DETALLE DEL DECRETO Nº 953/19
Nº de Decreto 953/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
Modifica a  
Modificada por  
Derogada por  
Referencia  
Título RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. EX AGENTE MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ. POLICÍA DE LA PROVINCIA. 
Nº Boletín 20542 
Fecha de Sanción 12/07/2019 
Fecha de Publicación 16/07/2019 
Descripción



SALTA, 12 de Julio de 2019

DECRETO Nº 953

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 01-53.985/2.019 y adjunto.-

VISTO
el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ex Agente de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Ángel Sánchez, en contra del Decreto Nº 193/2.019; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del aludido decreto se dispuso la destitución por exoneración del Agente de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Ángel Sánchez, de conformidad con lo establecido por el Artículo 61º inciso b) de la Ley Nº 6.193 del Personal Policial, por infracción al Artículo 30º inciso c) de dicho plexo normativo y los Artículos 107º y 108º incisos d) y v) con el agravante del Artículo 140º inciso b) del Decreto Nº 1.490/2.014 -Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia-;

Que preliminarmente cabe precisar que el Artículo 177º de la Ley Nº 5.348, establece que “El recurso de revocatoria o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 172º. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, directamente ante el órgano del que emanó la declaración resuelta por éste sin sustanciación…”;

Que asimismo y conforme surge de la cédula agregada a fs. 213 del Expte. Nº 014044-88.124/2.018, el acto administrativo cuestionado fue notificado en fecha 19 de febrero de 2.019, habiéndose presentado el recurso en análisis, el día 11 de marzo de 2.019, es decir, dentro del plazo establecido en la norma referida, con lo cual corresponde su tratamiento;

Que en el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto a fs. 01/07, el señor Sánchez manifestó que la medida adoptada es arbitraria, ilegítima e inconstitucional y que se agravian sus derechos por la falta de causa y motivación, toda que en los considerandos nada se expresa respecto a la causal de la destitución por exoneración, limitándose tan solo a hacer referencias y remisiones genéricas a constancias colectadas en el sumario administrativo, sin siquiera mencionar y, mucho menos, fundar las razones por las que es segregado del servicio efectivo de la Policía ni fundando la inconveniencia de su permanencia en el mismo;

Que además, solicita se reconsidere y revoque tal decisión por estar viciada de nulidad;

Que por otro lado, realizó una serie de valoraciones personales respecto a la normativa aplicable, para luego afirmar que, sin perjuicio de la acreditación de la conducta imputada, la sanción aplicada resultaría sumamente excesiva, sin reparar que por detrás de cada policía existe una familia por lo general numerosa, que dependen de la remuneración que perciba el mismo para subsistir dignamente;

Que cabe precisar, en primer término, que la sanción dispuesta a través del Decreto Nº 193/2.019 se sustenta en los hechos acreditados en el marco del sumario disciplinario iniciado en contra del impugnante, a partir del curso de una investigación que culminó con la exoneración del mismo;

Que sin embargo, se advierte que el recurrente pretende desvirtuar el decreto atacado a través de meras afirmaciones sin sustento probatorio ni jurídico alguno, las cuales resultan insuficientes para enervar la decisión adoptada, que de ningún modo se exhibe como carente de fundamento, motivación o ilegítima;

Que en este sentido, y en cuanto a su agravio respecto a la falta de fundamentación de la responsabilidad que se le atribuye, cabe resaltar que contrariamente a lo manifestado por el impugnante, el decreto en crisis resulta en todo ajustado a derecho, en tanto se sustenta en las constancias acreditadas en estas actuaciones, habiéndose dictado en correcta concordancia con la situación de hecho reglada por el orden administrativo; por ende, no contiene vicios que lo invaliden;

Que consecuentemente, ello excluye la posibilidad de que el acto cuestionado adolezca de arbitrariedad e irracionalidad, por cuanto la disposición que agravia al presentante, contiene fundamentos suficientes y adecuados que justifican acabadamente la decisión adoptada e impiden calificarla como caprichosa y carente de motivación (Cfr. CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, 04 de Marzo de 1999; LL, 2000-C, 151- DJ, 2000-3-90);

Que de las constancias del expediente, en especial, de los informes de relevancia; de la ampliación del informe de relevancia SMEP VL.Nº 13/18; del acta de procedimiento; de los informes de alcoholemia y narco test; del dictamen Nº 158/18; del informe de la División Psicosocial y Laboral, y de los demás antecedentes obrantes en las actuaciones, quedaron acreditadas las irregularidades cometidas por el sumariado, quien fue encontrado durante la madrugada en la vía pública junto a otro hombre consumiendo bebidas alcohólicas y cocaína;

