DETALLE DE LA LEY Nº 7328
Nº de Ley 7328 
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Decreto Nº 3367/07 - CREACION DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
 
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Referencia
Ley Nº 7797 - PROMULGADA POR DCTO. M.J. Nº 3458 DEL 05/12/13 – PROCESAL PENAL – ORGANICA DE LA JUSTICIA PENAL – IMPLEMENTACION EN DISTRITOS JUDICIALES
Ley Nº 7403 - PROTECCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Aviso Nº 100045124 - MINISTERIO PUBLICO PROVINCIA DE SALTA Nº 12753/14 SECRETARIOS LETRADOS ACTOS PROCESALES
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Título ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO - PROMULGADA Y VETADA PARCIALMENTE POR DCTO. N° 2948 DEL 20/12/04 
Nro Boletin 17038 
Fech Sancion 30/11/2004 
Fech Publicacion 30/12/2004 
Descripcion Expte. 91-11.999/02

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, sancionan con fuerza de LEY:

ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO


TITULO I


CAPITULO I


Disposiciones Generales


Artículo 1°.- APLICACION. Las competencias, el orden jerárquico, número, sede, atribuciones y responsabilidades de los fiscales, defensores, asesores de incapaces y demás funcionarios que conforman el Ministerio Público de la Provincia como así también lo concerniente a la organización, facultades y funcionamiento de su Colegio de Gobierno, se reglamentan por la presente Ley.

Art. 2°.- INTEGRACION. El Ministerio Público es integrado y ejercido por el Procurador General, el Defensor General, el Asesor General de Incapaces y por los fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces de todas las Instancias y fueros, los que son asistidos por los secretarios letrados.

Asimismo está integrado por los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal administrativo.

Art. 3°.- UNIDAD DE ACTUACION. El Ministerio Público es único e indivisible; cada uno de sus funcionarios cuando actúa en un procedimiento, lo representa íntegramente.

Art. 4°.- AUTONOMIA FUNCIONAL. SEDE. En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público y en consecuencia, no está sujeto a instrucciones formuladas por ninguno de ellos.

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público tendrá su sede en la ciudad de Salta. Los demás órganos tendrán su sede en la localidad en la que cumplan funciones o donde lo fije el Reglamento General o donde lo indique el Colegio de Gobierno.

Art. 5°.- FUNCIONES. Son atribuciones y deberes judiciales y extrajudiciales que competen al Ministerio Público las establecidas en la Constitución Provincial, en los Códigos de Procedimientos, demás leyes y especialmente las fijadas por la presente para cada uno de los órganos.

Art. 6°.- ORDEN JERARQUICO. Las relaciones de los órganos del Ministerio Público así como las que correspondan a la organización administrativa serán fijadas en lo relativo al orden jerárquico, por el Reglamento General. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y de los demás funcionarios a su cargo, quienes deben obedecer sus instrucciones e indicaciones.

Art. 7°.- COLEGIO DE GOBIERNO. El Colegio de Gobierno será desempeñado en forma conjunta por el Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, quienes ejercerán las facultades de superintendencia y todas las potestades administrativas, económicas y reglamentarias para el funcionamiento de ese órgano del Estado.

Fijarán las políticas del Ministerio Público en la Provincia y sus integrantes tendrán la facultad de avocarse en los trámites judiciales que se encuentren radicados en la Corte de Justicia de la Provincia.

El Colegio de Gobierno designará de entre sus miembros un (1) Presidente que durará dos (2) años en sus funciones y podrá ser reelecto para sucesivos períodos.

El Colegio de Gobierno motivadamente tomará todas sus decisiones por mayoría simple de votos, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. Queda exceptuada de esta disposición la facultad de avocamiento, que resultará concretada por la sola voluntad del superior. El quórum será de dos (2) integrantes.

El Presidente del Colegio de Gobierno será el representante del Ministerio Público a los fines institucionales y protocolares.

Art. 8°.- COLABORACION. Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución Provincial, los restantes Poderes del Estado, están obligados a prestar al Ministerio Público la colaboración que éste requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones, dentro del marco de las leyes de la Provincia.

Art. 9°.- PRESUPUESTO. El Colegio de Gobierno del Ministerio Público, ejerciendo la atribución conferida por el artículo 166 inciso i) de la Constitución Provincial, y a los fines de la inclusión del mismo en el proyecto de ley de presupuesto previsto en el artículo 144 inciso 8), propondrá anualmente el presupuesto del Ministerio Público y lo remitirá al Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio de cada año. Por razones fundadas podrá proponer presupuestos plurianuales.

Art. 10.- COMPETENCIAS. Compete al Ministerio Público Fiscal la interposición y prosecución de las acciones procesales emergentes de la comisión de delitos de acción pública en los procesos tramitados ante los juzgados y tribunales con competencia en lo penal y además, en los restantes tipos de procesos, deducir pretensiones u oponerse a pretensiones y peticiones contenciosas y extracontenciosas en las que estuviera comprometido el orden público o lo dispongan las leyes. Le compete, también, la interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa de la constitucionalidad nacional y local como fundamento del ordenamiento de la Provincia, del medio ambiente y los intereses difusos y el ejercicio de la acción civil pública.

Compete a la Defensoría General, el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial, y cuando resulte necesario, ejercerá judicialmente la defensa de los derechos de aquellas; igualmente ejercerá la defensa de quienes estuviesen ausentes o fuesen declarados tales, en toda clase de procedimientos judiciales o no judiciales, que entiende la inviolabilidad de la defensa de las personas y sus derechos, además de la sede judicial, a la esfera administrativa y también al ámbito de las entidades de derecho privado. Asimismo ejercerá las defensas penales conforme al artículo 19 de la Constitución Provincial.

