DETALLE DE LA LEY Nº 6583
Nº de Ley 6583 
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Ley Nº 6651 - PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA (DIGESTO JURÍDICO – LEY 7.913 – LEYES CON OBJETO CUMPLIDO O PLAZO VENCIDO)
Ley Nº 6666 - PRORROGASE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA (DIGESTO JURÍDICO – LEY 7.913 – LEYES CON OBJETO CUMPLIDO O PLAZO VENCIDO)
Ley Nº 6683 - PRORROGA HASTA 30 DE ABRIL DE 1993 ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA (DIGESTO JURÍDICO – LEY 7.913 – LEYES CON OBJETO CUMPLIDO O PLAZO VENCIDO)
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Referencia
Decreto Nº 353/93 - REGLAMENTACION REGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO
Ley Nº 7125 - ADHESIóN DE LA PROVINCIA DE SALTA A LA LEY NACIONAL 25344 EMERGENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.(TEXTO ORDENADO POR LEY 7.913 DIGESTO JURIDICO ACTUALIZADO HASTA 31/07/2015)
Ley Nº 7916 - PRÓRROGA DE LEYES Nº 7125 Y Nº 6583. EMERGENCIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA.
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Título REFORMA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y EMERGENCIA ECONOMICA (TEXTO ORDENADO POR LEY 7.913 DIGESTO JURIDICO ACTUALIZADO HASTA 31/07/2015) 
Nro Boletin 13403 
Fech Sancion 15/03/1990 
Fech Publicacion 23/03/1990 
Descripcion

Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica
TÍTULO I DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

CAPÍTULO I
Suspensión de subsidios y subvenciones.

Artículo 1º.- Suspéndense por el plazo de un (1) año a contar desde la vigencia de esta ley, con carácter general, los subsidios, subvenciones y todo otro compromiso del mismo carácter que, directa o indirectamente, afecte los recursos del Tesoro Provincial y/o la ecuación económicofinanciera de los entes públicos provinciales de cualquier naturaleza jurídica, en especial cuando éstas facturen tarifas o precios diferenciales. Quedan comprendidos en esta disposición todos aquellos actos indicados precedentemente que estén otorgados por leyes especiales y toda norma legal o reglamentaria que obligue al Gobierno Provincial como asimismo aquéllos establecidos en cláusulas contractuales, pudiendo el Poder Ejecutivo Provincial, en este caso renegociarlas. Exceptúese de la suspensión dispuesta en esta norma, a los subsidios destinados a atender comedores escolares, personas carenciadas , atención de la salud, asistencia alimentaria, pensiones no contributivas, las exenciones y reducciones de tarifas públicas a discapacitados o personas del sector pasivo conforme a las reglamentaciones vigentes, becas, subvenciones a la enseñanza; y todo otro caso en que el Poder Ejecutivo; la Cámara de Diputados o el Senado dispongan, previa acreditación objetiva de razonabilidad. En estos supuestos se determinará la fecha a partir de la cual regirá el subsidio. (Párrafo Tercero Sustituido por Art 2 Inc a) de la ley 6780/1995). En todos los casos, los subsidios se reflejarán como gastos en el Presupuesto General de la Provincia, mediante la apertura de partidas específicas en la Cuenta General del Ejercicio cuando así correspondiere. (Párrafo Quinto Derogado por Art 2 Inciso b) de la Ley 6780/1995).

CAPÍTULO II
Suspensión de beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia agropecuaria y forestal.

Art. 2º.- Suspéndense, por el término de ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, los beneficios tributarios previstos en la Ley 6241 y su ampliatoria 6512 con los alcances que se establecen a continuación:
a) Impuesto de anualidad a partir del Ejercicio Fiscal 1990, inclusive.
b) Otros tributos: a partir de la publicación de la presente ley.

CAPÍTULO III
Suspensión parcial y derogación de beneficios tributarios previstos en los regímenes de promoción.

Art. 3º.- Suspéndense, en una proporción del cincuenta por ciento (50%) y el término de ciento ochenta (180) días, a partir del primer día del siguiente al de publicación de la presente ley, las franquicias y/o exenciones tributarias totales y/o parciales acordadas a personas físicas o jurídicas acogidas a los regímenes promocionales por las leyes que se indican seguidamente, sus decretos reglamentarios y los de aplicación respectivamente:
a) Ley Nº 4.193 de Promoción Económica.
b) Ley Nº 5.597, artículo 7º, por desgravación de Frigorífico Arenales.
c) Ley Nº 5.697 y modificatoria Ley 5.951 de Desgravación por construcción de alambrados.
d) Ley Nº 6.025 de Promoción Industrial.
e) Ley Nº 6.026 de Promoción Minera.
f) Ley Nº 6.064 de Promoción Turística.
g) Ley Nº 6.091 de Promoción de Planta de Acopio de Granos.
h) Ley Nº 6.446 Fondo Especial para la Promoción Industrial.

Art. 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, por ley podrán rehabilitarse total o parcialmente los beneficios aludidos a favor de aquellas empresas beneficiarias que así lo soliciten, teniéndose en cuenta el grado de cumplimiento de sus obligaciones en el marco contractual, la importancia socio-económica y geopolítica del proyecto y su relación con el desarrollo provincial, el grado de avance de la inversión y la magnitud de los efectos negativos que pudieran derivar de la suspensión.

CAPÍTULO IV
Suspensión de Regímenes Promocionales.

Art. 5º.- Suspéndense mientras se mantenga la situación de emergencia económica, la aplicación de los regímenes promocionales establecidos por las leyes enunciadas en el artículo 3º y sus decretos reglamentarios con excepción de las rehabilitaciones contempladas en el artículo 4º de la presente ley.

Art. 6º.- Las personas físicas y/o jurídicas que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente se encuentren amparadas en alguna de las leyes de promoción continuarán en el goce de las mismas, de conformidad a las normas legales, reglamentarias y convencionales en cuya virtud se formalizaron, con las limitaciones y modificaciones previstas en esta ley.

Art. 7º.- Facúltase por única vez a los beneficiarios de los regímenes de promoción mencionados en los artículos precedentes y autorizados a captar inversiones de terceros en virtud de los artículos: 10 de la Ley 6.025, 5 de la Ley 6.026 y 10 de la Ley 6.064, a rescindir los convenios de promoción suscriptos. El uso de esta facultad implica asumir, por su parte, la plena y exclusiva responsabilidad frente a inversores y/o terceros vinculados a ellos, cualquiera sea su causa, liberando al Estado Provincial de las consecuencias que pudieran generarse por la decisión asumida. A estos efectos deberán comunicar su decisión en tal sentido al Ministerio de Economía, en el plazo de treinta (30) días a partir de la vigencia de la presente.