Que como ya lo dijera la Fiscalía de Estado en Dictamen Nº 364/2.018, dicha situación, revela una conducta inaceptable para un integrante de la fuerza pública policial y, consecuentemente, lo hace pasible de la sanción aplicada;

Que el agente público debe ostentar una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza, tanto de sus superiores como de sus subordinados. Dentro y fuera de su empleo debe conducirse de acuerdo a las exigencias de la moral y las buenas costumbres (Cfr. Marienoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, tomo III-B, pág. 240/241, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As. 1998) y, quien actúe indignamente, no debe integrar los cuadros de la administración pública. Aun cuando los hechos que son cabeza del sumario administrativo puedan coincidir con la imputación fáctica penal, solo será materia de sanción administrativa aquel hecho que comporte una irregularidad administrativa (STJ, Córdoba, ibídem.), tal como sucedió en este caso;

Que la pérdida de confianza, entonces, es una consecuencia lógica a partir del esquema sobre el que se encuentra asentada la ley del personal policial, que se resintió por la sucesión del hecho acontecido lo que objetivamente ha conculcado la confianza de los superiores;

Que es del caso señalar que, en este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte de Justicia local al sostener que: “El estado policial, presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro de la Administración Pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica” (CSJN, Fallos 320:147; 250:393, entre otros); y que, “El voluntario sometimiento del interesado a un determinado régimen jurídico, sin reserva expresa, impide su ulterior impugnación con base constitucional” (Cfr. CJS, Tomo 68: 875; 69: 867, entre otros);

Que con relación a la prueba, corresponde decir que la Administración valoró la reunida en el sumario de conformidad con las pautas establecidas en el Artículo 66 de la Ley Nº 5.348 -de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta-, y consideró que la misma era suficiente para fundar la decisión adoptada mediante el acto administrativo cuestionado;

Que la norma antes citada establece que la prueba se apreciará con el criterio de libre convicción. En este sentido, y gozando la Administración de libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, corresponde decir que las pruebas producidas en el sumario fueron oportunamente consideradas por la misma sin que surja, de estas actuaciones, que dicha actividad intelectual se hayan infringido las normas lógicas del “prudente criterio” o “criterio racional”;

Que por lo demás, tampoco en esta instancia recursiva se arrimó elemento alguno que permita desvirtuar las faltas que se le imputan al sumariado, correspondiendo confirmar el acto administrativo emitido, al configurar su conducta una falta administrativa grave en los términos de la normativa vigente y aplicable al caso;

Que por su parte, es del caso destacar que en materia disciplinaria, la jurisprudencia sostuvo que “La graduación de las sanciones pertenece, en principio, al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa (…), y son sólo revisables por la justicia en los supuestos de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta” (C.N. Fed. Contencioso Administrativo, Sala III, “Alitalia Líneas Aéreas Italianas S.A.c. Dirección Nac. de Migraciones”, 03/02/2000, LL, 2000-F, 972);

Que en el presente caso, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada por la Administración surge de las constancias que obran en autos, las que por sí solas son suficientes para fundar la decisión tomada. No surgen dudas de la gravedad de la falta cometida por el presentante y, consecuentemente, de la razonabilidad de la sanción aplicada;

Que debe tenerse presente, entonces, que los actos administrativos así dictados gozan de la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad en los términos de los Artículos 77º, 78º y 79º de la Ley Nº 5.348, prerrogativas éstas que se encuadran en el régimen exorbitante del derecho público; en el presente caso se ha actuado dentro del ámbito de la legalidad y con sustento en las normas jurídicas vigentes, por lo que son de estricta aplicación las normas señaladas (F.E. Dictamen Nº 84/95), resultando el Decreto Nº 193/2.019 en un todo ajustado a derecho;

Que por último, se comprueba que el ex agente Sánchez tuvo la oportunidad de ofrecer descargo y que se le corrió vista de la causa para alegar, conforme consta a fs. 195, sin que el investigado ejerciera este derecho, por lo que no se ha existiendo vulneración alguna al debido proceso ni a su derecho de defensa;

Que en consecuencia, no habiendo el impugnante arrimado elemento alguno que pueda llevar a la Administración a modificar lo decidido mediante el Decreto Nº 193/2.019, debe rechazarse el recurso interpuesto, en todas sus partes;

Que en virtud a todo lo expresado y atento el Dictamen Nº 282/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el ex Agente de la Policía de la Provincia de Salta Miguel Ángel Sánchez, en contra del Decreto Nº 193/2.019;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ex Agente de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Ángel Sánchez, DNI N° 35.027.112, en contra del Decreto Nº 193/2.019, de conformidad a las razones invocadas en el considerando precedente.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós







 
Firmantes  


Imprimir Imprimir Imprimir
Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.