Compete a la Asesoría General de Incapaces velar por la persona, bienes, y derechos de los menores, inhabilitados judicialmente y demás incapaces de hecho, tanto en el ámbito judicial como fuera de éste. Ejerce, además, las funciones de asesoramiento y contralor previstas en las leyes de fondo, en las normas procesales y en esta Ley.

Art. 11.- DESIGNACION Y REMOCION DEL COLEGIO DE GOBIERNO. El Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces son nombrados por el Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. Duran seis (6) años en sus funciones, pueden ser designados nuevamente y son removidos por las mismas causales e idéntico procedimiento que el instituido para los Jueces de la Corte de Justicia.

Art. 12.- DESIGNACION Y REMOCION DE LOS FUNCIONARIOS. Los fiscales, defensores y asesores de incapaces de todas las instancias son designados por el Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo del Senado prestado en sesión pública, previa selección de los postulantes por el Consejo de la Magistratura. Son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño, pudiendo ser removidos por las mismas causales e idéntico procedimiento que el instituido para los jueces inferiores.

Art. 13.- OTRAS DESIGNACIONES. Los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público son designados por el Colegio de Gobierno, previo concurso conforme a lo dispuesto por el artículo 166 inciso h) de la Constitución Provincial, y en cumplimiento de los criterios objetivos de selección dispuesto por el artículo 64, inciso 2) de aquella.

El Reglamento General del Ministerio Público fijará los principios y objetivos de la carrera administrativa.

Art. 14.- CONCURRENCIA AL DESPACHO. Los fiscales, defensores y asesores de incapaces; demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público, deberán concurrir diariamente a su despacho y cumplir con el horario establecido.

Art. 15.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los miembros del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, los fiscales, defensores y asesores de incapaces tienen las mismas inhabilidades e incompatibilidades que la Constitución Provincial y las leyes han dispuesto para los jueces.

Los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que fija el artículo 62 de la Constitución Provincial y las leyes.

Art. 16.- REMUNERACIONES. Los integrantes del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, percibirán una retribución equivalente a la de un Juez de Corte de Justicia y la de los demás integrantes la establecerá el Colegio de Gobierno en una suma no superior al noventa por ciento (90%) de la que perciba el titular del Tribunal ante el cual haya sido designado para actuar en forma permanente. Estas remuneraciones no podrán ser suspendidas ni disminuidas sino por leyes de carácter general, extensivas a todos los poderes del Estado.

El Reglamento General del Ministerio Público fijará las remuneraciones de los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal administrativo.

Art. 17.- REGLAMENTO GENERAL. Lo concerniente a asuntos administrativos relacionados con el funcionamiento del Ministerio Público, el procedimiento disciplinario, las cuestiones edilicias, horarios y demás circunstancias que no estén legisladas por la presente, podrán ser motivo de regulación reglamentaria para lo cual el Colegio de Gobierno tiene la más amplia potestad. En lo posible se le dará una estructura unitaria, bajo el título de Reglamento General del Ministerio Público.

CAPITULO II


Requisitos


Art. 18.- COLEGIO DE GOBIERNO. Para ser Procurador General, Defensor General y Asesor General de Incapaces, con arreglo a los artículos 165 y 154 de la Constitución Provincial, se requiere:

1) Ser ciudadano argentino.

2) Poseer título de abogado.

3) Tener treinta (30) años de edad como mínimo.

4) Tener diez (10) años de ejercicio de la profesión de abogado o del ejercicio de la magistratura o del Ministerio Público.

5) Tener cuatro (4) años de residencia inmediata en la Provincia, si no hubiera nacido en esta.

Art. 19.- DE LOS FUNCIONARIOS. Para ser fiscales ante la Corte y para los Fiscales y Defensores ante las Cámaras de cualquier fuero, se requiere:

1) Ser ciudadano argentino.

2) Poseer título de abogado.

3) Tener treinta (30) años de edad como mínimo.

4) Tener diez (10) años de ejercicio de la profesión de abogado o en la función Judicial o ejercicio de la magistratura o del Ministerio Público.

5) Tener cuatro (4) años de residencia inmediata en la Provincia, si no hubiera nacido en esta.

Para los demás fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces del Ministerio Público, de todos los fueros, se requiere:

1) Ser ciudadano argentino.

2) Poseer título de abogado.

3) Tener veintiséis (26) años de edad como mínimo.

4) Tener seis (6) años de ejercicio de la profesión de abogado o en la función judicial o del ejercicio de la magistratura o del Ministerio Público.

5) Tener cuatro (4) años de residencia inmediata en la Provincia, si no hubiera nacido en esta.

Art. 20.- DEMAS FUNCIONARIOS, PROFESIONALES AUXILIARES Y PERSONAL. Los demás funcionarios, profesionales auxiliares del Ministerio Público, así como el personal administrativo, técnico y de maestranza deberán cumplir con los requisitos de admisión, que sean establecidos por el Reglamento General que dicte el Colegio de Gobierno. Todo ingreso a planta permanente será por concurso. El reglamento deberá prever, para los casos que corresponda, el requisito de ser ciudadano argentino con cuatro (4) años de residencia inmediata en la Provincia, si no hubiera nacido en esta.

Art. 21.- JURAMENTO. Los funcionarios del Ministerio Público deberán prestar juramento ante el Colegio de Gobierno, en la forma y condiciones que determine el Reglamento General.

CAPITULO III


Sustituciones, Excusaciones y Recusaciones


Art. 22.- REEMPLAZOS. Para los casos de recusación, excusación, licencias, vacancias u otros impedimentos, los funcionarios del Ministerio Público, que por cualquier motivo se hallen imposibilitados de ejercer sus funciones, serán reemplazados con arreglo al Reglamento General.

El desempeño de sustituciones no generará derecho a retribución o compensación económica, a menos que la misma supere los límites mínimos que se establezcan en el Reglamento General, el cual también fijará la compensación que corresponda percibir.

