DETALLE DEL DECRETO Nº 978/19
Nº de Decreto 978/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
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Referencia  
Título RECHAZA PETICIÓN. SR. PABLO DAMIÁN VELÁZQUEZ. 
Nº Boletín 20544 
Fecha de Sanción 15/07/2019 
Fecha de Publicación 18/07/2019 
Descripción



SALTA, 15 de Julio de 2019

DECRETO N° 978

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 01-33.448/18.-

VISTO
las actuaciones citadas en referencia, relacionadas con el reclamo administrativo interpuesto por el señor Pablo Damián Velázquez; y,

CONSIDERANDO:

Que el presentante solicita el pago de una indemnización por los daños presuntamente ocasionados, debido a la supuesta actuación de los miembros del Destacamento B° San Ignacio y de la Comisaría N° 10 de la Policía de la Provincia de Salta;

Que al respecto, manifiesta que el día 09 de Junio del Año 2.013, en momentos de su detención, traslado y posterior alojamiento en el Destacamento Policial del Barrio San Ignacio, fue sometido a torturas, severidades violentas, robo y prolongación indebida de la detención;

Que agrega que el día 10 del mismo mes y año denunció lo sucedido ante la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, lo cual originó la respectiva investigación preliminar y el posterior requerimiento a juicio oral y público por parte del Ministerio Público Fiscal contra diez miembros de la fuerza policial; los cuales fueron juzgados ante la Sala II del Tribunal de Juicio en la causa N° 105.829/15 caratula “Marín, César; Durán, Hernán; Gutiérrez, Mario Alberto; Chinchilla, Albino Néstor; Suarez, Franco Marcial por torturas, robo calificado por la función policial, severidades agravadas por el uso de la violencia (dos hechos); Choqui, Héctor; Cruz, Abel Benito por severidades agravadas por el uso de la violencia; Moreyra, Luis por tortura, severidades agravadas por el uso de la violencia y prolongación indebida de la detención; Herrera, César por torturas, robo calificado por la función policial, severidades agravadas por el uso de la violencia, prolongación indebida de la detención en perjuicio de Velázquez, Pablo Damián”;

Que en base a tales hechos, reclama al Estado Provincial la suma de Pesos Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Siete con 13/100 ($ 131.507,13), en concepto de daño emergente, lucro cesante, daño psíquico y daño extrapatrimonial presuntamente ocasionado al señor Velázquez;

Que en primer lugar, cabe precisar que la petición efectuada por el señor Pablo Damián Velázquez, no constituye un reclamo administrativo previo en los términos de la Ley N° 5.018, pues su objeto no está vinculado exclusivamente con un derecho de índole privada, específicamente de naturaleza civil, que habilite -eventualmente- la promoción de una acción de tal clase en contra del Estado Provincial;

Que al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se demanda en procura de la reparación de los daños que se invocan como injustamente sufridos como consecuencia del accionar estatal irregular, corresponde subsumir la pretensión procesal en un supuesto de responsabilidad por una presunta falta de servicio, materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, pues su régimen encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado;

Que asimismo, el máximo tribunal afirmó que quedan excluidos del concepto de causa civil los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, en los que éstas hayan procedido dentro de las facultades propias reconocidas por los Artículos 121° y siguientes de la Constitución Nacional (Cfr. Fallos CSJN 329:759, “Barreto”);

Que tal circunstancia se verifica en la presentación bajo análisis, toda vez que se reclama la indemnización de los daños derivados de una presunta falta de servicio imputable a los miembros de la Policía de la Provincia que intervinieron en el traslado y detención del señor Pablo Damián Velázquez, que obliga necesariamente a interpretar y aplicar normas de derecho público local;

Que de esta manera, se advierte que la presentación en cuestión constituye, en realidad, una de aquéllas que da inicio a una gestión o procedimiento administrativo, en los términos de los Artículos 125, 129 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta N° 5.348 (L.P.A.S.), destinada a la obtención o constitución de un acto administrativo (Gordillo, Agustín, “Procedimiento y Recursos Administrativos”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1971, pág. 43) que, en el caso concreto, sería el reconocimiento y reparación de los daños invocados por el presentante;