Art. 8º.- Las personas beneficiarias en los regímenes de promoción que harán uso de la opción prevista en el artículo anterior, deberán reintegrar en forma directa e inmediata a la Dirección General de Rentas la totalidad de las sumas constitutivas de desgravaciones efectuadas por contribuyentes inversores, con más su actualización e intereses calculados conforme a la normativa del Código Fiscal y desde la fecha de vencimiento de las obligaciones fiscales desgravadas, en el término, forma y modalidad que, con carácter general establezca la Dirección General de Rentas.

Art. 9º.- La renuncia, en la forma, plazo y condiciones previstas en este Capítulo, a cualquiera de los regímenes citados, no traerá aparejada la aplicación de sanción tributaria alguna, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. No será de aplicación lo dispuesto en el Título VIII del Código Fiscal respecto a los contribuyentes inversores en proyectos cuyos beneficiarios hagan uso de la opción de renuncia, respecto de las sumas deducidas de sus deudas fiscales y efectivamente aportadas. Asimismo, quedan relevados de la obligación de mantenimiento de la titularidad de la inversión por el período establecido en los regímenes promocionales.

CAPÍTULO V
Reformas a Normas de Exenciones Tributarias.

Art. 10.- Deróganse los incisos e) y r) del artículo 174 del Código Fiscal (Decreto Ley Nº 9/75 y sus modificaciones) y modifícase el artículo 174, inciso o) y q) del mismo texto legal, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
1) Artículo 174 inc. o): Honorarios de Directores y Consejos de Vigilancia y otro de similar naturaleza, hasta la suma que en proporción mensual equivalga a siete (7) veces el salario mínimo, vital y móvil. 2) Artículo 174 inc. q): Los ingresos de los socios y accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas, hasta la suma que en proporción mensual equivalga a siete (7) veces el salario mínimo vital y móvil. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario. Tampoco alcanza a los ingresos de las cooperativas citadas.

CAPÍTULO VI
Actualización de Valuaciones Fiscales de Inmuebles a los efectos del Impuesto de Sellos.

Art. 11.- Incorpórase a continuación del artículo 239 del Código Fiscal (Decreto Ley Nº 9/75 y sus modificaciones) el siguiente: Artículo 239 bis). A los fines de este impuesto, la base imponible aplicada para la determinación del gravamen en el impuesto inmobiliario será actualizado conforme a la variación que experimente, el índice de precios al por mayor nivel general, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre el penúltimo mes anterior a la fecha en que comenzó a regir la respectiva valuación fiscal y el penúltimo mes anterior a la fecha en que se verifique el hecho imponible.

CAPÍTULO VII
Modificaciones a normas de procedimiento tributario.

Art. 12.- La Dirección General de Rentas podrá establecer vencimientos de anticipos, pagos a cuenta o definitivos de los tributos que permitan su ingreso en diversas fechas, fijándose en esta oportunidad para las posteriores a la primera un interés que no podrá exceder el previsto en el artículo 36 del Código Fiscal.

Art. 13.- Modifícase el Código Fiscal (Decreto Ley Nº 9/75 y sus modificaciones), en la forma que se señala a continuación:
1) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente: Practicada la determinación de oficio de la obligación fiscal mediante la correspondiente acta de deuda por funcionario o inspector de la Dirección, el contribuyente o responsable tendrá derecho de manifestar su disconformidad o impugnación, total o parcial, respecto de la misma, mediante escrito fundado y dentro del plazo de quince (15) días de la notificación que se le efectúe. Deberá también acompañarse toda la prueba documental que estuviere en poder del impugnante y ofrecer la prueba restante de que intente valerse. La notificación de la determinación realizada importará intimación para el pago de la deuda respectiva.
2) Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente: Si en el plazo previsto en el artículo anterior se omitiera manifestar disconformidad o impugnación, o no se depositara la suma intimada acreditándolo ante la Dirección, la determinación quedará consentida sin necesidad de dictar resolución alguna, dando lugar al otorgamiento del título a que se refiere el artículo 70 y a la ejecución pertinente. Si se formulara impugnación o disconformidad, la Dirección sustanciará las pruebas ofrecidas que se consideren conducentes y dictará resolución motivada, incluyendo las razones de la desestimación de las pruebas ofrecidas, en su caso. La resolución quedará firme a los quince (15) días de notificada salvo que el contribuyente o responsable interponga, dentro de dicho término, alguno de los recursos previstos en el artículo 52. En el supuesto que la impugnación sea solo parcial, se aplicarán en forma independiente, las normas de los párrafos precedentes respecto de la parte consentida y la que ha sido materia de cuestionamiento por el contribuyente o responsable.
3) Sustitúyese el artículo 35 por el siguiente: La determinación de oficio que quede firme no podrá ser modificada por la Dirección, excepto que se descubran errores de hecho, omisión o dolo por parte del contribuyente, responsable o tercero en la exhibición de datos y elementos que sirvieron de base para su confección o cuando en el acta determinativa se hubiera dejado constancia del carácter parcial de la misma y definido los aspectos que han sido objeto de la fiscalización. Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente o responsable de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente, bajo pena de las sanciones establecidas en este Código.
4) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 51 por el siguiente: Las consultas que formulen los contribuyentes o responsables sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en este Código o leyes fiscales especiales, en los casos concretos y de interés general, los pedidos de devolución de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos e intereses, las presentaciones en oposición a requerimientos de la Dirección y en general toda obligación impuesta a los contribuyentes, responsables y terceros con arreglo a este Código y leyes fiscales especiales deberán ser resueltas, salvo expresa disposición en contrario, por la Dirección mediante pronunciamiento expreso y fundado.
5) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 61 por el siguiente: El pago de las obligaciones fiscales determinadas por la Dirección deberá efectuarse en el plazo previsto en el artículo 33 o dentro de los quince (15) días de la notificación de la resolución firme que fije la respectiva obligación fiscal según los casos.
6) Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente: Las resoluciones firmes que determinan la obligación impositiva, en los casos que corresponde su dictado, o impongan multas, que hayan sido debidamente notificadas y no sean seguidas por el pago en los términos, establecidos por este Código o leyes fiscales especiales, serán ejecutadas sin ninguna ulterior intimación de pago.

CAPÍTULO VIII
Régimen de compensación de Créditos y/o Deudas de Particulares con el Estado Provincial y cancelación de sus Saldos Netos.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo Provincial, con las limitaciones establecidas en el artículo 823 del Código Civil, podrá:
a) Establecer regímenes generales o especiales para determinar, verificar y conciliar el monto de las acreencias y/o deudas de particulares con el Estado Provincial en su conjunto y con cada una de sus entidades cualquiera fuere su naturaleza jurídica.
b) Efectuar acuerdo y transacciones, previo dictamen del Tribunal de Cuentas. La autoridad de aplicación de este capítulo será el Ministerio de Economía, con participación del Banco Provincial de Salta y de la Fiscalía de Estado, que dictaminará al respecto. La presente norma no genera derecho a favor de los particulares.