Art. 23.- CAUSALES. Los funcionarios del Ministerio Público se excusarán y serán recusados por las causales previstas en la legislación procesal vigente.

Art. 24.- COLEGIO DE GOBIERNO. El Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, en caso de licencia, enfermedad, vacancia u otro motivo de impedimento, se reemplazarán entre sí en todas las funciones que le son propias.

En caso de impedimento de dos o más integrantes del Colegio de Gobierno, el Reglamento General establecerá el orden del reemplazo.

Los fiscales, defensores y asesores de incapaces serán reemplazados en la forma que esta Ley dispone.

Art. 25.- TRASLADOS. El traslado de un Distrito Judicial a otro, respecto de los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal, sólo podrá realizarse con el consentimiento de éstos. Dentro del asiento del mismo Distrito será potestad del Colegio de Gobierno disponer esos traslados, sin necesidad del consentimiento del trasladado.

CAPITULO IV


Disposiciones Comunes


Art. 26.- CITACIONES Y REQUERIMIENTOS. Los defensores oficiales civiles y asesores de incapaces integrantes del Ministerio Público podrán citar a su despacho a cualquier persona salvo que tuvieren tratamiento especial, cuando ello sea necesario para el desempeño de sus funciones. Podrán también dirigirse a cualquier autoridad policial, funcionario público o institución pública o privada, solicitando informes, testimonios de los Registros Públicos, medidas en interés de sus patrocinados o las actuaciones judiciales o extrajudiciales que estuviesen bajo su dirección.

Art. 27.- DICTAMENES. Los dictámenes emitidos en las tramitaciones por los representantes del Ministerio Público no son vinculantes salvo en los casos de excepción expresamente previstos en las leyes.

Los formularán motivada y específicamente en sus requerimientos y conclusiones, bajo sanción de inadmisibilidad.

Art. 28.- INSTRUCCIONES. El Colegio de Gobierno en forma conjunta o el Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, en forma individual y para sus áreas de competencia, podrán impartir instrucciones generales para el mejor cumplimiento de las funciones del Ministerio Público en cuestiones judiciales o extrajudiciales. Siempre serán dadas por resolución fundada y serán obligatorias.

Cuando la instrucción general sea objetada y concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Art. 29.- COMUNICACIONES. Los integrantes del Ministerio Público comunicarán por escrito a su superior jerárquico inmediato o a la oficina que indique el Reglamento General los asuntos a su cargo en forma anual. Cuando por la importancia, trascendencia o complejidad del asunto el informe no pueda demorarse y requiera una asistencia especial, lo harán por escrito indicando las cuestiones, los problemas y las alternativas de solución.

Art. 30.- CARRERA. Los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal tendrán derecho a la carrera con arreglo a la garantía del artículo 64 de la Constitución Provincial.

Art. 31.- EXENCIONES TRIBUTARIAS. Las actuaciones del Ministerio Público no estarán sujetas al pago de ningún tributo sea de la naturaleza que fuere.

TITULO II


MINISTERIO PUBLICO FISCAL


CAPITULO I


Del Procurador General


Art. 32.- FUNCIONES. El Procurador General ejerce la jefatura de los fiscales de todos los fueros, pudiendo dictar las instrucciones generales que estime necesarias para la función operativa de aquellos.

Corresponde al Procurador General de la Provincia:

1) Intervenir en las causas de competencia originaria de la Corte de Justicia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 153, número II, incisos a), b) y c) de la Constitución Provincial. Esta función podrá ser delegada en los fiscales ante la Corte de Justicia.

2) Promover ante los tribunales competentes las pretensiones o peticiones procesales vinculadas a la defensa del medio ambiente o de los intereses difusos, en las condiciones previstas en el artículo 166 inciso f) de la Constitución Provincial, en la presente Ley y en las normas que regulen la materia ambiental. Idéntica atribución tendrán para realizar presentaciones y peticiones con ese fin ante organismos administrativos nacionales, provinciales o municipales.

3) Con arreglo al artículo 31 de la Constitución Provincial tendrá legitimación activa en toda cuestión judicial o extrajudicial que se suscite en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, debiendo velar por la eficaz defensa de esos derechos.

4) A los fines del inciso anterior y también para el cumplimiento del deber constitucional del Ministerio Público de colaborar con la buena marcha de la administración de justicia tendrá la jefatura de toda oficina que, como vía alternativa de resolución de conflictos, sea creada por el Colegio de Gobierno.

5) Velar por la observancia de los términos y plazos procesales de las causas a su cargo, evitando que se produzcan prescripciones o caducidades, y haciendo observar el cumplimiento de las leyes impositivas vinculadas a las mismas. A tales fines formulará por sí o por intermedio de los restantes órganos del Ministerio Público Fiscal, las pretensiones o peticiones procesales que correspondan ante la Corte de Justicia y los demás Tribunales, a los fines de una rápida administración de justicia, cuando se encontrasen vencidos los plazos fijados por las leyes para dictar sentencias o resoluciones.

6) Instar a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de todas las instancias al cumplimiento de sus obligaciones, supervisando las mismas.

7) Expedir instrucciones generales a los fiscales de todos los fueros e instancias y atender las consultas que le fueren formuladas por los mismos.

8) Visitar en la forma que lo disponga el Reglamento las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales.

9) Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas de trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique.

10) Las demás funciones dispuestas por las leyes de la Provincia y las que le fueron encomendadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

11) Formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

CAPITULO II


De los Fiscales del Ministerio Público


Art. 33.- ATRIBUCIONES. Serán fiscales del Ministerio Público:

1) Fiscales ante la Corte de Justicia.

2) Fiscales de Cámara.

3) Fiscales Correccionales.

4) Fiscales de Primera Instancia.

5) Agentes Fiscales.

6) Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias.

