DECRETO LEY Nº 8/74
Este decreto ley se sancionó el día de 21 de diciembre de 1974.
Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 9.668, del 22 de enero de 1975.
Ministerio de Economía
El Interventor Federal de la Provincia en acuerdo general de
Ministros sanciona y promulga con fuerza de
LEY
Artículo. 1º.- Adhiérese la provincia de Salta al régimen establecido por la Ley Nacional número
13.577 (t.o por Ley 20.324) y acuérdase a las municipalidades de la Provincia la facultad de acogerse
al mismo en cada caso particular.
Art. 2º.- Elévese para su aprobación al Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Mosquera - Arias Figueroa - Rallé
Ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación
LEY N° 13.577 (2)
Sanción: 29/09/1949.Promulgación: 20/10/1949.
Institución
Art. 1° — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una
institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la
presente ley, conservando su actual denominación.
Objeto de la institución
Art. 2° — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y
explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y
pueblos de la República, y la exploración, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas.
El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a
establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios
para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto, que persigan el mismo objeto.
Organización, atribuciones, deberes y autoridades
Art. 3° — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía
que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia
necesaria para el debido contralor de su funcionamiento y podrá intervenirla cuando las exigencias del
buen servicio lo hicieran indispensables.
La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que
correspondan a la Contaduría General de la Nación y por la Ley de Contabilidad y demás vigentes,
salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.
Art. 4° — Para el cumplimiento de los fines consignados en el art. 2°, la Administración General de
Obras Sanitarias de la Nación tendrá las siguientes facultades:
a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas
por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea
como demandante o demandada, y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales y adoptar
las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a
las disposiciones de la presente ley, a las reglamentaciones en vigor a que en lo sucesivo aprueba el
Poder Ejecutivo;
b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, aceptar donaciones,
celebrar contratos para la adquisición de materiales, ejecución de obras y prestación de servicios con
licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la institución, así como el
plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder
Ejecutivo Nacional;
d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la
institución;
e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al
acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país al régimen de la presente ley,
Art. 5° — Será dirigida por un Consejo de Administración presidido por un administrador general e
integrado por los directores generales; técnico, de explotación comercial, de finanzas y contabilidad,
de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo.
Los directores generales, técnico y de explotación comercial reemplazarán en este orden al
administrador general, en caso de vacancia o ausencia o imposibilidad temporaria del titular.
Art. 6° — Corresponde al Consejo de Administración la resolución de los siguientes asuntos:
a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos y dé la memoria anual;
b) Aprobación de proyectos y presupuesto de obras y determinación de la oportunidad y forma, por
administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y
ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etc., y
su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos y todo lo concerniente al
cumplimiento de los contratos emergentes en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos
moneda nacional (pesos 20.000 m/n);
d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder
Ejecutivo;
f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;
g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
j) Celebración de arreglos judiciales o extrajudiciales y transacciones;
k) Aceptar donaciones;
1) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el presidente.
Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes,
teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador general estuviera
en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el
que resolverá en definitiva.
Art. 7° — El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su
representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el
Consejo de Administración.
Art. 8° — El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la
administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas
establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.
Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención
Art. 9° — Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, desde su promulgación en la Capital
Federal, territorios nacionales y poblaciones de provincias en las cuales Obras Sanitarias de la Nación
presta ya los servicios a que se refiere el art. 2°
Art. 10 — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la
presente ley se producirá mediante el siguiente procedimiento: Las legislaturas sancionarán leyes que
declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades
respectivas la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de
voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que haga sus veces, en caso de que no existiera
organismo comunal con facultades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por decreto el
acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las
disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.
Art. 11 — Transcurrido el término de tres años, a contar de la fecha del acto que declare su
acogimiento a la presente ley, sin que se hubiere dado comienzo a la ejecución de las obras la
municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente
y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.
Si el proyecto de las obras estuviera ya confeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la
construcción de las obras.
Art. 12 — Cumplida la tramitación prescripta en el artículo 10, la Administración General de Obras
Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado
en la forma que establece el artículo 6°.
Art. 13 — Mientras las obras construidas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o
municipales en virtud de lo que establecen los artículos. 48 y 50, la Administración General de Obras
Sanitarias de la Nación ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen
servicio haga necesarias.
Art. 14 — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de presente ley, no
podrán otorgarse en los mismos, concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y
desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales pero en
las localidades donde ya exista una concesión particular, podrá convenirse la subsistencia de la misma
contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción
se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.
