LEY N° 3382
DECLARACIóN JURADA DE BIENES DE EMPLEADOS PúBLICOS (TEXTO ORDENADO POR LEY 7.913 DIGESTO JURIDICO ACTUALIZADO HASTA 31/07/2015)

Publicado en el Boletín N° 5878, el día 22 de Abril de 1959.
Sancionada el día 03 de Abril de 1959.

LEY Nº 3382

Declaración de bienes

Artículo 1º.- Toda persona que desempeñe las funciones de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Ministro del Poder Ejecutivo, Magistrado Judicial, Legislador, Fiscal de Estado, Miembro del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, Secretario General de la Gobernación, Secretario y Subsecretario de Estado, está obligado a formular declaración jurada de sus bienes patrimoniales y de los de su cónyuge, siempre que no mediare separación judicial, como así también de los de sus hijos a su cargo, dentro de los treinta (30) días de asumir sus funciones, y del cese de las mismas. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 6547/1989).

Art. 2º.- Queda sometido a la misma obligación establecida en el artículo anterior toda persona que desempeñe el cargo de Intendente, Secretario Municipal, Concejal Municipal, Secretario de Concejo Deliberante, Juez de Faltas Municipales, Defensor del Pueblo Municipal, Auditor Municipal, Miembro del Tribunal de Cuentas Municipal, Presidentes, Directores, Gerentes, Jefes y Subjefes, Consejeros y Vocales de Reparticiones Centralizadas, Descentralizadas y Sociedades del Estado."
Modificado por Art. 1, Ley 8140
Antecedente Sustituido por el Art. 1 de la Ley 6547/1989).

Art. 3º.- Los aumentos o modificaciones patrimoniales, originados por cualquier causa, deben ser declarados con información circunstanciada.

Art. 4º.- Las modificaciones patrimoniales de los funcionarios y/o de sus familiares en el límite del artículo 1º, que formen parte de sociedades comerciales y ejerzan el comercio, pueden acreditarse con el balance general, inventario y/o cuadro de ganancias y pérdidas.

Art. 5º.- Los funcionarios comprendidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley están obligados a acreditar que sus aumentos patrimoniales provienen de las siguientes causas: a) De los emolumentos legales a su cargo; b) Del ejercicio de profesión, oficio o actividad lícita compatible con la función pública; c) Del aumento o acrecentamiento natural de los bienes que se tenían al asumir el cargo o que se adquieran durante su ejercicio y las rentas que produjeran esos mismo bienes; d) De herencia, legado o donación por causa extraña a la función acreditado por instrumento público; e) Del ejercicio de derechos legítimamente adquiridos; f) De hechos fortuitos, debidamente comprobados.

Art. 6º.- La omisión de la declaración, el ocultamiento de bienes las falsedades en la declaración efectuada y el enriquecimiento a través de interpósita persona, constituyen causas de remoción de los funcionarios de nombramiento directo y configuran grave inconducta de los funcionarios de origen electivo cuyo juzgamiento está a cargo de los órganos constitucionales competentes.

Derecho de defensa

Art. 7º.- En todo sumario que se instruya con motivo de esta ley se dará la intervención que corresponde al funcionario denunciado, a fin de asegurar su derecho de defensa.

Registro de bienes

Art. 8º.- Las declaraciones juradas de bienes serán registradas en la Escribanía de Gobierno, formándose con ellas un protocolo adicional que estará revestido de las mismas formalidades prescriptas por el Código Civil y leyes reglamentarias para las escrituras públicas. Las declaraciones juradas, sus modificaciones y ampliaciones, así como los informes o testimonios que se expidan, estarán exentos de sellado, impuestos y honorarios.

Art. 9º.- El Protocolo formado por las declaraciones juradas de bienes tendrá el carácter de público. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 6547/1989).

Actividades prohibidas

Art. 10.- queda prohibido a todo funcionario y empleado público realizar las actividades siguientes: a) Representar o patrocinar, directa o indirectamente, a particulares o asociaciones o entidades, tengan o no personería jurídica, para la obtención o prórroga de concesiones o franquicias de la administración pública provincial, municipal o nacional, o cualquier otro beneficio que importe un privilegio o para conseguir la anulación de actos de la administración o el pago de suma o entrega de bienes por efecto de la nulidad de tales actos; b) Formar parte o intervenir en la dirección o administración de empresas privadas o mixtas que tengan por objeto explotar concesiones o franquicias de la administración pública. c) Exceptúanse las funciones que se ejerciten en representación de éstas últimas. d) Representar a la Provincia en obras, licitaciones y demás contratos que coinciden con sus intereses privados.

Art. 11.- Los bienes que constituyen el enriquecimiento ilegitimo o su valor, cuando ellos hubieran salido del patrimonio del condenado, corresponderán, salvo los derechos de terceros no beneficiados en el delito, al Consejo General de Educación.

Disposiciones transitorias

Art. 12.- El Escribano de Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para que las personas comprendidas en la obligación de presentar declaración jurada, tomen conocimiento de esta ley, y eventualmente intimar el cumplimiento de la misma. Asimismo deberá hacer público los nombres de los funcionarios que debidamente intimados no hayan dado cumplimiento a esta norma. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 6547/1989).

Art. 13.- Los funcionarios comprendidos en esta Ley en ejercicio del cargo a la fecha de su promulgación, y que no lo hubieran estado ya por virtud de la Ley 3.382, deberán dar cumplimiento a lo prescripto en la misma dentro del plazo de quince (15) días hábiles. La declaración jurada estará referida a los bienes que poseían al hacerse cargo de sus funciones, haciendo constar las modificaciones patrimoniales, si las hubo, a la fecha de su presentación. (Incorporado por el Art. 2 de la Ley 6547/1989).

Art. 14.- El Escribano de Gobierno en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días deberá verificar quiénes no dieron cumplimiento a la obligación prevista en la Ley Nº 3382, en los diez (10) años anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, e intimarlos para que en el plazo de quince (15) días hábiles presenten la declaración jurada correspondiente, en cuyo caso no se hará efectiva la previsión que para los supuestos de omisión de la declaración, establece el artículo 6º. La declaración jurada, comprenderá los bienes que se poseían al asumir funciones y a la fecha de presentación de la declaración o en su caso cese en el cargo. (Incorporado por el Art. 2 de la Ley 6547/1989).


Ing. JOSE D. GUZMAN - N. Luciano Leavy - Rafael Delgado Bracamonte - Rafael Alberto Palacios