Art. 34.- FISCALES ANTE LA CORTE DE JUSTICIA. Los fiscales ante la Corte de Justicia actuarán en todas las causas en trámite por ante ese Tribunal por competencia recursiva, fijada por las leyes. Tendrán además de las funciones que les encomiende el Procurador General, las siguientes atribuciones:

1) Sustituir al Procurador General en las causas judiciales sometidas a su conocimiento, cuando lo resuelva aquel, o quien lo reemplace en caso de licencia, excusación, impedimento o vacancia.

2) Informar anualmente al Procurador General acerca de todas las causas sometidas a su dictamen.

Art. 35.- ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS. Los fiscales ante la Corte de Justicia tendrán además todas las facultades y atribuciones administrativas que les asigne el Reglamento General. Deberán llevar un registro ordenado de las actividades de su oficina y enviar cada año al Procurador General, durante los primeros quince (15) días del mes de marzo, un informe pormenorizado de sus actividades durante al año anterior.

Art. 36.- FISCALES DE CAMARA. Los fiscales de cámara actuarán, según los decretos de designación, ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cámara de Apelaciones del Trabajo, Cámara de Acusación y Cámaras en lo Criminal, aún cuando se desempeñe como tribunal unipersonal.

Art. 37.- INTERVENCION. Los fiscales de cámara deberán tomar parte en todas las cuestiones judiciales que obliguen su intervención en el modo y la forma que lo dispongan los Códigos de Procedimientos, las leyes orgánicas de cada fuero y las demás leyes. Deberán cumplimentar las obligaciones administrativas que disponga el Reglamento General, especialmente en lo concerniente a los informes periódicos de su gestión.

Art. 38.- DEBERES. Deberán velar por el cumplimiento de los plazos procesales, del debido proceso y de la vigencia del principio de legalidad, siendo su intervención obligatoria, además de lo indicado en el artículo anterior, en cuestiones de: competencia, excusaciones y recusaciones, de familia y toda otra cuestión en que esté interesado el orden público.

Art. 39.- ORGANIZACION JERARQUICA. Serán los superiores jerárquicos de su personal. Deberán evacuar las consultas que los fiscales de primera instancia de su mismo fuero les formulasen respecto a la materia de su competencia. En caso de vacancia, licencia, excusación y recusación se reemplazarán entre sí de la forma que determine el Reglamento General. Asimismo reemplazarán a los fiscales ante la Corte de acuerdo a las disposiciones reglamentarias.

Art. 40.- COOPERACION. Los fiscales ante la Cámara del Crimen deberán continuar ante las respectivas cámaras o tribunal unipersonal en su caso la intervención de los agentes fiscales con arreglo a la ley procesal; sin perjuicio de que en caso de estar en desacuerdo con la requisitoria fiscal pueda convocar al Agente Fiscal que corresponda a los fines de que mantenga oralmente la acusación.

Cuando razones de economía procesal o mejor desarrollo del juicio oral resulte necesaria la cooperación del Agente Fiscal que intervino en la instrucción, podrán requerir su colaboración e intervención en el proceso. La designación podrá recaer en otro Agente Fiscal cuando lo aconsejen razones de orden práctico.

Art. 41.- FISCALES CORRECCIONALES. Los fiscales correccionales actuarán ante los Juzgados Correccionales en la forma y manera que lo indique la ley procesal.

Cuando proceda una excepción al procedimiento sumario y razones de mejor servicio indiquen la necesidad de cooperación por parte del Agente Fiscal que actuó en la instrucción, el Fiscal Correccional podrá requerirla al Procurador General.

Art. 42.- REEMPLAZO. Los fiscales de primera instancia y agentes fiscales se reemplazan entre sí conforme las disposiciones del Reglamento General y en su caso, reemplazan a los fiscales de cámara y fiscales correccionales en caso de vacancia, licencia, excusación, recusación u otras causas. Deben elevar en la forma y modo que indique el Reglamento General un informe estadístico de la labor desarrollada.

Art. 43.- DEBERES. Deben controlar, además de lo que disponen la Constitución Provincial y las leyes vigentes, la aplicación estricta del principio de legalidad, velando por la agilidad procesal en la tramitación de las causas y procurando evitar nulidades y la prescripción de la acción penal público. Deben intervenir en los casos en los que esté interesado el orden público.

Art. 44.- FISCALES DE PRIMERA INSTANCIA. Los fiscales de primera instancia ejercerán sus funciones ante los juzgados con competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de minería, penal y de ejecución de sentencia, conforme lo disponga el instrumento de designación, haciéndolo con arreglo a lo que disponen los códigos procesales y demás leyes.

Las disposiciones del párrafo anterior serán aplicables a los agentes fiscales. A estos les corresponde en forma exclusiva la promoción de la acción penal pública.

Art. 45.- DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS INSTANCIAS. Los fiscales de todas las instancias deberán además:

1) Velar por la recta administración de justicia, cumpliendo con sus obligaciones procesales y cuidando el cabal cumplimiento de las sentencias, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones que deban aplicar los tribunales, interponiendo los recursos o peticionando las sanciones pertinentes.

2) Promover ante los tribunales en los que se desempeñen el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Procesal Penal. Continuar con los recursos oportunamente interpuestos, sin perjuicio de su facultad para desistirlos mediante decisión fundada.

3) Realizar con el Procurador General o en la forma que lo disponga el Reglamento General, la visita a las cárceles y establecimientos de internación y policiales de la Provincia, a fin de verificar el cumplimiento de la garantía constitucional del respeto a los derechos humanos, estando obligados a promover en forma inmediata las acciones que correspondan en sede judicial o administrativa, según las infracciones que se adviertan;

4) Intervenir también cuando sea requerido su dictamen por el juez del proceso, en tanto pueda estar afectada una norma o garantía constitucional, el orden público, el estado civil de las personas, pudiendo asimismo, requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad, en especial los puntualizados en el artículo 166 de la Constitución Provincial;

5) Ejercer las acciones penales públicas y las acciones civiles públicas. En el caso que el delito se cometa en una audiencia judicial el Fiscal presente solicitará la remisión de las actuaciones o su testimonio al Agente Fiscal en turno.