Régimen financiero
Art. 15 — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de
la institución, se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad con la intervención pertinente
de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el presidente
presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.
Art. 16 — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos
en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o
a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos da la deuda pública de la Nación, con intervención
del Ministerio de Hacienda, o el de Finanzas, siempre que la operación resulte conveniente para evitar
pérdidas de intereses.
Art. 17 — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general
aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorizaciones del
Poder Ejecutivo en cada caso.
Art. 18 — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y
ampliación, de las obras, créase un crédito global de $ 200.000.000 moneda nacional por año, que se
considerará incluido en las Leyes 12.576 y 12.815 (1), para ser atendido con el producido de la
emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes
anuales que se produzcan.
El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un
plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la
Nación, la suma a invertir en el ejercicio. Una vez aprobado, la Administración de Obras Sanitarias de
la Nación quedará facultada para contratar la construcción de las obras y adquisición de materiales y
elementos destinados a las mismas con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de
obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá contratar la
ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el ejercicio,
cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos
correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrán invertir anualmente la cantidad fijada en el
plan de trabajos.
Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la
Nación, se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la
forma que más adelante se dispone.
Art. 19 — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de
explotación y servicios financieros de las obras construidas en la Capital Federal y en las ciudades y
pueblos de provincias y territorios nacionales con los siguientes recursos:
a) Los provenientes de las transferencias que efectúe la Dirección Inmobiliaria Nacional con arreglo a
la Ley N° 12.922 (2) o las que los complementaren o substituyesen;
b) La recaudación por otros conceptos en la Capital Federal, y por todos los servicios prestados en
localidades del interior de acuerdo con las tarifas que fijará el Poder Ejecutivo Nacional, inclusive los
derechos de oficina que establezcan las reglamentaciones pertinentes;
c) El importe de las multas y recargos que sean de aplicación de acuerdo con la presente ley y con los
reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
d) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación, como
compensación por tarifas de fomento o servicios gratuitos en las localidades a que se refiere el artículo
51;
e) Las donaciones y legados.
Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de
explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales con carácter de contribución
no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la
Nación, de los servicios financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos.
En el presupuesto general de gastos de la Nación, se incluirán las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones precedentes.
Art. 20 — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la
construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de pesos 448.058.215,89 al 31 de diciembre
de 1939, por Decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, y las que con el mismo fin ha recibido
con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al menor nominal de los títulos de
la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de
una cuota del 2, % anual no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1° de
enero del año siguiente al de su entrega.
Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a
computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos
capitales sólo devengarán intereses.
Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el
gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para
costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la
cuenta global que se crea por el art. 18, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que
se refiere el artículo 48.
Art. 21 — Si en el ejercicio de un año la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación
alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuenta de reintegro, el
excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación,
ampliación y- mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el
plan correspondiente.
Régimen de explotación
Art. 22 — Si el 1° de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y
recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o el Poder Ejecutivo no
hubiera acordado la autorización prevista en el artículo 16 de la Ley 12.961 (1) se considerará
prorrogado el vigente para el año anterior.
Art. 23 — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el
artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada
para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la
explotación de los servicios con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.
Art. 24 — En todos los distritos con obras en construcción o explotación, regirán los reglamentos y
disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder
Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, como así también las
disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Las
modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder
Ejecutivo Nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cada una en la
esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de
aplicación en ellos.
Art. 25 — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación las
empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo o
subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las
obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen
obligados a soportarlos, porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción
de las instalaciones de la Administración General de la Nación será costeada por quienes la soliciten.
Art. 26 — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal será obligatorio para todo inmueble
habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y
las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser
habitables por personas se utilicen para estabular.
Art. 27 — Las obras domiciliarias externas serán construidas por la Administración Gral. de Obras
Públicas de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la
citada repartición, salvo las excepciones que establezca la reglamentación.
Art. 28 — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe
cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones. Los trabajos se ejecutarán con intervención y
aprobación de la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados
para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones tendrán acceso a los
inmuebles con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el
administrador general o el jefe del distrito local pedirá el auxilio de la fuerza pública, el que será
acordado por las autoridades policiales.
Art. 29 — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación
de pozos a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración Gral. de Obras Sanitarias
de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a 500 metros de cualquier fuente de
provisión de agua.
Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser
cegados bajo la inspección de la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, una vez
habilitada la provisión de agua. La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación podrá
autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la
alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas.
Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser
cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.