CAPÍTULO IX
Régimen de compensación de créditos y deudas del sector público.

Art. 15.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer regímenes generales o particulares de compensación de deudas y créditos del Tesoro Provincial al 31 de diciembre de 1989 con otros entes no financieros del sector público provincial, nacional y/o municipal y con aquellos entes en que el Estado Provincial o Municipal tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de la voluntad societaria cualquiera sea la naturaleza jurídica de ella, como asimismo establecer regímenes de compensación para entes del sector público entre sí o con entes de los gobiernos municipales. CAPÍTULO X Del empleo en el Estado Provincial.

Art. 16.- En el ámbito del Poder Legislativo Provincial, del Poder Judicial de la Provincia, de la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, sociedades de Economías Mixtas, Servicios de Cuentas Especiales, Bancos Oficiales, de Obras Sociales y Organismos o Entes Previsionales del Sector Público, la Procuración General y todo otro ente Estatal cualquiera fuere su naturaleza, no podrá durante el plazo establecido en el artículo 1º de la presente ley, efectuarse contrataciones o designaciones que importen incrementar el número de personal previsto en el Presupuesto del año 1990. Los actos que así lo dispongan serán nulos y no producirán efecto alguno. (Párrafo modificado por Art. 2 de la Ley 6651/1992). Las vacantes sólo podrán cubrirse por razones de estricta necesidad. Estas designaciones deberán efectuarse por acto administrativo expreso, individual para cada caso y fundado en la determinación objetiva de su necesidad, adoptadas por el Poder Ejecutivo Provincial, por acordada de la Corte de Justicia de la Provincia, por disposición de los Presidentes de las Cámaras de la Legislatura Provincial, la Procuración General y el Tribunal de Cuentas por resolución plenaria. Cada uno de los órganos del Estado podrá reubicar a su personal, a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, sin alterar los derechos que surjan de las leyes y convenios colectivos de trabajo vigentes. (Párrafo modificado por el Art. 2 de la Ley 6987/1998). No quedarán comprendidas en las limitaciones del segundo párrafo del presente artículo, en lo referente a la forma de designación, las que se efectúen en los Ministerio de Educación, para cubrir cargos directivos y docentes a cargo de alumnos; Salud Pública, en las áreas de Atención Primaria, profesionales de la salud, enfermería y agentes sanitarios y que estén destinados exclusivamente al nivel efector u operativo, cuando se hallaren plenamente justificados; Gobierno, exclusivamente para cubrir cargos en el Cuerpo de Seguridad, escalafón general, agentes.

Art. 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer en el ámbito del sector público medidas que aseguren eficacia y productividad, entre otras las siguientes:
a) Participación de empleados, obreros y/o usuarios en el seguimiento del desempeño de los Establecimientos y Entidades Públicas a través del mecanismo de información y consulta.
b) Participación de empleados, obreros y usuarios en la gestión, las ganancias y la representación en los Directorios de Establecimientos de Entidades Públicas, previa autorización otorgada por ley especial. c) Participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos y entidades públicas a través de cooperativas y Programas de Propiedad Participada, todo con sujeción a lo dispuesto por el Título II de la presente ley. La intervención de los obreros y empleados enunciada en los incisos anteriores en lo pertinente, se realizará con la participación de las organizaciones gremiales más representativas.

Art. 18.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo Provincial la revisión de los regímenes de empleos, fueren de función pública o laborales vigentes en la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Bancos Oficiales, de Obras Sociales y Organismos o Entes Previsionales del sector Público y/o todo otro ente estatal cualquier fuere su naturaleza a efectos de corregir los factores que pudieren atentar contra los objetivos de eficiencia y productividad señalados en el artículo anterior. A tal fin, entre otros medios, la convocatoria y/o creación de instancias de negociaciones colectivas con las Asociaciones Gremiales de Trabajadores que representan a los distintos segmentos del personal, posibilitarán acuerdos paritarios para ejecución de lo dispuesto en este artículo, procurando que los mismos se reflejen en Convenios Colectivos, cuando no los hubiere. La negociación colectiva se realizará en el ámbito de discusión donde se celebró el Convenio Colectivo vigente.

Art. 19.- Las políticas salarias que se instrumenten a partir de la vigencia de la presente ley, al personal de la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Bancos Oficiales, de Obras Sociales y Órganos Previsionales del Sector Público, se trate de personal sujeto o no al régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias, o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente. En tanto lo establecido en el párrafo anterior afecte los convenios colectivos de trabajo vigentes, el sistema de remuneraciones que lo reemplace será materia de las comisiones negociadoras de los Convenios Colectivos de Trabajo. Suspéndense por el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la presente ley, los Regímenes Legales de determinación de las remuneraciones del personal del Poder Judicial, de la Procuración General y del Tribunal de Cuentas. Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, el Tribunal de Cuentas hará suya la política salarial del Poder Ejecutivo Provincial para sus empleados, dictando las resoluciones y actos que fueren pertinentes a efectos de fijar las remuneraciones del personal. En el plazo antes referido, los Presidentes de las Cámaras Legislativas redactarán y someterán a ambos Cuerpos los Proyectos de Reglamentación de un nuevo escalafón y de los Convenios Colectivos de Trabajo. Similar criterio adoptará el Tribunal de Cuentas.
Invítase a la Corte de Justicia de la Provincia y a la Procuración General a adoptar procedimientos análogos con relación a la remuneración del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Art. 20.- Establécese el Régimen de Retiro Voluntario a favor de los agentes pertenecientes a los órganos y entes enumerados en el artículo 16, que revistan en planta permanente, conforme a las disposiciones de los artículos siguientes.

Art. 21.- Los empleados que pasaren a situación de retiro voluntario, podrán optar por los siguientes beneficios:
a) Percibir sus haberes íntegramente por el término de seis (6) meses, con cobertura de los sistemas de seguridad social. En los seis (6) meses subsiguientes, percibirán el 50% (cincuenta por ciento) de los haberes con cobertura del sistema de seguridad social; y por último seis (6) meses de cobertura de los sistemas de seguridad social, sin remuneración alguna.
b) Los empleados que no se adhieran al sistema establecido en el punto anterior podrán pasar a retiro voluntario cobrando una indemnización equivalente a la que fija el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los plazos y modalidades que reglamente el Poder Ejecutivo a la que deberán ajustarse la Administración Centralizada, Descentralizada y Autárquica, los Poderes Legislativos y Judicial, el Ministerio Público y Tribunal de Cuentas. (Inc. modificado por el Art. 2 de la Ley 6683/1992).