TITULO III


DEFENSORIA GENERAL


CAPITULO I


Del Defensor General


Art. 46.- FUNCION. El Defensor General ejerce la jefatura sobre los defensores oficiales de todos los fueros, pudiendo dictar las instrucciones generales que estime necesarias para la función operativa de aquellos en sede judicial y extrajudicial.

Art. 47.- ATRIBUCIONES. Posee las atribuciones que la presente Ley le otorga al Procurador General en el artículo 32, incisos 1), 5), 6), 8) y 10).

CAPITULO II


De los Defensores Oficiales y Defensores de Ausentes


Art. 48.- ATRIBUCIONES Y DEBERES. Los defensores oficiales de todos los fueros designados como tales en el Ministerio Público tienen como atribuciones y deberes la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos y de las personas que estuvieren ausentes o fueren declarados tales, en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos y de quienes se nieguen a designar defensor en los procesos penales u optaren por el Defensor Oficial. A los fines de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Provincial, el Ministerio Público proveerá también a las personas de modestos recursos, además del patrocinio letrado, consultorios jurídicos gratuitos y la defensa de sus derechos se extenderá hasta el seno de las entidades de derecho privado.

Tienen el deber de velar por los derechos y el estado físico y psíquico de toda persona detenida o encarcelada en establecimientos provinciales. Este deber, en su caso, se extenderá a los derechos de visita de sus familiares directos e inmediatos.

Tienen facultades suficientes para intentar la conciliación de toda cuestión que los particulares sometan a su consulta.

Art. 49.- COMPETENCIAS. Corresponde a los defensores oficiales, según los fueros e instancias de actuación:

1) Actuar ante todos los órganos judiciales de cualquier fuero e instancia, ante los organismos del poder público y ante las instituciones privadas, como parte legítima y esencial de la defensa de todos los asuntos contenciosos o voluntarios en los cuales se controvirtiesen los derechos personales o patrimoniales de las personas de escasos recursos, cuando les haya sido otorgada la representación y de los ausentes declarados tales en juicio cuando lo disponga el magistrado.

2) Evacuar consultas sobre cuestiones jurídicas de cualquier naturaleza que efectúen las personas carentes de recursos y gestionar en su caso, el beneficio de litigar sin gastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y representarlas en toda cuestión judicial o extrajudicial. El Reglamento General dispondrá todo lo concerniente a la definición del concepto de persona de modestos recursos, así como los modos y procedimientos de atención.

3) Asumir la defensa de los imputados y detenidos que no hubieren designado defensor particular, sin que sea requisito la falta de recursos, en cualquier estado de la causa y de acuerdo a las normas procesales vigentes.

4) Ejercer, en su caso, la representación o el patrocino letrado en las solicitudes de libertad condicional; como así también, respecto de todas las peticiones que fueren formuladas ante los jueces por los condenados por sentencia firme con relación al cumplimiento de la misma.

5) Patrocinar a las personas de escasos recursos en las demandas civiles o querellas por delito de acción privada que hubieren de promover ante la justicia.

6) Ejercerá la defensa y representación de aquellas personas que por desconocerse su domicilio, sean citadas por edictos y las leyes procesales indiquen que deba intervenir el Defensor de Ausentes.

7) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes.

Art. 50.- CARTA PODER. REQUISITOS. La representación en juicio de las personas de escasos recursos podrá ser acreditada mediante carta poder autorizada por el Defensor Oficial a cuyo favor se otorga. El Reglamento General fijará las formalidades de dicha carta poder, la forma y modo en que se distribuirán los formularios de la misma y los requisitos y procedimientos para que el peticionante sea considerado como persona de modestos recursos. Sin perjuicio de ello, el instrumento deberá contener obligatoriamente en forma clara y precisa la identidad del otorgante y la enunciación concreta de las acciones a ejercer.

Art. 51.- HONORARIOS. En juicio civil y comercial el juzgado o tribunal interviniente deberá regular, cuando hubieren obtenido éxito, los honorarios de los defensores oficiales, los que estarán a cargo de la contraria vencida.

Siempre los percibirá el Ministerio Público y no el Defensor Oficial interviniente.

Los representantes del Ministerio Público no podrán ser condenados al pago de costas.

La regulación será comunicada al Defensor General quien está legitimado para perseguir su cobro, con las exenciones tributarias previstas en la presente Ley.

Los honorarios cobrados ingresarán al Ministerio Público y su destino será fijado por el Reglamento General, no pudiendo aplicarse como retribución para sus integrantes bajo ningún concepto.

TITULO IV


MINISTERIO PUBLICO PUPILAR


CAPITULO I


Del Asesor General de Incapaces


Art. 52.- FUNCIONES. El Asesor General de Incapaces ejerce la jefatura sobre los asesores de incapaces de todos los fueros, pudiendo dictar las instrucciones generales que estime necesarias para la función operativa de aquellos en sede judicial y/o administrativa.

Art. 53.- ATRIBUCIONES. Posee las atribuciones que la presente Ley le otorga al Procurador General en el artículo 32, incisos 1), 5) primer párrafo, 8) en tanto sean establecimientos donde se encuentren alojados incapaces, 10) y las que se le otorgan a los asesores de incapaces.

Tiene también las atribuciones, facultades y deberes que establece el Código Civil y sus leyes complementarias respecto del Ministerio Pupilar.