Art.30 — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 28 y 29, la
Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los
pozos y a construir o reparar las obras internas así como a reconstruirlas si hubieran sido mal
ejecutadas por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será
prestado en la forma prevista en el artículo 25.
Art. 31 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación está autorizada a tomar las
medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las
ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la contaminación directa o indirecta’ de
las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada para disponer la clausura de los
establecimientos industriales cuyos dueños no dieran cumplimiento a las disposiciones que ordene.
Art. 32 — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del
vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta
servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.
Art. 33 — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas están
previstos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso
del agua para riego, o para las industrias que no elaboran artículos alimenticios, ni el desagüe de
establecimientos industriales.
Art. 34 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación queda facultada para imponer
penas pecuniarias que no excedan de $ 1.000 a los propietarios que no cumplan con las obligaciones
establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras
domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de $ 10.000, en caso de establecimientos industriales.
Los importes recaudados por la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de
multas, se incorporarán a su renta, como compensación de los gastos que originen las funciones de
inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.
Art. 35 — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aún cuando carezca de
instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las
tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.
Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y
modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 36 —Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los
municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas.
Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las
instalaciones domiciliarias.
Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles,
plazas y paseos públicos, con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 37 — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades,
estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los
servicios de agua y de desagües cloacales cuando carezcan de las conexiones respectivas.
Art. 38 — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la
Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época
establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo
del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 por
ciento sobre su importe. Los valores correspondientes al servicio de agua para construcción, en lugar
del recargo progresivo anterior, sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.
Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores
gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.
Los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a
inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.
Art. 39 — Los inmuebles en los cuales la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación
hubiere construido obras, conforme se establece en el artículo 46, por cuenta de los propietarios, y los
que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley,
quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras
mencionadas, tendrá el privilegio establecido en el artículo 3931 del Código Civil; el correspondiente
al servicio y sus recargos tendrán el establecido en los artículos 3879, inciso 2°, y 3880, inciso 5° del
mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la
prestación de los servicios, respectivamente.
Art. 40 — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de
ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de
derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación un
certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se
trate. Dicho certificado tendrá una validez de quince días contados desde la fecha de su expedición.
Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escrituración, así
como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio, según lo que se establece a
continuación.
Art. 41 — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en
el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda
clase de escrituras dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.
Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo con el art. 46, la
Administración Gral, de Obras Sanitarias de la Nación podrá, previa solicitud de los interesados,
autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de
transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.
Art. 42 — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y Territorios nacionales, y los de las
provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales, sin- la constancia,
en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la
Administración Gral, de Obras Sanitarias de la Nación o de haberse aceptado la substitución del
deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras
construidas conforme al art. 46. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción
de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran
tales derechos.
Art. 43 — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales será juez competente para
entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con
la presente ley, el juez Federal de sección o el juez letrado de territorio que corresponda.
La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe,
intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.
Art. 44 — El cobro de las cuentas se hará por vía de apremio que establece la ley nacional de
procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración Gral. de
Obras Sanitarias de la Nación, designando a los inmuebles deudores, y expresando la deuda que
resulte de sus libros.
En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del
título, falta de personería y defensa de falta de acción, debiendo probarse la primera con los
correspondientes recibos de pago.
No procederá en él la obligación de afianzar las resultas de juicios ordinarios.
Art. 45 — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración Gral. de
Obras Sanitarias de la Nación, estarán, exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de
mejoras, y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias,
sus municipalidades y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Régimen de construcción de obras domiciliarias ron beneficio de su pago por cuotas mensuales
Art. 46 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras
domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios,
quienes las abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales, incluyendo intereses del 5 % anual
capitalizado semestralmente.
Art. 47 — Por los fondos suministrados o que se suministren en adelante a la Administración Gral. de
Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias a plazos, no se computará la
cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten
innecesarios. En concepto de intereses, la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación
liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.
Régimen de. rescate de las obras
Art. 48 — Una vez reintegrado el costo de las obras construidas en localidades del interior, la
Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades
locales respectivas a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la explotación de los
servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la
presente ley.
A los fines del presente artículo, la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, llevará
cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad, acreditará en ella los
productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que efectúen las autoridades locales y
debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de
las obras construidas cuando los superávit anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los
capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran
producido.
La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación enviará a pedido de parte, a cada provincia
y municipalidad interesada, el balance’ correspondiente al estado de la cuenta expresada.