Art. 22.- Los agentes que hayan pasado a retiro voluntario en cualquiera de los sistemas enunciados en el artículo anterior, no podrán reingresar al empleo público. No podrán hacer uso del retiro voluntario aquellos agentes a los que les falten menos de dos (2) años para acogerse a los beneficios jubilatorios. Los agentes retirados por el sistema dispuesto en la presente ley que desarrollen una actividad económica autónoma, tendrán preferencia en la forma que determine la reglamentación, a los créditos que se establezcan para fomentar la formación de pequeñas unidades de producción. A tales efectos, el Banco de Préstamos y Asistencia Social deberá establecer líneas de financiamiento adecuados para posibilitar estas medidas. CAPÍTULO XI Venta de Bienes Muebles e Inmuebles Innecesarios

Art. 23.- El Poder Ejecutivo Provincial centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los bienes muebles e inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizados o de todo otro ente en que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tenga participación total o mayoritaria del capital o de la formación de decisiones societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión. Se exceptúan de esta disposición las tierras fiscales que se rigen por la Ley de Colonización y en las que hubiere asentamientos habitacionales que se transferirán a sus ocupantes. El Poder Ejecutivo, en el caso de los inmuebles, realizará el respectivo inventario y solicitará autorización legislativa para su venta dentro del término de ciento ochenta (180) días de promulgada la presente. El control de la operación de venta será realizado por el Tribunal de Cuentas.

Art. 24.- A los efectos indicados en el artículo anterior, los organismos y entidades deberán presentar dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente ley, la nómina de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que posean y de los que se encuentren, además, en condiciones de ser vendidos y una estimación del plazo para proceder a su realización. Igual remisión deberá realizarse con relación a los bienes muebles e inmuebles con respecto a los cuales el Estado Provincial y sus entes descentralizados, sea locador o locatario.

CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias.

Art. 25.- Prórroga de plazo: Los plazos establecidos en los capítulos que anteceden para cada una de las medidas específicas dispuestas podrán ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo Provincial por una única vez y por igual período que se consigne en cada caso.

TÍTULO II
DE LA REFORMA DEL ESTADO

CAPÍTULO I
De la Emergencia Administrativa.

Art. 26.- Declaración: Manténgase el estado de emergencia de la prestación de servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico-financiera de la Administración Pública, Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del sector público, Bancos y Entidades Financieras Provinciales y todo otro ente en que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. La ley es aplicable en todos los organismos mencionados en este artículo, aún cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a aquellos entes en que el Estado Provincial, se encuentre asociado a una o varias municipalidades siempre que los respectivos gobiernos municipales presten su acuerdo. El plazo de estado de emergencia se establece en un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Provincial podrá prorrogarlo por una sola vez y por igual término. El estado de emergencia comprende la revisión de todos los contratos con proveedores de bienes y servicios, y obras o servicios o servicios públicos del Estado Provincial y municipalidades, vigentes en cuanto a montos, volúmenes de previsión, plazos de ejecución, condiciones de financiamiento y aspectos técnicos a fin de adecuarlos a las reales posibilidades del erario público con la intervención y compatibilización del Ministerio de Economía de la Provincia.

Art. 27.- Intervención: Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer por un plazo de ciento ochenta (180) días prorrogables por una (1) sola vez y por igual término, la intervención de todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico de propiedad exclusiva del Estado Provincial y/o de otras entidades del sector público provincial de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos.

Art. 28.- Funciones y atribuciones del interventor: Serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponderá al interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la presente. Durante el desempeño de su función, el interventor deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, o en su caso el Ministerio o Secretario del que dependa.

Art. 29.- Facultades del Ministro: El Ministro que fuere competente en razón de la materia o los Secretarios en que aquel delegue tal cometido, se encuentran expresamente facultados para abocarse
en el ejercicio de la competencia de los interventores aquí previstos. Asimismo mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano ministro la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate.

Art. 30.- Órgano de Control: En todos los casos quedará subsistente el órgano de control externo, Tribunal de Cuentas de la Provincia, el que cumplirá su cometido según su normativa específica. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las Asambleas Societarias, los Síndicos en representación del sector público, serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

CAPÍTULO II
De las privatizaciones y participación del Capital Privado.

Art. 31.- Procedimiento: Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Provincial, es requisito previo que hayan sido declaradas “sujetas a privatización” de acuerdo a las previsiones de esta ley.

Art. 32.- La declaración de “sujeta a privatización” será hecha por el Poder Ejecutivo Provincial, debiendo en todos los casos ser autorizada por ley de la Legislatura. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza.

Art. 33.- Alcances: El acto que declare “sujeta a privatización” puede referirse a cualquiera de las formas de privatización sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada. Con el mismo régimen que el indicado en el artículo anterior, la ley especial podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.

Art. 34.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para proceder a la privatización total o parcial, de la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentra a su cargo, o a la
liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Provincial y hayan sido declaradas “sujeta a privatización” conforme a las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta facultad se establecerá, en cada caso, las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán. Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo, en áreas que considere de interés provincial se reservará en el pliego de condiciones la facultad de fijar las políticas de que se trate. En el caso de que la empresa declarada “sujeta a privatización” tuviere construcciones, edificios u otro elemento de reconocido valor histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo dictará las normas para su preservación en el procedimiento de privatización.

Art. 35.- En las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca parcialmente al Estado Provincial, la facultad otorgada en el artículo anterior se limita a la proporción perteneciente al Estado Provincial. La liquidación de las mismas sólo podrán llevarse a cabo cuando el Estado Provincial sea titular de la proporción de capital legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital.

Art. 36.- Autoridades de aplicación: Será autoridad de aplicación a todos los efectos de las disposiciones de este título, el Ministro en cuya jurisdicción se encuentre el ente a privatizar.