CAPITULO II


De los Asesores de Incapaces


Art. 54.- FUNCIONES. Los asesores de incapaces tienen la misión de velar por la persona, los bienes y los derechos de quienes son incapaces de hecho; estos deberes comprenden tanto el ámbito judicial como extrajudicial.

Art. 55.- CUESTIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. Los asesores de incapaces ejecutan las políticas determinadas por el Colegio de Gobierno para el área e intervienen en todas las cuestiones judiciales o extrajudiciales que se relacionen con la persona e intereses de los menores e incapaces como representantes, en forma exclusiva o promiscua de los mismos, ejerciendo los derechos y facultades que para protección de aquellos les otorgan las leyes. Actúan en primera y segunda instancia indistintamente, no pudiendo ejercer las facultades procesales que corresponden a los defensores oficiales.

Art. 56.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. Los asesores de incapaces tendrán las siguientes atribuciones y deberes:

1) Actuar ante todos los órganos judiciales o no judiciales, como parte legítima y esencial en todo asunto contencioso o voluntario y en todo acto en los cuales se interesen las personas o bienes de los incapaces, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Civil y las demás leyes;

2) Controlar la conducta de los representantes legales de los menores e incapaces con respecto a la conservación de los bienes de propiedad de éstos;

3) Promover las acciones de suspensión o privación de la patria potestad y las referidas a las designaciones, remociones y sustituciones de tutores, curadores, tenedores o guardadores;

4) Intervenir en las operaciones de inventario de los bienes de los incapaces y en todos los negocios jurídicos referidos a tales bienes;

5) Sustituir a los representantes de los incapaces en el ejercicio de toda pretensión, petición o defensa procesal cuando sus representantes legales no las ejercitaran o sus intereses respectivos se encontraren en contradicción;

6) Atender las quejas que les sean presentadas por malos tratos dado a menores e incapaces y que tengan origen en conductas de sus padres, guardadores u otras personas, elevando las mismas a los Jueces e instando las medidas pertinentes para hacer cesar tales hechos. Podrá actuar de oficio cuando tome conocimiento sin necesidad de presentación de queja formal;

7) Solicitar el acogimiento, en casas de familias apropiadas, de los menores abandonados, cuidando de que reciban trato familiar;

8) Solicitar la internación de menores con problemas de conducta, en institutos especializados;

9) Inspeccionar los establecimientos de menores en el modo y tiempo que lo disponga el Reglamento General, tomando conocimiento del tratamiento y educación que se les da a los mismos, dando cuenta a quien corresponda de los abusos o defectos que notaren;

10) Proceder a la defensa y protección de las personas, bienes y derechos de los incapaces en sede tanto judicial como extrajudicial;

11) Actuar como tutor o curador público con las obligaciones y competencias que les fija el Código Civil y demás leyes, cuando no exista designación de otra persona en esas funciones.

Art. 57.- REPRESENTACION PROMISCUA. El Ministerio Pupilar será siempre parte esencial de los procesos penales en los cuales intervengan menores y su intervención no cesará aún cuando sea designado un defensor oficial integrante del Ministerio Público para la defensa técnica del menor.

TITULO V


FACULTADES, ATRIBUCIONES Y DEBERES EXTRAJUDICIALES


CAPITULO I


Protección del Medio Ambiente y de los Intereses Difusos


Art. 58.- LEGITIMACION. Con arreglo a las Constituciones Nacional y Provincial, el Ministerio Público es competente para ejercer la defensa y protección del medio ambiente. Para ello tendrá legitimación procesal activa sea que actúe por denuncia o de oficio; igual posición ocupará cuando reclame en sede administrativa o ante personas jurídicas y frente a los particulares.

Art. 59.- INTERES PUBLICO COMPROMETIDO. En caso de ejercicio por parte de particulares de pretensiones o peticiones procesales cuyo objeto esté referido a cuestiones de preservación del medio ambiente e intereses difusos, el órgano judicial interviniente podrá, en caso de considerar comprometido el interés público provincial, poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes de la causa, a los fines de que éste pueda llevar adelante el cumplimiento de los cometidos que le han sido otorgados por la Constitución Provincial.

CAPITULO II


Convenios


Art. 60.- ALCANCES. El Ministerio Público desarrollará acciones, conductas y procedimientos especiales a los fines de la consecución de sus competencias, pudiendo para ello celebrar convenios con fines diversos: educativos, de prevención, de estimulación de la conciencia sobre las problemáticas sociales, sobre minoridad, sobre la prevención social del delito, así como toda actividad que resulte de interés público. Estos convenios podrán acordarse con organismos públicos nacionales o provinciales, con los municipios, con organizaciones de la sociedad civil tales como las Iglesias, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y demás entidades de bien público legalmente inscriptas, como también con universidades nacionales públicas o privadas legalmente reconocidas, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos detrás de los mismos objetivos y procurando alcanzar niveles razonables de eficacia y eficiencia institucional.

Art. 61.- REGLAMENTACION. La naturaleza, característica y fines de los convenios a que se refiere el artículo anterior serán objeto de reglamentación por parte del Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

CAPITULO III


Asistencia a la víctima y del testigo


Art. 62.- ASISTENCIA A LA VICTIMA. El Ministerio Público, atenderá y asesorará a las víctimas de delito, suministrándole la información que le posibilite ser asistido como tal por los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Tendrá competencia y facultades para:

1) Brindar asistencia y tratamiento inmediato e integral a la víctima, tanto en su persona como en sus derechos, evaluando el daño sufrido, incluido el daño social;

2) Orientarla y derivarla hacia los centros especializados de atención, sean públicos o de organismos no gubernamentales;

3) Procurar la cooperación nacional para la realización de programas de atención a la víctima;

4) Desarrollar acciones de divulgación sobre los derechos de las víctimas dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a los organismos estatales;

5) Promover y realizar investigaciones y estudios que permitan una más precisa comprensión de los elementos que componen el daño sufrido y permitan su cabal ponderación y asistencia.