Que en ese orden de ideas, conviene recordar que tales peticiones, sustentadas en un derecho subjetivo o interés legítimo de quien las esgrime (Art. 113 L.P.A.S), tienden a obtener un decisorio primigenio de la Administración, es decir, la resolución de una cuestión de fondo original, la que luego podrá, o no, ser impugnada (Fiscalía de Estado, Dictamen N° 629/2012);

Que en el caso, dada su naturaleza de derecho público, eventualmente, daría lugar a una acción contencioso-administrativa, al encontrarse comprometida la supuesta responsabilidad estatal por su actividad ilegítima;

Que en consecuencia, y por aplicación del principio del informalismo a favor del administrado (Arts. 143° y 144° de la Ley N° 5.348), conforme al cual corresponde a la Administración encuadrar y calificar correctamente las peticiones de los particulares, correspondería que la presentación sea considerada y tratada como una petición constitutiva de procedimiento, en los términos de la ley antes citada, debiendo, por tanto, ser resuelta por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta;

Que sin perjuicio de lo dicho precedentemente, en virtud de los principios de economía y buen orden procesal, corresponde analizar las presentes actuaciones;

Que en ese marco, cabe decir que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de servicio se configura, por “una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular”, derivada de comportamientos activos u operaciones materiales de los agentes estatales, como también por la omisión o inactividad administrativa, ya sea ésta de índole material como formal;

Que a su vez, la configuración de la falta de servicio, no requiere indagar en la subjetividad del funcionario estatal, puede ser anónima e impersonal, y no precisa individualizar a su autor, pues no se efectúa un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva donde el elemento determinante de la responsabilidad estatal es la falta del sistema o del aparato administrativo, y no la culpa o dolo del funcionario;

Que sin embargo, ello no implica desligarse del presunto obrar del agente del hecho dañoso, por cuanto la falta de servicio se predica de conductas y no de resultados, lo cual exige realizar una valoración en concreto de la actuación desplegada por la Administración en el caso y no respecto de los resultados alcanzados, en base a elementos objetivos, como la naturaleza de la actividad, el vínculo que une al reclamante con la autoridad administrativa, los medios disponibles, el grado de previsibilidad del daño, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

Que por ello, para la procedencia del resarcimiento no basta invocar y eventualmente acreditar la existencia de un perjuicio y su vínculo causal con la actuación estatal sino que también es necesario comprobar el anormal o irregular funcionamiento de la Administración;

Que por tal motivo, como afirma la Corte Suprema de Justicia, quien pretende ser indemnizado por una falta de servicio, tiene la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular;

Que de la lectura de la presentación obrante se advierte que la pretensión efectuada por el recurrente debe enmarcarse en el ámbito de la responsabilidad estatal por falta de servicio, toda vez que el daño invocado derivaría del ejercicio irregular del poder de policía de seguridad;

Que asimismo, a lo largo de reiterados pronunciamientos, la Corte Suprema ha entendido que en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado, la procedencia del reclamo se encuentra supeditada a la verificación de los siguientes presupuestos: a) la existencia de una falta de servicio; b) la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar estatal y el perjuicio; c) la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que los ocasionó; y d) la prueba del daño o perjuicio;

Que tales lineamientos no se han modificado a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994), a pesar de que el mismo establece que sus disposiciones no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria (Arts. 1764, 1765 y 1766);

Que sin perjuicio de ello, en casos como el de autos, en los que se analiza la eventual responsabilidad extracontractual del Estado por su actuación en el ámbito del derecho público, la Corte de Justicia local ha propiciado la aplicación analógica de las normas del Código Civil y Comercial Nacional, “las que pasan a integrarse al plexo de principios de derecho administrativo, frente a las lagunas que éste presenta” [Fallos CJS, 205:629, in re “Choque, Roberto Daniel vs. Magriña, Juan Marcelo - Provincia de Salta (Policía de la Provincia de Salta) - Recurso de apelación” - Expte. N° 37.532/14, del 18/05/16];

Que en sentido coincidente, ha sostenido también la Corte de Justicia de la Nación que cuando se trata de un daño que se atribuye a la actuación del Estado Provincial como consecuencia del ejercicio de la función administrativa que le es propia, la regulación de esta materia corresponde al campo del derecho administrativo y es del resorte exclusivo de los gobiernos locales (Fallos CSJN 329:1684), sin que obste a ello la circunstancia de que se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos los principios jurídicos, aunque contenidos en aquel cuerpo legal, no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aún del derecho privado, pues constituyen principios generales de derecho aplicable a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (Fallos CSJN 329:759, considerando 12; 330:2268, entre otros);