Art. 37.- Alternativas y procedimientos: Para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación o en forma directa en su caso, podrá:
1. Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas “sujetas a privatización”.
2. Constituir sociedades, transformar, escindir o fusionar los entes mencionados en el inciso anterior.
3. Reformar los estatutos societarios de los entes mencionados en el inciso primero de este artículo.
4. Disolver los entes jurídicos preexistentes en los casos en que por transformación, escisión, fusión o liquidación corresponda.
5. Negociar retrocesiones y acordar la extinción o modificación de contratos y concesiones formulando los arreglos necesarios para ello.
6. Efectuar las enajenaciones aún cuando se refieran a bienes activos, haciendas productivas en litigio, en cuyo caso el adquirente subrogará al Estado Provincial en las cuestiones, litigios y obligaciones.
7. Otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieran afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales, así como las que se aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convengan para facilitar la operación en el otorgamiento de las concesiones, cuando medien razones de interés provincial, a criterio de la autoridad de aplicación, se dará preferencia al capital provincial. En todos los casos se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad.
8. Autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen por aplicación de esta ley. Los diferimientos referidos alcanzarán a todos los créditos, cualquier sea su naturaleza, de los que sean titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado Provincial. Las sumas cuyo cobro se difiera quedarán comprendidas en el régimen de actualización correspondiente a cada crédito de acuerdo a su naturaleza y origen y, en ausencia del régimen aplicable, el que determine el Poder Ejecutivo Provincial. En todos los casos las quitas, remisiones o diferimientos a otorgar así como su régimen de actualización, deberán formar parte de los pliegos y bases de licitación, cualquiera fuera la alternativa empleada para ello.
9. Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y/o las entidades mencionadas en el artículo 27 de la presente, puedan capitalizar su crédito.
10. Dejar sin efecto disposiciones estatutarias o convencionales que prevean plazos, procedimientos o condiciones especiales para la venta de acciones o cuotas de capital, en razón de ser titular de ésta, el Estado o sus organismos.
11. Disponer para cada caso de privatización y/o concesión de obras y servicios públicos que el Estado Provincial asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de contratación.
12. Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento necesario o conveniente para cumplir con los objetivos de la presente ley.

Art. 38.- Preferencias: El Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas “sujeta a privatización”, cuando los adquirentes se encuadren en algunas de las clases que se enumeran a continuación salvo que originen situaciones monopólicas o de sujeción:
1. Que sean propietarios de parte del capital social.
2. Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermediarias legalmente constituidas.
3. Que sean usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa u otras entidades intermedias legalmente constituidas.
4. Que sean productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituya la actividad del ente a privatizar, organizados en Programas de Propiedad Participada o Cooperativas u otras entidades intermedias legalmente constituidas.
5. Que sean personas físicas o jurídicas que aportando nuevas ventas relacionadas con el objeto de la empresa a privatizar, capitalicen en acciones los beneficios producidos y devengados por los nuevos contratos aportados.

Art. 39.- Modalidades: Las privatizaciones reguladas por esta ley podrán materializarse por alguna de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:
1. Venta de los activos de las empresas, como unidad o en forma separada.
2. Venta de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.
3. Locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de venta.
4. Administración con o sin opción a compra por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de venta.
5. Concesión, licencia o permiso.

Art. 40.- Procedimiento de Selección: Las modalidades establecidas en el artículo anterior, se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificada en cada caso, por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo motivado.
1. Licitación pública, con base o sin ella.
2. Concurso Público, con base o sin ella.
3. Remate Público, con base o sin ella.
4. Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País.
5. Contratación Directa, únicamente en los supuestos de los incisos 2), 3), 4) y 5) del artículo 38 de la presente. Cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar la contratación directa sólo procederá en la parte en que los mismos participen. La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán, cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje, o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.

Art. 41.- Tasación previa: En cualquiera de las modalidades del artículo 39 de esta ley, se requerirá la tasación que deberá ser efectuada por organismos públicos provinciales o nacionales pertinentes. En caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, lo que deberá quedar acreditado por autoridad competente en informe fundado, se autoriza a efectuar las contrataciones respectivas con organismos, entidades o personas privadas, nacionales o extranjeras las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección previsto en el artículo 40 de la presente ley. En cualquier caso la tasación tendrá carácter de Presupuesto Oficial.

Art. 42.- Control: El Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 39, 40, 41, 68 y 69 de la presente y en todos los casos en que esta ley expresamente lo disponga a efectos de formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes. El plazo dentro del cual el órgano de control deberá expedirse será de 10 (diez) días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se continuará la tramitación debiendo devolverse las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente. En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a la Comisión Bicameral creada por esta ley y al Ministerio competente, quien se ajustará a ellas o, de no compartirlas elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo Provincial. Si el Poder Ejecutivo resolviera actuar sin considerar las observaciones formuladas, manifestará dicha decisión y girará las actuaciones, conjuntamente con los fundamentos del caso, a la Comisión Bicameral, la que con acuerdo de ambas Cámaras resolverá en definitiva.

CAPÍTULO III
Del Programa de la Propiedad Participada.

Art. 43.- El Capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas “sujeta a privatización” podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un Programa de Propiedad Participada, según lo establecido en los artículos siguientes.

Art. 44.- Sujetos adquirentes: Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad participada los enumerados a continuación:
a) Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno y sus dependencias.
b) Los usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar.
c) Los productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituyan la actividad del ente a privatizar.

Art. 45.- Estructura y régimen jurídico: El ente a privatizar según el Programa de Propiedad Participada deberá ser organizado bajo la forma de sociedad anónima.

Art. 46.- El capital de la sociedad anónima estará representado por acciones todas con derecho a voto según las condiciones de su emisión. En caso de ser necesario podrán emitir acciones totalmente nuevas en reemplazo de las existentes.

Art. 47.- Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurran adquirentes de distinta clase, sea entre los enumerados en el artículo 38 de esta ley, sea con inversores privados, todas las acciones serán del mismo tipo para todas las clases de adquirentes.

Art. 48.- A través del Programa de Propiedad Participada, cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. La proporción accionaria que le corresponderá a cada uno será determinada
en relación directa al coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse aún en los futuros aumentos de capital.

Art. 49.- La autoridad de aplicación elaborará un coeficiente de participación para cada clase de adquirente, adecuado a cada proceso de privatización de acuerdo con lo establecido en este artículo.
a) Para el caso de los empleados adquirentes el coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y el ingreso total anual del último año actualizado.
b) Para el caso de los usuarios adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo del valor actualizado de los servicios utilizados o de los consumos efectuados durante el último año. Para el caso de usuarios adquirentes individuales, el coeficiente será también representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el usuario adquirente fuera una empresa, el coeficiente será también representativo del total de salarios pagados durante el último año actualizado.
c) Para el caso de los productores adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo del valor actualizado de la producción del último año. Para el caso de productores adquirentes individuales el coeficiente será también representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el productor adquirente sea una empresa el coeficiente será representativo del total de salarios pagados durante el último año actualizado.

Art. 50.- Para cada clase de adquirente la asignación del coeficiente deberá ser el resultado de la aplicación uniforme de la misma fórmula de determinación para todos y cada uno de ellos. Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurran adquirentes de distintas clases de las enumeradas en el artículo 38 de esta ley, la autoridad de aplicación, al elaborar los coeficientes, establecerá explícitamente los criterios de homologación entre los coeficientes correspondientes a cada clase.

Art. 51.- En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Provincial podrá hacer uso de las facultades que le otorga la ley. Cada empleado por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinadas en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia.

Art. 52.- El precio de las acciones adquiridas a través de un Programa de Propiedad Participada será pagado por los adquirentes en el número de anualidades y del modo que se establezca en el acuerdo general de transferencia conforme con lo establecido en esta ley, que no deberá entenderse como limitativo de otro modo de pago que pudiere acordarse.

