señalar, en primer lugar, que el planteo de nulidad fue interpuesto en tiempo y forma, pues conforme surge de la cédula, el decreto en crisis fue notificado el 29 de Octubre de 2.018, y el recurso se esgrimió en fecha 12 de Noviembre de 2.019, es decir dentro del plazo de los diez días que prevé la normativa aplicable, por lo que corresponde su tratamiento;

Que en su presentación, manifiesta que las actuaciones que dieron lugar al decreto atacado son nulas, y solicita se suspenda la ejecutoriedad del acto administrativo recurrido, todo ello en razón de encontrarse supuestamente en un estado de enfermedad mental, y que por tal circunstancia se vulneró sus derechos por vicios graves que invalidan las actuaciones;

Que asimismo, realiza una serie de valoraciones personales respecto al procedimiento, para luego afirmar que es una persona incapaz, no comprende los efectos del acto y que no se encuentra en condiciones de defenderse;

Que al respecto, cabe precisar que nuestra Ley de Procedimientos Administrativos, no prevé el planteo de nulidad, por lo que corresponde calificar la impugnación deducida como un recurso de reconsideración. Ello por aplicación del principio del informalismo a favor del administrado (Arts. 143° y 144° de la Ley N° 5.348), según el cual corresponde a la Administración encuadrar y calificar correctamente las peticiones de los particulares;

Que así, el Artículo 177° de la Ley N° 5.348, establece: “El recurso de revocatoria o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 172°. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, directamente ante el órgano del que emanó la declaración y resulto por éste sin sustanciación, salvo medidas para mejor proveer, dentro de los diez (10) días de encontrarse el expediente en estado”;

Que se advierte que el recurrente pretende desvirtuar el decreto cuestionado a través de meras afirmaciones sin sustento probatorio ni jurídico alguno, las cuales resultan insuficientes para enervar la decisión adoptada, que de ningún modo se exhibe como carente de fundamento, o nula;

Que en este sentido, y en cuanto a su agravio respecto a la nulidad del procedimiento, cabe resaltar que contrariamente a lo manifestado por el impugnante, el decreto en crisis resulta en un todo ajustado a derecho, en tanto se sustenta en las constancias acreditadas en estas actuaciones, habiéndose dictado en correcta concordancia con la situación de hecho reglada por el orden administrativo; y, por ende, no contiene vicios que lo invaliden;

Que consecuentemente, ello excluye la posibilidad de que el acto impugnado adolezca de arbitrariedad y/o irrazonabilidad, por cuanto la disposición que agravia al presentante, contiene fundamentos suficientes y adecuados que justifican acabadamente la decisión adoptada e impiden calificarla como viciada y carente de motivación (Cfr. CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, 04 de Marzo de 1999; LL, 2000-C, 151 - DJ, 2000-3-90);

Que así, de acuerdo con las constancias de autos, en especial nota de Mas Salud Medicina Legal y la copia del certificado médico presentado, de fecha 03-05-2.017; Dictamen N° 06/17 del Coordinador de Riesgo de Trabajo de la D.G.P.P.; informe de la Junta Médica de la Policía de la Provincia, que pone en conocimiento que, desde fecha 28/03/2.017 al 05/05/2.017 -39 días-, el señor Juan José López presentó certificados adulterados; informe del Departamento de Salud D.G.R.H.; declaración testimonial del Dr. Carlos Alfredo Sebastián Kedikian Aguirre, entre otras y de las conclusiones sumariales, quedó acreditado que la conducta del ex Agente Juan José López configuró una falta muy grave prevista en los artículos 107° y 108° inciso v) del Decreto N° 1.490/2.014, agravada por lo dispuesto en el Artículo 140° inciso b) del mencionado texto legal;

Que es que el agente público debe ostentar una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza, tanto de sus superiores como de sus subordinados. Dentro y fuera de su empleo debe conducirse de acuerdo a las exigencias de la moral y las buenas costumbres (Cfr. Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, tomo III-B, pág. 240/241, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As. 1998) y, quien actúe indignamente, no debe integrar los cuadros de la administración pública;

Que debe tenerse presente, entonces, que los actos administrativos así dictados gozan de la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad en los términos de los términos de los Artículos 77°, 78° y 79° de la Ley N° 5.348, prerrogativas éstas que se encuadran en el régimen exorbitante del derecho público; en el presente caso se ha actuado dentro del ámbito de la legalidad y con sustento en las normas jurídicas vigentes, por lo que son de estricta aplicación las normas señaladas (F.E. Dictamen N° 84/95), resultando el Decreto N° 1.120/2.018 en un todo ajustado a derecho y consecuentemente, no es procedente el pedido de suspensión de ejecutoriedad del acto administrativo, pues no concurren en el caso bajo análisis, ninguno de los supuestos contemplados por la norma del Artículo 81° de la Ley N° 5.348;

Que además, en autos se comprueba que el agente tuvo la oportunidad de presentar su descargo, formular su defensa y alegar en los términos del Artículo 199° de la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta, por lo que no se evidencia ninguna vulneración a sus derechos;

Que en consecuencia, no habiendo el impugnante arrimado elemento alguno que pueda llevar a la Administración a modificar lo decidido mediante el Decreto N° 1.120/2.018, el recurso de reconsideración interpuesto debe rechazarse;

Que por lo expuesto y atento al Dictamen Nº 229/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Juan José López, en contra del Decreto N° 1.120/2.018, siendo procedente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Juan José López, D.N.I. Nº 27.883.160, en contra del Decreto N° 1.120/2.018, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente instrumento legal.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós









 
Firmantes  


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