SALTA, 16 de Septiembre de 2019

DECRETO Nº 1317

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Expte. N° 22 -515.627/2014 y agregados.-

VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma TABES S.A., en contra de la Resolución N° 626/2017 de la Dirección General de Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la aludida resolución se rechazó el descargo interpuesto y dio por concluidas las actuaciones practicadas, determinando de oficio la deuda correspondiente a las posiciones 10/2013 a 05/2016 del Impuesto a las Actividades Económicas - Régimen Convenio Multilateral, cuyo monto asciende a la suma de Pesos cinco millones quinientos veintitrés mil seiscientos treinta y siete con 18/100 ($ 5.523.637,18), en concepto de impuesto más intereses calculados al 31/10/2017, de conformidad con lo establecido por el artículo 36 del Código Fiscal;

Que asimismo aplicó una multa equivalente al 50% del impuesto omitido a su vencimiento correspondiente a los períodos 11, 12/2013; 02 a 07, 11/2014; 03 a 06/2015; 08/2015 a 05/2016, por la suma de Pesos un millón seiscientos veinticinco mil setecientos dieciocho con 31/100 ($ 1.625.718,31), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 del Código Fiscal;

Que en el recurso jerárquico interpuesto a fojas 1773/1794 la contribuyente señaló que la resolución atacada es nula por violación al derecho de defensa al no haberse producido toda la prueba ofrecida por aquella;

Que sostuvo, se violó el debido proceso adjetivo por cuanto la administración no tiene, como los jueces, amplias facultades para decidir sobre la admisibilidad de una prueba;

Que indicó, que ninguna de las operaciones bajo fiscalización fue realizada con consumidores finales;

Que argumentó que el artículo 14 bis I de la Ley 6611 es inconstitucional al no admitir prueba en contrario en caso de que el contribuyente cuyas operaciones resultan exentas no actúe como agente de percepción;

Que adujo que la norma citada en el párrafo anterior no es aplicable a las actividades desarrolladas por la recurrente atento a que las ventas realizadas por ella a Tabacalera Noa S.A., Alta Fortaleza S.R.L., Tabacalera Sarandí S.A., Rolando Rivas S.R.L., T&H Tabacos S.A. y Enrique Lozano Sacifia fueron para la exportación, encontrándose eximidas (artículo 174 inciso k) del Código Fiscal);

Que manifestó que no se comprobaba perjuicio fiscal alguno, requisito que entiende fundamental para que el Fisco exija el cumplimiento de obligaciones tributarias a un agente de percepción o retención;

Que además, esgrimió como defensa que las diferencias en la base imponible sobre la cual el Fisco determina la deuda son inexistentes;

Que por último, arguyó la improcedencia de la multa aplicada por inexistencia de los elementos objetivo y subjetivo;

Que analizados los argumentos expresados por la recurrente, corresponde advertir que los mismos no resultan idóneos para rebatir los fundamentos de la Resolución N° 626/2017, pues, de su lectura, surge que la decisión adoptada en ella se efectuó conforme con las disposiciones del Código Fiscal, la Ley Impositiva y las constancias de las actuaciones;

Que en efecto, de conformidad con la corrida de vista agregada a fojas 1599/1601, el Organismo Fiscal aplicó el procedimiento de determinación de oficio utilizando la metodología sobre base presunta. Tal procedimiento se ajustó a las pautas establecidas en el Código Fiscal;

Que en ese marco, el artículo 31 del Código Fiscal establece que, cuando el contribuyente no hubiese presentado la declaración jurada o ella resulte inexacta, por ser falsos o erróneos los hechos consignados o por errónea aplicación de las normas tributarias vigentes, la Dirección General de Rentas determinará de oficio la obligación fiscal, ya sea en forma cierta o presuntiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del citado cuerpo legal;

Que por su parte, la jurisprudencia ha sostenido que “…los métodos presuntivos, son alternativas válidas que habilita la ley en favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos, en aquellos casos, en que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Amas, María Martha; Amas, Miguel Jorge y Rodríguez, Nélida A. Soc. de Hecho”, fallo del 15 de marzo de 2003, Thomson Reuters online y T.F.N., sala B, “Dadea, Marta Elisa s/apelación, sentencia del 22 de diciembre de 1983);

Que en consecuencia, la Administración Tributaria procedió a determinar de oficio la deuda mediante el dictado de la Resolución N° 626/2017, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal y de la Ley Impositiva N° 6611;

Que resulta oportuno señalar que en el caso no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que para que ello ocurra es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión (Tribunal Fiscal de la Nación, “Montanari, José Carlos s/ recurso de apelación”, 30 de marzo de 2012), situación que no se verificó en la especie, pues de las constancias de las actuaciones, surge que la recurrente tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y aportar todos aquellos elementos de prueba pertinentes en resguardo de sus derechos, contando para ello, con los plazos legales que le fueron otorgados a tal fin;