Art. 53.- En el caso de los empleados adquirentes se destinarán al pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesario. Para el caso de que éstos resultaran insuficientes, se podrá destinar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la participación en las ganancias instrumentadas en el bono previsto en el artículo 51 de esta ley.

Art. 54.- En los casos de los productores adquirentes, se podrá destinar al pago de las acciones hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la producción anual que se elabore en el ente a privatizar. Para el caso de que resultare insuficiente, se podrá destinar al pago hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los dividendos anuales.

Art. 55.- En el caso de los usuarios adquirentes se destinará al pago de las acciones un porcentaje que se adicionará a la facturación de los servicios utilizados o los consumos efectuados. Para el caso de que resulte insuficiente, se podrá destinar al pago hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los dividendos anuales.

Art. 56.- Como garantía de pago, los adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada constituirán una prenda sobre las acciones objeto de la transacción, a favor del Estado vendedor o de la autoridad de aplicación en su caso. A ese efecto, las acciones se depositarán en un banco fideicomisario.

Art. 57.- La sociedad anónima privatizada, depositará en el banco fideicomiso los importes destinados al pago de las acciones previsto en el acuerdo general de transferencia y en los artículos 52, 53, 54 y 55 de esta ley. El banco pagará al Estado vendedor o a la autoridad de aplicación, en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.

Art. 58.- Con el efectivo pago de cada anualidad, se liberará de la prenda prevista en el artículo 56 de esta ley la cantidad de acciones ya pagadas. Las acciones liberadas serán distribuidas por el banco fideicomisario entre todos los adquirentes individualmente considerados, en función del coeficiente que a cada uno le corresponda según lo establecido en los artículos 49 y 50 de esta ley.

Art. 59.- Las acciones pagadas, liberadas de la prenda y asignadas a los adquirentes por los procedimientos establecidos en el artículo anterior serán de libre disponibilidad para su propietario, salvo las limitaciones
establecidas en el acuerdo general de transferencia, las condiciones de emisión o convenciones en contrario.

Art. 60.- Mientras las acciones no hayan sido pagadas ni liberadas de la prenda su manejo será obligatoriamente sindicado. El ejercicio de los derechos políticos, emergentes de las acciones de un Programa de Propiedad Participada será regulado por un convenio de sindicación de acciones suscripto por todos los sujetos adquirentes según lo establecido en este artículo.
a) Los convenios de sindicación de acciones se adecuarán a las condiciones de cada Programa de Propiedad Participada en concreto, pudiendo establecerse reglas específicas para cada adquirente enumerada en el artículo 44 de la presente.
b) Los convenios de sindicación de acciones establecerán la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicales y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en la asamblea de la sociedad con fuerza vinculante para todos.
c) Los convenios de sindicación de acciones establecerán la obligación de designar por mayoría de acciones sindicadas, un representante o síndico para que ejerza el derecho de voto de todos en las asambleas de sociedad anónima.

Art. 61.- Una vez cumplidos los recaudos del artículo 59 de esta ley, la sindicación será facultativa, según las condiciones de emisión, las disposiciones de acuerdo general de transferencia y otras normas convencionales.

Art. 62.- En los casos en que la adquisición de un ente a privatizar concurran adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada con otro tipo de inversores privados, en el acuerdo general de transferencia podrán establecerse mecanismos consensuales independientes de las proporciones relativas de votos entre los distintos grupos de adquirentes, para la adopción de ciertas decisiones esenciales, como la designación del Directorio y de los cuadros superiores de la empresa. CAPÍTULO IV De la protección del trabajador.

Art. 63.- Protección del empleo: Situación laboral: En los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones de esta ley, por cualquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus artículos 39 y 40, deberán tenerse en cuenta como criterio en el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable y eficiente. Los eventuales adquirentes con las organizaciones sindicales representativas del sector correspondiente, deberán convenir los mecanismos apropiados para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados.

Art. 64.- Durante el proceso de privatización ejecutado según las disposiciones de esta ley por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus artículos 30 y 40, el trabajador
seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo.

Art. 65.- Encuadramiento sindical: El proceso de privatización por sí, no producirá alteraciones o modificaciones en la situación, encuadramiento y afiliación en materia sindical de los trabajadores de un ente sujeto a privatización.

Art. 66.- Seguridad Social: Los trabajadores de un ente sometido al proyecto de privatización establecido en esta ley, mantienen sus derechos y obligaciones, en materia previsional y de obra social. Las obligaciones patronales, pasan al ente privatizado.

Art. 67.- La condición de empleado adquirente comprendido en un Programa de Propiedad Participada no implica para el trabajador como tal (independientemente de su condición de adquirente), modificación alguna en su situación jurídico laboral. En consecuencia le son aplicables sin discriminación alguna, las previsiones de los artículos 63, 64, 65 y 66 de esta ley.

CAPÍTULO V
De las contrataciones vigentes.

Art. 68.- Extinción por fuerza mayor: Facúltase al Ministro que fuere competente en razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y de consultoría celebrado con anterioridad a la vigencia de esta ley por el sector público descripto en el artículo 26 de la presente, por razones de emergencia, que a los efectos de esta ley se considera que constituyen causales de fuerza mayor, según en régimen previsto en el artículo 125 de la Ley Provincial Nº 6.424, normas que se declaran aplicables a estos efectos a todas las mencionadas locaciones de obras y contratos de consultoría, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable analógicamente a todos los contratos vigentes celebrados por el sector público descripto en el artículo 26 de esta ley, con las modalidades que surjan de los regímenes jurídicos de esas contrataciones.