Asimismo deberá velar por el cumplimiento de los derechos y de las garantías que se establecen para la víctima y del testigo.

Art. 63.- REQUERIMIENTO. A los fines del artículo anterior el Ministerio Público instrumentará una dependencia orientada en forma exclusiva a la asistencia a la víctima.

El Ministerio Público queda facultado para requerir de la autoridad administrativa o judicial la protección de quienes, por ser víctima de un delito o por colaborar con la administración de justicia como testigo o de cualquier otro modo, corran peligro de sufrir algún daño directa o indirectamente en su persona, en sus bienes o en los de su grupo familiar.

CAPITULO IV


Asesorías Jurídicas Itinerantes


Art. 64.- ASESORIAS JURIDICAS ITINERANTES. Las Asesorías Jurídicas Itinerantes, tendrán por misión prestar asesoramiento jurídico a las personas de escasos recursos que vivan alejadas de los lugares donde están asentadas las cabeceras de los departamentos judiciales. La tarea de los funcionarios que las conformen será la de atender a los ciudadanos orientándolos en lo necesario para la defensa de sus personas, sus derechos y el fiel cumplimiento de la ley y de las garantías constitucionales que les amparen. Su número será fijado por el Reglamento General.

Art. 65.- JERARQUIA. Las Asesorías Jurídicas Itinerantes estarán bajo la directa dependencia del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y ejecutarán las instrucciones que éste dicte en cumplimiento de las políticas fijadas para el área, además de los deberes que les imponga el Reglamento General.

Art. 66.- ASESORES JURIDICOS ITINERANTES. Los asesores jurídicos itinerantes son una rama de los funcionarios del Ministerio Público. Carecen de facultades para estar en juicio como miembros del Ministerio Público; en caso de resultar necesaria la iniciación de un litigio, la pretensión y la representación procesal será atribución del defensor oficial que corresponda. Tendrá competencia para autorizar la carga poder que las personas que atiendan otorguen a favor de los defensores oficiales que correspondan.

Art. 67.- ACTUACION. Las actuaciones que deba realizar el Ministerio Público en cumplimiento de sus atribuciones y deberes podrán ser llevadas a cabo por los fiscales, defensores y asesores de menores o por los profesionales auxiliares que sean designados al efecto. El Reglamento General fijará las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las cuales se desarrollarán aquellas atribuciones y deberes y los responsables de llevarlas a cabo.

CAPITULO V


Vías Alternativas de Resolución de Conflictos


Art. 68.- PROMOCION. A los fines de colaborar con la administración de justicia en el objetivo de instrumentar las herramientas que eviten la litigiosidad, el Ministerio Público propiciará y promoverá la utilización de todos los mecanismos de mediación, de conciliación y de toda otra vía alternativa a la judicial, que permitan la justa solución pacífica de los conflictos, en los términos de la Ley 7324.

Art. 69.- MEDIDAS. A tales fines podrá disponer todas las medidas conducentes, siendo competencia del Colegio de Gobierno fijar las políticas del área y celebrar convenios con toda institución u organismo gubernamental o no gubernamental que permita alcanzar los objetivos planteados.

TITULO VI


REGIMEN DISCIPLINARIO


Art. 70.- APLICACION. Los fiscales, defensores oficiales, asesores de incapaces, demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal quedarán sometidos al régimen disciplinario que establezca el Reglamento General con arreglo a las disposiciones de este Capítulo.

Art. 71.- CAUSALES DE SUMARIO. Previo ejercicio del derecho de defensa, podrán ser sancionados por las razones siguientes:

1) Incumplimiento de los deberes a su cargo.

2) Ejercer conductas contrarias a los reglamentos y disposiciones generales o particulares dictadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

3) Faltas u omisiones que atenten contra la eficacia de las tareas a su cargo y que se cometan en el desempeño de sus funciones.

4) Ejecutar conductas que atenten contra la autoridad, dignidad o decoro de los superiores jerárquicos, de sus iguales o de sus subordinados o del servicio.

Art. 72.- CONCURRENCIA. La instrucción de sumario o la sanción de las faltas enumeradas en el artículo anterior no obstan a la obligación de someter a quien las cometiere al correspondiente proceso penal si así correspondiere.

Art. 73.- SANCIONES. Las medidas disciplinarias consistirán en:

1) Prevención.

2) Apercibimiento.

3) Multa de hasta veinte por ciento (20%) de la remuneración del funcionario o empleado.

4) Suspensión sin goce de haberes, no mayor de treinta (30) días.

5) Cesantía.

6) Exoneración.

Art. 74.- AUTORIDAD DE APLICACION. Las sanciones de prevención, apercibimiento, multa y suspensión podrán ser aplicadas con relación a los funcionarios y empleados bajo su dependencia, por:

1) El Presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público;

2) El Procurador General, el Asesor General de Incapaces y el Defensor General, los fiscales ante la Corte y ante las Cámaras, los fiscales de primera instancia, los asesores de incapaces y defensores y por los funcionarios previstos en el Reglamento General.

Las sanciones de cesantía y exoneración sólo podrán ser aplicadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Art. 75.- PETICION A OTROS ORGANISMOS. Los órganos del Ministerio Público podrán solicitar de otros organismos se sancione a quienes de ellos dependan, cuando por acción u omisión esas personas dificulten o entorpezcan el cumplimiento de la misión impuesta al Ministerio Público.

Art. 76.- SUMARIO. Las sanciones de prevención y apercibimiento se aplicarán por resolución fundada, previo descargo del afectado.

Las demás sanciones requerirán sumario administrativo previo, que asegure el derecho de defensa y las normas del debido proceso.

En ningún caso podrá sustanciarse sumario por cesantía o exoneración a los fiscales, defensores y asesores de incapaces.