Que en este sentido, viene al caso recordar, que las nulidades requieren para su procedencia la configuración de un perjuicio concreto ya que es postulado esencial que la nulidad no se declara por la nulidad misma (Cfr. Fallo CJS Tomo: 141:423 y sus citas);

Que por ese motivo, ninguna nulidad puede tener un fin en sí misma y esta grave sanción debe obedecer siempre a la existencia de un interés, lo cual supone la violación de una formalidad legal y la demostración de que mediante ella la parte experimenta un perjuicio (Cfr. Fallo CJS 114:987);

Que siendo ello así, se advierte que en sub lite no se ha violentado el derecho constitucional de defensa en juicio y tampoco la garantía del debido proceso, pues la recurrente ha tomado conocimiento de todos los actos administrativos verificando su intervención y participación en todas las etapas de los procedimientos cumplidos;

Que además, la Dirección General de Rentas, al dictar sus actos no está obligada a valorar toda la prueba ofrecida por la administrada, sino aquella que resulte conducente o pertinente al caso, en tanto “…la Administración puede oponerse a la prueba de los hechos inconducentes, no pertinentes o irrelevantes” (Hutchinson, Tomás, “Ley nacional de procedimientos administrativos”, T. 2, pág. 191, Ed. Astrea, Bs. As. 1998);

Que en consecuencia, el procedimiento realizado en autos se ha llevada a cabo con estricto cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa; motivo por el cual corresponde rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente;

Que en relación al agravio vinculado a la inexistencia de operaciones realizadas con consumidores finales, cabe decir que la Dirección General de Rentas constató que la recurrente desarrolló la actividad “preparación de hojas de tabaco”, tributando por los periodos 02 y 03/2014 con alícuota reducida, del 1,8%, y sin tributar en absoluto en las posiciones 04, 05 y 07 a 11/2014; 01/2015 a 05/2016 por considerar -la contribuyente- exenta dicha actividad, en los términos del artículo 174 inciso w) del Código Fiscal;

Que en ello, sin actuar como agente de percepción, tal como fuera reconocido por la firma contribuyente a fojas 1782 y 1786;

Que así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 bis I de la Ley N° 6611 y modificatorias, la Dirección General de Rentas consideró, con toda razonabilidad y sin admitir prueba en contrario, que las ventas u operaciones habían sido realizadas con consumidores finales y correspondía tributar el impuesto aplicando la alícuota general fijada en el artículo 12 de dicha ley (3,0% hasta el 12/2013 y 3,6% desde el 01/2014 hasta el 05/2016) y no la establecida en el artículo 13 II a) de dicha norma impositiva;

Que en consecuencia, en contraposición con lo expuesto por la contribuyente, la alícuota utilizada por aquella durante los períodos fiscalizados es incorrecta, resultando, asimismo, procedente la base imponible utilizada por la Administración Tributaria para la determinación del impuesto omitido;

Que por otra parte, respecto de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 bis I de la Ley N° 6611, resulta necesario advertir que, además de la improcedencia del planteo, el procedimiento elegido no es la vía idónea para lograr su declaración, por lo que la recurrente debería, a esos fines, ocurrir por la vía y forma que corresponda. Ello, sin perjuicio de señalar que, los planteos efectuados acerca de la presunta inconstitucionalidad de leyes o decretos tienen su ámbito específico en la acción del artículo 92 de la Constitución Provincial, o eventualmente en la acción prevista en el artículo 704 del Código Procesal Civil y Comercial;

Que así, las disposiciones del Código Fiscal y la Ley Impositiva deben ser aplicadas, en tanto el Poder Ejecutivo Provincial carece de competencia constitucional para conocer de planteos sobre la inconstitucionalidad de las normas dictadas por la Legislatura. Ello determina que el sistema de recursos y reclamos previsto para los procedimientos administrativos no pueda ser utilizado para atacar actos de naturaleza legislativa (Tal como lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes 211:171), como lo son las leyes dictadas por el Poder Legislativo y los reglamentos de necesidad y urgencia;

Que en consecuencia, el planteo es improcedente en sede administrativa y corresponde desecharlo, pues la eventual decisión acerca de la inconstitucionalidad de leyes o decretos corresponde a los jueces;