Art. 69.- Recomposición del contrato: La rescisión prevista en el artículo precedente, no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratista que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes contratantes. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Ministro competente en razón de la materia y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas.
a) Adecuación del plan de trabajo a las condiciones de disponibilidad de fondos del comitente, sin afectar sustancialmente la ocupación de personal de obreros y empleados afectados directamente a la obra, existente a la fecha de la presente ley.
b) Aplicación sobre los certificados de variación de costos, incluyendo los relativos a costos financieros por el período de pago, de factores de corrección que contemplen la compensación por la distorsión de los sistemas de ajustes de costos contractuales y que, a los efectos de preservar el principio del sacrificio compartido incluyan en sí mismo o por separado un índice de reducción aplicable sobre las diferencias resultantes. La aplicación de este sistema será a partir de la certificación o liquidaciones correspondientes a obra ejecutada en marzo de 1989 y hasta la vigencia del acuerdo que aquí se prevé, el que podrá incluir la aplicación para el futuro de un nuevo sistema de reajuste de costos en reemplazo del vigente a la fecha del presente. Los factores de corrección y, en su caso, sus índices de reducción serán fijados con carácter general por Resolución del Ministro de Economía en la que también se establecerán los plazos y condiciones de pago de las diferencias resultantes, todo lo cual requerirá la expresa aceptación de la contratista formalizada en el convenio a que hace referencia el presente artículo. Para la aplicación de este inciso se requerirá que los contratistas acrediten una distorsión significativa por la aplicación de los sistemas de ajustes o reconocimientos de variaciones de costos previstos en el contrato.
c) Refinanciación de la deuda en mora a la fecha de vigencia de la presente, con la aplicación del sistema que establecerá la reglamentación por todo el período de mora. Este régimen no será aplicable en el supuesto de que se conviniere la cancelación de la acreencia resultante de este inciso y del anterior mediante título de la deuda pública, en cuyo caso regirán las condiciones y modalidades en ellos establecidas.
d) Adecuación del proyecto constructivo a las necesidades de ahorro efectivo de recurso cuando aquellos resulten técnicamente posibles.
e) Prórroga de plazo de ejecución, para lo cual podrán justificarse las demoras ocurridas a partir del mes de marzo de 1989 y hasta la fecha de vigencia de la Resolución Ministerial indicada en el apartado b, del presente artículo, sin aplicación de penalidades ni congelamiento del ajuste de costo, cuando el contratista probare la incidencia directa de la situación de emergencia referida en el artículo 26 de esta ley, en la demora contemplada en este apartado.
f) Renuncia de la contratista de sus derechos a percibir gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo o paralización total o parcial de la obra, devengados entre el 1º de marzo de 1989 y la fecha del acuerdo que aquí se prevé.
g) Renuncia de la contratista a reclamar otras compensaciones o créditos por variaciones de costos no certificadas, salvo los resultantes del acuerdo celebrado, por el período indicado en el apartado anterior. Los acuerdos deberá celebrarse en un plazo mínimo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por igual período máximo y por una sola vez por Resolución del Ministro Competente en razón de la materia. Vencido dicho término sin que se arribe al acuerdo definitivo se procederá según lo indicado en el artículo 58 de esta ley. CAPÍTULO VI De la situación de emergencia en las obligaciones exigibles.

Art. 70.- Sentencias: Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Provincial, Municipal y los demás entes descriptos en el artículo 26 por el plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de vigencia de esta ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en este Capítulo, las sentencias condenatorias contra el Estado Provincial, Municipal y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por el Estado Provincial contra las municipalidades o viceversa. Igualmente quedan suspendidas las ejecuciones que pudieren promoverse por cobros de honorarios en cuanto exceda el tope que establezca la reglamentación, contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados precedentemente.

Art. 71.- Las sentencias y laudos arbitrales que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo anterior no podrán ser ejecutados hasta la expiración de dicho plazo.

Art. 72.- Vencido el plazo del artículo 70 de esta ley, el Juez de la causa fijará el término de cumplimiento de la sentencia, o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de cumplimiento. En ningún caso ese organismo podrá fijar un plazo mayor al de 6 (seis) meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable, conforme con las circunstancias de la causa, el término para el cumplimiento lo fijará el Juez.

Art. 73.- Naturaleza de las obligaciones: A los efectos de los artículos precedentes es indiferente que el objeto de la obligación se hubiera constituido originariamente en una suma de dinero o que se transformara en tal, con motivo de un incumplimiento.

Art. 74.- Excepciones: Quedan excluidos del régimen precedente:
a) El cobro de créditos laborales nacidos con motivo de la relación de empleo público.
b) El cobro de indemnizaciones por expropiación.
c) La repetición de tributos.
d) Los créditos por daño en la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado.
e) Toda prestación de naturaleza alimentaria.
f) Los créditos originados en incumplimiento de aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales. Aportes sindicales no depositados en término.
g) Los créditos generados en la actividad mercantil de los bancos oficiales.
h) Los créditos previsionales (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 6666/1992).
i) Las acciones de amparo.
j) Las acciones por recuperación patrimonial de bienes ilegítimamente desposeídos.

Art. 75.- Transacciones: Durante la sustanciación del pleito o el período de suspensión de ejecución de sentencia o laudo arbitral, podrá, no obstante arribarse a transacciones en las cuales:
a) Las costas se establezcan por el orden causado y las comunes por mitades.
b) Se determine el pago de las sumas debidas en títulos de la deuda pública provincial o equivalentes con las condiciones y modalidades en ellos determinados o bien se establezca una quita no inferior al 20% (veinte por ciento) la refinanciación del saldo resultante yo contemplen mecanismos que posibiliten la reinversión en obras y servicios de la deuda reconocida en la transacción.

Art. 76.- Reclamaciones y recursos: Los actos que resuelven recursos o reclamaciones regidos o no por la Ley 5.348, relativos a controversias sobre supuestos fácticos o de interpretación o aplicación de normas y que reconozcan créditos a favor del recurrente o reclamante, relativas al pago de una suma de dinero o que se traduzcan en el pago de una suma de dinero, se limitarán al mero reconocimiento del derecho, quedando regidos en cuanto a su ejecutoriedad y en lo que resulte pertinente al régimen de los artículos 70 al 75 inclusive de la presente ley. Lo previsto en el citado artículo 75 también resultará aplicable durante la tramitación del recurso o reclamo de que se trate.

CAPÍTULO VII Plan de emergencia del empleo.

Art. 77.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer un Plan de emergencia del empleo, que consistirá en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no supere individualmente A 100.000.000 (australes cien millones), a valores constantes y seis (6) meses de plazo respectivamente. Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las municipalidades previo convenio a celebrarse con las autoridades de la Provincia, mediante procedimiento de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo. Se exigirá que por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de la mano de obra a ocupar tenga residencia en el lugar donde se ejecuten los trabajos. Dichas obras se llevarán a cabo, preferentemente, en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales al Título II.

Art.- 78.- Privatización de servicios: A los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorízase contratar, de manera preferente con la Universidad Nacional de Salta sobre el sector privado, la prestación de servicios de administración consultiva, de contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la administración centralizada y descentralizada, enumerados en el artículo 26 de la presente ley, con excepción del contralor externo establecido por normas especiales. CAPÍTULO IX Censo del Personal del Estado.

Art. 79.- Con la finalidad de recopilar la información necesaria que permita conocer el actual dimensionamiento de la planta de personal del Estado Provincial en cuanto a su cantidad y a su distribución según escalafones, agrupamientos funcionales, categoría, localización territorial, situación de revista y funciones y su real prestación de servicios, facilitándose, asimismo, el cumplimiento de los objetivos de esta ley, dispónese la realización de un censo integral operativo del personal de la Administración Pública Provincial. A tal fin se consideran incluidos en los objetivos del censo a todo el personal de planta permanente y no permanente (contratados, transitorios de plan de obras de reconocimiento de servicios, del agrupamiento político y cualquier otra modalidad de relación laboral con el Estado Provincial) que preste servicios en Administración Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y con participación estatal.