Que en consecuencia, y a la luz de tales consideraciones, corresponde indagar si se presentan en autos, los presupuestos que permiten tener por configurada la responsabilidad estatal, de conformidad a los parámetros desarrollados precedentemente;

Que en ese marco, cabe decir en primer lugar que de la reseña contenida en la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal de Juicio se extrae que la valoración de las probanzas producidas en el debate no pudo confirmar la hipótesis del señor Pablo Damián Velázquez con el grado de certeza necesario para atribuir responsabilidad y tener configurado así los delitos investigados;

Que en efecto, el decisorio señaló que “… no se ha podido realizar a la luz de la prueba colectada una demostración acabada de los hechos, para fundarlos en el derecho…”;

Que ahora bien, los argumentos desarrollados en la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Juicio, permite apreciar que la actividad desplegada por los miembros del Destacamento San Ignacio fue regular y su intervención se suscitó por un hecho de violencia de género que fue denunciado por la señora Daniela Beatriz Velázquez - hermana del reclamante- y que habría tenido como víctimas a la señora Luisa Dolores del Valle Figueroa, y el hijo de ambos;

Que en este sentido cobra especial relevancia que, ante la única prueba de cargo relevante de la acusación -la declaración del señor Pablo Damián Velázquez- el juez penal valoró la falta de confirmación de sus afirmaciones, lo que llevo a concluir sobre la falta de certeza probatoria para condenar a los miembros de la Policía de la Provincia de Salta, en base a la aplicación del principio in dubio pro reo, derivación del estado de inocencia del que goza todo imputado;

Que tal situación fue debidamente advertida por el Dr. Longarte, quien considera en su voto que “En el presente proceso estamos en presencia del fenómeno de la falta de pruebas, lo que autoriza a concluir cuando decimos “in dubio pro reo” estamos afirmando que a falta de pruebas hay que absolver al reo y esto no necesita justificación… el juez no duda cuando absuelve, ésta seguro que tiene plena certeza de que faltan pruebas para condenar…”;

Que en consecuencia, los elementos arrimados por el presentante carecen de la fuerza probatoria necesaria para advertir que el actuar de los miembros de la Policía de la Provincia haya sido irregular, de manera tal que no puede tenerse por configurada en el caso falta de servicio, consistente en un irregular funcionamiento de la prestación del servicio de seguridad, en tanto no existe certidumbre sobre los hechos constitutivos del daño, como tampoco, imputabilidad material a la Administración, y por ende, relación de causalidad que comprometa la responsabilidad del Estado;

Que por su parte, de acuerdo a los términos del Artículo 1103 Código Civil, vigente al momento de los supuestos hechos (Art. 1777 Código Civil y Comercial) luego de la absolución de los diez policías acusados, por parte del tribunal de juicio, en el eventual proceso contencioso administrativo por responsabilidad estatal, no será posible alegar la existencia del hecho principal sobre el cual ha recaído la absolución, es decir sobre la existencia o inexistencia de los elementos que tipifican el delito por el cual se imputó a los procesados, puesto que las consecuencias de la sentencia absolutoria -cosa juzgada sobre el hecho principal- han de aplicarse, sea que la misma se base en pruebas fehacientes o en el principio in dubio pro reo, como en este caso;

Que a su turno, y como consecuencia necesaria de las consideraciones vertidas precedentemente, tampoco puede verificarse que en el caso de autos, se encuentra configurada una relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar estatal cuestionado y el perjuicio invocado por el presentante;

Que tal conclusión se impone del análisis de los antecedentes del caso aportados por el propio presentante, en especial cuanto existe una sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio que se dictó en mérito a la valoración de la totalidad de las pruebas producidas en la causa penal, sin limitarse a la declaración del señor Pablo Damián Velázquez, tal como se dijera precedentemente;

Que por lo expuesto y atento el Dictamen Nº 222/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar la petición formulada por el señor Pablo Damián Velázquez, siendo pertinente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO .- Recházase la petición formulada por el señor Pablo Damián Velázquez, D.N.I. N° 27.552.575, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente instrumento legal.

ARTICULO .- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO .- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós



 
Firmantes  


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Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.