Art. 49— No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los servicios
correspondientes a localidades que tengan obras comunes con las de la Capital Federal, o que
comprendan en una sola unidad técnica distritos ubicados en un territorio Federal y una provincia, o
en dos provincias, o en un punto cualquiera del territorio nacional y en un Estado extranjero.
Art. 50 — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos,
constituyan por sus características un solo sistema, y no estén comprendidos en ninguno de los casos
previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el coto del
conjunto de las obras que formen ese sistema.
Régimen de construcción de obras de carácter reducido
Art. 51 - En las localidades en las cuales por su escasa población o por falta de capacidad contributiva
o por otras razones económicas, resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario, de
provisión de agua potable, la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un
servicio provisional, a base da surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes, para la
provisión gratuita de agua a los habitantes de la localidad y podrá destinar el excedente de líquido que
se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.
En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o
económico y cuando el caudal de agua lo permita, la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la
Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados establecimientos,
cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.
Art. 52 — Si realizadas perforaciones el agua que se obtenga no resultare apta para el consumo
humano, pero sí para otros usos domésticos o para abrevar hacienda, las instalaciones serán entregadas
a la Dirección Gral. de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.
Cláusulas especiales
Art. 53 — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las lo calidades del
interior del país, la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número
de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento del
Ministerio de Salud Pública.
Art. 54 — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente
potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la
Dirección Gral. de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su
explotación corresponderá a la Administración Gral, de Obras Sanitarias de la Nación.
Art. 55 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras
reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referéndum del Poder
Ejecutivo Nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua
potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente
necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etc., quedando a cargo de las
reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las
obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.
Art. 56 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de todo derecho de
aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier
otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de
sus obras y servicios.
Art. 57 — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados
con la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en
garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.
Art. 58 — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y
las fuentes de provisión de agua, que sean necesarias para la ejecución de las obras que se construyan
o amplíen en virtud de esta ley, en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración
Gral. de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la
materia.
Art. 59 — En el caso de acogimiento de acuerdo al artículo 10, las provincias y municipalidades
entregarán a la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, libre de todo cargo o
gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y
constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las
obras.
Art. 60 — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración Gral. Obras Sanitarias de la
Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras
previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos
municipales de la Capital Federal.
Art. 61 — La Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades
locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los
recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad
provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones, que sirvan a las
ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.
En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser
entregadas por sus autoridades sin cargo y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito
a formarse para la explotación de las mismas; sin embargo, ambas partes podrán convenir que Obras
Sanitarias de la Nación se haga cargo de la deuda que hubiere contraído la autoridad local para
construir las instalaciones que se transfieren, siempre que se trate de deuda no amortizada y que su
monto no sea superior al valor físico de utilización de tales instalaciones que se determinará en la
forma establecida en el apartado siguiente.
Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración Gral. de
Obras Sanitarias de la Nación, abonará por las mismas su valor físico de utilización, siempre que él
sea inferior al costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se
hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los
excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del
capital invertido. En caso de que el costo de origen determinado en esa forma, sea inferior al del valor
físico de utilización, sólo se abonará el importe de aquella determinación.
Entiéndese por valor físico de utilización, el valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias
disminuido por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no
sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración Gral. de Obras Sanitarias de
la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la
aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.
Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba
invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada,
en cuanto exceda al valor físico de utilización.
Art. 62 — Serán conservadas en poder de la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación
las usinas construidas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica
a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas con iguales fines, cuando no existan en las
localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento.
En aquellos casos en que exista la posibilidad de una utilización de la energía que emana de sus
instalaciones especificas, las instalaciones energéticas podrán ser proyectadas y realizadas por la
Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación. El sobrante de la energía generada, después de
satisfechas las necesidades propias, podrá ser enajenado, debiendo hacerlo con preferencia o
exclusividad, según los casos, a la Dirección Gral. de Agua y Energía Eléctrica.
Art. 63 — En los Territorios nacionales, toda fundación de nuevos centros de población quedará
supeditada al dictamen favorable de la Administración Gral, de Obras Sanitarias de la Nación sobre la
posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.
Art. 64 — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a
la presente ley, y, en particular, el artículo 172 de la Ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto, edición 1943.
Disposición de emergencia
Art. 65 — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la Ley
8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación, o por
Administración Nacional del Agua, con respecto a los servicios y obras que competen específicamente
a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por autoridades y funcionarios que en virtud de
decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas autoridades y funcionarios por inobservancia
de otras leyes o reglamentos.
Art. 66 — Comuníquese, etc.