DETALLE DEL DECRETO Nº 991/19
Nº de Decreto 991/19 
Expediente  
Ministerio MINISTERIO DE SEGURIDAD 
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Referencia  
Título RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. EX AGENTE JAIRO MIGUEL ALBERTO SALAS. POLICÍA DE LA PROVINCIA. 
Nº Boletín 20546 
Fecha de Sanción 17/07/2019 
Fecha de Publicación 22/07/2019 
Descripción



SALTA, 17 de Julio de 2019

DECRETO N° 991

MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Expediente Nº 01-134.929/18 y Adj.-

VISTO
las actuaciones citadas en referencia, relacionadas con el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Jairo Miguel Alberto Salas, en contra del Decreto Nº 496/2.018; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el referido decreto, se dispuso la destitución por cesantía del señor Jairo Miguel Alberto Salas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 61° inciso a) de la Ley N° 6.193 del Personal Policial, por haber incurrido en la causal prevista en el Artículo 108° inciso b) de la Reglamentación de la Ley Orgánica Policial, Decreto N° 1.490/2.014;

Que como fundamento de su recurso, el impugnante expresa que fue notificado de la Resolución N° 19.709/2.017, por la cual fue suspendido preventivamente en sus funciones, debido a las inasistencias sin causa justificada, por supuesto abandono de servicios, manifestando que en fecha 15 de Enero de 2.017, mientras cumplía acto de servicio, sufrió un accidente de tránsito en el cual falleció una persona de las cuatro que viajaban;

Que en su escrito, da detalles de las contingencias sufridas durante el tratamiento de rehabilitación, con los diagnósticos que dieron los diferentes profesionales intervinientes, expresando que por su estado de salud (crisis de ansiedad, llanto incontrolable, estado depresivo, entre otras afecciones), nunca pudo ejercer su derecho de defensa en las actuaciones sumariales por las que se le imputaron abandono de servicio, como así tampoco pudo regresar a su lugar de trabajo;

Que refiere también, haber sido diagnosticado con stress post traumático con marcada debilidad emocional y profunda angustia, sin tener conciencia de enfermedad mental ni adherencia al tratamiento, por lo que su evolución es inestable y acompaña prueba documental, relacionada con los certificados médicos, las notas presentadas y las notificaciones que recibió;

Que expone las divergencias en las opiniones y diagnósticos entre los médicos que consultó y los galenos de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Esta situación quedó plasmada en la firma del alta médica de la ART, que fue realizada en disconformidad y denunciando abandono de persona, por su estado de salud psíquico y psicológico;

Que remarca que sólo se tuvo en cuenta la opinión de los médicos designados por el empleador en el momento de su control. Apunta a la necesidad de convocar a una junta médica con la participación de los médicos psiquiatras de ambas partes o buscar una solución judicial para solucionar el conflicto;

Que con respecto a su vínculo laboral con la Policía de la Provincia de Salta, reclama la falta de disposición de alguna medida a los fines de mantener la relación. En su relato, pone en evidencia la intervención de la ART que dio el alta médica y su comprometido estado psiquiátrico para hallarle un nuevo puesto de trabajo adecuado;

Que del análisis de las actuaciones surge, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, que en el procedimiento llevado a cabo se garantizó su derecho de defensa, no verificándose vulneración alguna al debido proceso administrativo, conforme surge del Expediente N° 44-192100/2.017-0. En efecto, el sumariado tuvo oportunidad de comparecer, contó con la posibilidad de ejercer tal derecho y pudo presentar el pertinente descargo y alegar;

Que con relación a la prueba incorporada en autos de la misma surge, sin lugar a dudas, la comisión de la falta que se le atribuye al sumariado, como así también la gravedad de la misma. De las constancias, surgen elementos suficientes para tener por probada la falta que se le endilga, y es sobre la base de esos elementos que se le aplicó la sanción de cesantía;

Que en este sentido, corresponde mencionar que la documentación aportada por el señor Jairo Miguel Alberto Salas no genera sustento alguno para revocar el decreto recurrido, ya que superó las siete faltas consecutivas sin justificar durante el año 2.017, y el certificado médico que presenta es de fecha posterior a las inasistencias que se le imputan;

Que asimismo, el propio impugnante reconoce que no pudo volver a trabajar, que el Estado pudo haberlo considerado en abandono de trabajo y que la ley no obliga al empleador a la conservación del vínculo laboral si el médico que realizó el control del agente consideró que estaba capacitado para trabajar;

Que en virtud de ello, y en razón que la conducta reprochable quedó probada en el sumario administrativo, en atención a la gravedad de la falta incurrida por el sumariado, la aplicación de la sanción no puede considerarse arbitraria o irrazonable;

Que por todo lo expuesto, el Decreto N° 496/2.018 resulta en un todo ajustado a derecho, pues contiene fundamentos suficientes y adecuados que justifican acabadamente la decisión adoptada e impiden calificarla como caprichosa y carente de motivación (Cfr.Fed. Contencioso Administrativo, Sala I, “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, 04 de Marzo de 1999; LL, 2000-C, 151 - DJ, 2000-3-90);

Que de la simple lectura de su considerando, se comprueba que dicho acto administrativo está suficientemente motivado, cumpliéndose de este modo con “la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de su decisión” (Dromi, José Roberto; “Derecho Administrativo”, T.I, pág. 185, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992), lo que permite, por lo demás, descartar la existencia de vicios en su motivación;

Que no habiendo aportado elemento alguno que lleve a la convicción que la Administración debe modificar la decisión adoptada, y atento al Dictamen N° 94/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Jairo Miguel Alberto Salas, en contra del Decreto N° 496/2.018, siendo procedente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el ex Agente de la Policía de la Provincia, Jairo Miguel Alberto Salas, D.N.I. Nº 34.847.102, en contra del Decreto N° 496/2.018, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente instrumento legal.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



URTUBEY - Oliver - Simón Padrós



 
Firmantes  


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