Que con respecto al agravio sobre la inaplicabilidad del artículo 14 bis I de la Ley Impositiva en relación con las operaciones que Tabes S.A. realizó con las firmas Tabacalera Noa S.A., Alta Fortaleza S.R.L., Tabacalera Sarandí S.A., Rolando Rivas S.R.L., T&H Tabacos S.A. y Enrique Lozano Sacifia por encontrarse las mismas eximidas del pago del Impuesto a las Actividades Económicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 inciso k) del Código Fiscal, -según lo manifestó la recurrente-, constituyen meras afirmaciones de parte que no se corresponden con la realidad plasmada en la documentación obrante en autos;

Que ello, por cuanto en autos no ha quedado probado que las firmas comerciales denunciadas por la recurrente cuenten con la constancia de exención del impuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 bis en el Código Fiscal y la Resolución General N° 24/2013 de la Dirección General de Rentas;

Que al respecto, cabe decir que dicha Resolución General, reglamentaria del artículo 174 bis del Código Fiscal, expresó en uno de sus considerandos que: “(…) se debe poner de relieve que para emitir la resolución o constancia de exención, la Administración necesariamente emite un juicio por el que, precisamente, verifica si el contribuyente ha cumplimentado con todos los requisitos exigidos por el legislador para gozar de la franquicia en el Impuesto a las Actividades Económicas, por lo que se trata de un acto administrativo firme que surte efectos a favor de la entidad exenta y frente a terceros, por lo que su existencia resulta fundamental”. Allí mismo indicó que: “… la resolución o constancia de exención es un acto administrativo, que puede ser revocado por la propia administración, pues la franquicia es un beneficio o derecho condicionado al cumplimiento y mantenimiento en el tiempo de las previsiones legalmente establecidas…” y que “… la Administración debe verificar en todos los casos previstos en el artículo 174º del Código Fiscal, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 174º Bis, la franquicia no opera automáticamente, sino que debe ser solicitada por el beneficiario”;

Que lo expuesto implica que si las empresas consignadas por la contribuyente no solicitaron la emisión de la constancia de exención o mantenía deuda exigible al momento de dicha solicitud, no podrían gozar de los beneficios previstos en el artículo 174 del Código Fiscal, sin que ello importe arrogarse facultades delegadas por la provincia al Congreso de la Nación o que impliquen la creación de tributos que sean de su exclusiva competencia, como argumenta la impugnante;

Que asimismo, la Resolución General N° 24/2013 y modificaciones, en su artículo 5 dispone que los contribuyentes cuya actividad encuadre en la prevista en el inciso k) del artículo 174 del Código Fiscal (las exportaciones) deberán solicitar anualmente su constancia de exención impositiva, todo lo cual se reitera, no se haya acreditado en autos;

Que por tal motivo, corresponde el rechazo de la inaplicabilidad del artículo 14 bis de la Ley N° 6611 y la alegada inexistencia de perjuicio al Fisco, basada en la supuesta exención impositiva de la que gozarían ciertos compradores de Tabes S.A.;

Que con relación a la infracción en la cual incurrió la recurrente, consiste en las diferencias detectadas en el pago del Impuesto a las Actividades Económicas - Régimen Convenio Multilateral, quedó consumada, en su faz material u objetiva, en el momento preciso de presentación de posiciones diferenciadas, por lo que corresponde el rechazo de los agravios expuestos en sentido contrario;

Que además, en orden al elemento subjetivo del tipo de transgresión de que se trata, debe señalarse que si bien en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Cfr. CSJN, Fallos, 271:297;303:1548;312:149),no lo es menos que, probado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Cfr. CSJN, Fallos, 316:1313; 320:2271);

Que en el supuesto bajo examen, ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 38 del Código Fiscal, sin que la contribuyente hubiera alegado concretamente, ni mucho menos acreditado, la existencia de una excusa admitida por la legislación vigente, que le resulte aplicable;

Que en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “…la aplicación de una sanción administrativa - disciplinaria o represiva - tiene como finalidad restaurar el orden jurídico infringido, ya que para su cometido es necesario herir al infractor en su patrimonio y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario…” (C.fr. CSJN, “Nueva Chevallier S.A. c/ Ministerio de Trabajo s/ queja”, sentencia del 11 de agosto de 2015, Thomson Reuters online);

Que por lo expuesto, habiendo quedado acreditada la conducta infraccional, corresponde rechazar el agravio esbozado en sentido concreto, y confirmar la sanción de multa aplicada a la firma recurrente, de conformidad con el artículo 38 del Código Fiscal;

Que Fiscalía de Estado ha tomado la intervención correspondiente habiendo emitido Dictamen N° 335/2019;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma TABES S.A., en contra de la Resolución N° 626/2017 de la Dirección General de Rentas, en virtud de lo expuesto precedentemente.-

ARTÍCULO 2º.-El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 3º.-Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

URTUBEY - Montero Sadir - Simón Padrós