Art. 77.- RECURSOS. Las sanciones aplicadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público serán susceptibles del recurso de reconsideración que deberá ser interpuesto y fundado en el término de diez (10) días.

Las sanciones dispuestas por los otros órganos del Ministerio Público serán susceptibles del mismo recurso y con apelación en subsidio por ante el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, el que deberá ser interpuesto y fundado en el mismo término de diez (10) días.

Art. 78.- OTRAS. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el presente Título los fiscales, defensores oficiales y defensores de incapaces podrán:

1) Excluir de las audiencias celebradas en oficinas del Ministerio Público a quienes perturben indebidamente su desarrollo. Cuando se trate de audiencias judiciales se solicitará la exclusión al director del proceso;

2) Solicitar ante los Colegios Profesionales que corresponda la aplicación de medidas disciplinarias por falta de ética en el ejercicio de sus funciones.

TITULO VII


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


Art. 79.- DENOMINACION DEL MINISTERIO PUPILAR. A partir de la publicación de la presente Ley se denominará como Asesor de Incapaces a toda referencia al Ministerio Pupilar.

Art. 80.- COLEGIO DE GOBIERNO. Hasta que sean cubiertas las actuales vacantes de los miembros del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, sus facultades, atribuciones y deberes, serán ejercidas por el Procurador General de la Provincia conjuntamente con los Fiscales ante la Corte de Justicia, en la forma establecida por la Cláusula Transitoria Décimo Segunda de la Constitución Provincial.

Art. 81.- DESIGNACION. El Poder Ejecutivo designará en la forma prevista en la Constitución Provincial al Defensor General y al Asesor General de Incapaces.

Art. 82.- Derógase el Título IV de la Ley 5.642; la Ley 6.477 y toda otra legislación que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 83.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión del día treinta del mes de noviembre del año dos mil cuatro.





































































 
Firmantes
Dr. Manuel Santiago Godoy
Presidente
Cámara de Diputados - Salta
Carlos Daniel Porcelo - Senador Provincial
Vice - Presidente Segundo en Ejercicio de la Presidencia
Cámara de Senadores - Salta
Ramón R. Corregidor
Secretario Legislativ 
decreto_promulgacion Salta, 20 de Diciembre de 2004
DECRETO Nº 2948

Secretaría General de la Gobernación


Ref. Expte. Nº 91-11.999/04 Referente
VISTO el proyecto de ley sancionado por las Cámaras Legislativas, en sesión de fecha 30 de noviembre del corriente año, mediante el cual se aprueba la Ley Orgánica del Ministerio Público; y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría General de la Gobernación expresa que el Proyecto sancionado fue emitido conforme al Capítulo II, Tercera Parte, de la Sección Segunda de la Constitución Provincial, y se adecua a las previsiones de las Leyes Nº 7.262 Modificatoria del Código Procesal Penal; Nº 7.263 Orgánica de la Justicia Penal; Nº 7.301 Juez de Detenidos y Garantías; Nº 7.310 Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias; y Nº 7.324 Ley de Mediación, por lo que se encontraría en condiciones de ser promulgado;
Que, por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público; y la Asociación Civil de Magistrados/as y Funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, formalizan sendas presentaciones advirtiendo que de la lectura del artículo 16º del Proyecto podría interpretarse como una desigualdad en lo que a la retribución de los “demás miembros del Ministerio Público” se refiere, y en comparación con la que perciben los magistrados ante los cuales actúan.
Que si bien en el orden nacional y de la Provincia de Buenos Aires, se equipara sus remuneraciones, ello no implica igualdad en la función y debe tenerse en cuenta que, en el ámbito de nuestra provincia, rige actualmente una remuneración porcentual de la suma de los magistrados de la justicia, lo que tampoco implica necesariamente una desigualdad, ya que pueden recogerse argumentos en uno y otro sentido.
Que, sin embargo, no resulta conveniente que el texto de la Ley establezca un monto determinado del sueldo que el agente deba percibir, siendo pertinente dejar la decisión a la prudente apreciación del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, que será adoptada sobre la base de la evaluación concreta y actual de las ventajas y desventajas de su decisión y dentro del límite de las disponibilidades que resulten de las habilitaciones presupuestarias que tenga prefijadas;
Que en el caso, se estima pertinente, oportuno y conveniente, vetar parcialmente el artículo en cuestión del Proyecto en la frase “…al noventa por ciento (90%)…” y promulgarse la parte no observada, por tener ésta autonomía normativa y no afectar la unidad ni el sentido del mismo;
Que en virtud de las previsiones de los Arts. 131 y 144 inc. 11 de la Constitución de la Provincia corresponde la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento de los proyectos de ley vetados por el Poder Ejecutivo, cuando las Cámaras estuvieren en receso;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta


DECRETA:

Artículo 1º - Obsérvase en forma parcial el Proyecto de Ley sancionado por las Cámaras Legislativas en sesión realizada el 30 de noviembre corriente año, por el cual se aprueba la Ley Orgánica del Ministerio Público, conforme a lo establecido en los Artículos 131 y 144, inciso 4) de la Constitución Provincial y en el Artículo 11 de la Ley Nº 7.190, ingresado bajo Expediente Nº 91-11.999/04 Referente, en fecha 03/12/2004, como sigue:
Artículo 16: Vétase la frase “…al noventa por ciento (90%)…”
Art. 2º - Promúlgase el resto del articulado como Ley Nº 7328.
Art. 3º - Convócase a las Cámaras Legislativas a sesiones extraordinarias para el tratamiento del mismo por el plazo previsto en el Art. 131 de la Constitución Provincial.
Art. 4º - El presente decreto será refrendado por el señor Secretario General de la Gobernación.
Art. 5º - Comuníquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
ROMERO – David
 


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A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.