Art. 80.- La ejecución de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá concretarse en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de la presente ley. A este fin, el Poder Ejecutivo a través de los organismos técnicos pertinentes de su dependencia instrumentará la conducción normativa, la organización, planeamiento, programación, ejecución y evaluación de los resultados obtenidos.

Art. 81.- El Poder Ejecutivo deberá remitir, dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del censo a cada una de las Cámaras Legislativas, un informe conteniendo los resultados y conclusiones del mismo, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el mismo plazo. CAPÍTULO X Régimen de Incompatibilidades del Empleado Público.

Art. 82.- Ratifícase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 6.504. En consecuencia, en el ámbito de cada Poder y en un plazo que no exceda el previsto por el censo dispuesto en el Capítulo IX precedente, los agentes públicos deberán presentar declaraciones juradas ante sus oficinas de personal relativa a su situación de revista, consignando los cargos y beneficios de los que sean titulares. Toda omisión o falsa declaración, hará pasible a los mismos de las medidas disciplinarias que correspondan. Asimismo, y sin perjuicio de las sanciones del caso al agente por las transgresiones de estas disposiciones, son responsables de las mismas los superiores jerárquicos inmediatos que no exijan su fiel cumplimiento.

Art. 83.- Transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, se procesarán las declaraciones juradas determinando las incompatibilidades que surjan conforme a lo previsto en el artículo 4º de la Ley 6.504.
El agente que se encontrase incurso en incompatibilidades, deberá optar por algunos de los cargos en que revista dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley. En el caso que el agente no haya hecho efectiva dicha opción y fuera determinada su incompatibilidad de acuerdo al procedimiento que se prevé, se dispondrá su baja automática.

Art. 84.- Los Poderes del Estado deberán informar a la Comisión Bicameral creada por esta ley los resultados del censo del Capítulo IX y de las sanciones impuestas por las situaciones de incompatibilidad detectadas. CAPÍTULO XI Régimen de Contención del Gasto Público.

Art. 85.- (Suprimido por el Art. 2 de la Ley 7062/1999).

Art. 86.- Las autoridades superiores de los Poderes del Estado y sus órganos, deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que se observe en la utilización de electricidad, teléfono, gas y combustible, gastos de Ceremonial, Cortesía y Homenajes, una total austeridad. (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 6780/1995). Reestructuración orgánica funcional del Estado.

Art. 87.- Organismos Centralizados y Descentralizados: El Poder Ejecutivo deberá elaborar en todo el ámbito de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada planes que tiendan a suprimir, transformar, reducir o limitar entes, reparticiones u organismos, a los efectos de otorgar a la Administración un mayor grado de agilidad, celeridad, eficiencia y racionalización en el funcionamiento para el cumplimiento de sus objetivos. A fin de posibilitar lo dispuesto por este artículo, los Ministros de cada área deberán presentar en el término de sesenta (60) días contados a partir de la reglamentación de la presente ley, los proyectos, organigramas, cuadros de cargos, Manual de Funciones y Procedimientos y todo otro sistema de reestructuración que sea pertinente para la realización de los fines propuestos en el párrafo anterior. Estos proyectos deberán evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo sin perjuicio de lo dispuestos por el artículo 19 de la presente.

Art. 88.- Institutos y Organismos Autárquicos Provinciales: Los Presidentes o máxima autoridad ejecutiva de los Institutos y Organismos Autárquicos Provinciales, cuyas funciones tengan incidencia directa o indirecta en la actividad económica provincial, deberán proponer al Poder Ejecutivo, las medidas que estimen necesarias y convenientes para mejorar la eficiencia y eficacia de las prestaciones y cometidos asignados al organismo. Mientras dure la emergencia, será necesaria la aprobación del Gobernador de la Provincia para que dichos órganos puedan designar, promover y remover a su personal.

Art. 89.- Las Cámaras de Diputados y Senadores en ejercicio de sus atribuciones realizarán, dentro del ámbito de ese Órgano Poder, los planes de reestructuración en las formas, plazos y modos similares establecidos en el artículo 87. Invítase a la Corte de Justicia y a la Procuración General de la Provincia a adoptar procedimientos análogos.

Art. 90.- Publicación de Balance: Los entes mencionados en el artículo 26, cuando así corresponda por la naturaleza de su actividad, deberán efectuar sus balances y demás estados, información contable de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, correspondientes los que serán publicados trimestralmente siguiendo los criterios establecidos para las sociedades que coticen en Bolsa. Todos los entes y organismos contemplados en las normas citadas, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 62, último párrafo de la Ley 19.550, a los efectos de la elaboración de los estados contables o patrimoniales, según corresponda.

Art. 91.- Ejercicio de derecho societario: Los derechos societarios correspondientes al sector público provincial en las sociedades o entes con participación de capitales privados, o capitales
públicos provinciales o municipales, serán ejercidos por intermedio del o los funcionarios que el Poder Ejecutivo designe, quien planteará en el seno del ente la moción de adhesión al régimen de la presente ley cuando ésta sea integrada con capital municipal.

TÍTULO III
Disposiciones comunes a los Títulos I y II.

Art. 92.- Comisión Bicameral: Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial una Comisión Bicameral integradas por seis senadores y seis diputados quienes serán elegidos por sus respectivos Cuerpos, la que establecerá su estructura interna. Dicha Comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos Cuerpos Legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley. Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele a la información la documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada para dictarse su propio Reglamento de Funcionamiento. Asimismo el Tribunal de Cuentas de la Provincia actuará en colaboración permanente con esta Comisión.

Art. 93.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 94.- Derógase toda disposición legal que se oponga a la presente ley. Todo conflicto normativo relativo a la aplicación de la presente deberá resolverse en beneficio de ésta.

Art. 95.- Invítase a los municipios de la provincia de Salta a dictar los instrumentos legales correspondientes, a fin de adherirse a las disposiciones de la presente.

Art. 96.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los quince días del mes de marzo del año 1990.





 
Firmantes
Néstor Gerardo Saravia  - Julio Argentino San Millán - Raúl Román - Joaquín Rosa
 
decreto_promulgacion Salta, 23 de marzo de 1990.
DECRETO Nº 480

Ministerio de Economía

El Gobernador de la provincia de Salta DECRETA Téngase por Ley de la Provincia Nº 6583, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

HERNÁN H. CORNEJO – Oscar A. Salvatierra – Laureano Almirón
*(Ley prorrogada por el termino de un año, por el Art. 2 de la Ley Nº 7872/2015). 


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A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.